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2017: en busca de un norte para la reconstrucción tras El Niño

2017: en busca de un norte para la reconstrucción tras El Niño

Este 2017, nueve meses después de El Niño costero, y a pocas semanas del inicio de una nueva temporada de lluvias, la reconstrucción en el norte muestra claroscuros. Hay avances en la entrega de los fondos, pero se percibe un retraso en la adjudicación y ejecución de obras. Esto ha generado recientes protestas en localidades de Piura, como Paita y Catacaos.

Al clamor ciudadano se suman las alertas emitidas por la Contraloría General de la República. Entre estas figuran riesgos de sobrecostos y errores en la elaboración de expedientes de obras de rehabilitación de pistas en Trujillo, así como dificultades para el cumplimiento del plazo de descolmatación de los ríos Piura, Chira o Casma.

—En detalle—

La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) ha transferido a la fecha casi S/1.500 millones para intervenciones en zonas afectadas; diversos ministerios y los gobiernos subnacionales de las regiones afectadas aportaron a ese fondo otros S/531 millones.

En estadística actualizada al 15 de diciembre, de ese total se han adjudicado 305 proyectos por S/1.404 millones en las 13 regiones afectadas. La lista la encabeza Piura, que tiene el 58% de este monto.

La mayor parte de las obras que ya han sido adjudicadas están destinadas a rehabilitar o reconstruir infraestructura agrícola (S/925 millones) y de transporte (S/233 millones).

Cerca del 74% del monto adjudicado está a cargo de los ministerios, mientras que un 25% está a cargo de los gobiernos regionales y solo un 1% a las municipalidades. En paralelo, según el Banco Central de Reserva, a noviembre se habían ejecutado solo S/399 millones, cifra equivalente al 1,5% del monto total asignado a la reconstrucción (S/25 mil millones).

—El reto mayor—

¿Es suficiente lo avanzado a la fecha? Para Omar Narrea, profesor de la Maestría en Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, el monto licitado hasta ahora es una cifra realista de la capacidad del Estado. “El total de la reconstrucción sobrepasa la memoria institucional de ejecución del sector público. Solo este monto representa casi la mitad del gasto anual de inversión pública de todos los niveles de gobierno”, explica.

Narrea considera que el verdadero reto estará en la conclusión de las inversiones en los plazos adecuados.

—Medidas a adoptar—

Ocho meses después de haber sido creada, la ARCC –ahora al mando del economista Edgar Quispe– ha replanteado el enfoque adoptado por su predecesor, Pablo de la Flor, y priorizará las coordinaciones con las unidades ejecutoras de los gobiernos regionales y municipalidades.

En octubre, De la Flor dijo en una entrevista a El Comercio que los gobiernos subnacionales tenían “brechas e incapacidades que dificultan en avance de la reconstrucción”.

Ante esto, proponía la creación de una unidad ejecutora que asumiera el control de las obras con retrasos. “Si ellos no pueden hacerlo, lo haremos nosotros”, sentenció el ex funcionario. Renunció pocos días después.

Epifanio Baca, investigadorde Grupo Propuesta Ciudadana, considera que la ARCC debería retomar dicha iniciativa. “Los gobiernos subnacionales no tienen la capacidad de ejecutar las obras con la rapidez y eficacia que se requiere. No pueden asumir una mayor carga de gastos de la que hoy manejan”, opina.

Para Narrea, en cambio, la coordinación estrecha debe partir tanto a nivel técnico como político. “La experiencia de un equipo que ejecute o brinde apoyo a municipalidades con poca capacidad es buena, pero no se ha dado en el país. Deberían establecerse reuniones periódicas entre el Ejecutivo y gobiernos locales que ejecutan fondos para la reconstrucción”, concluye.

Si bien la ARCC señala que la inversión total debe concretarse en los próximos 3 años, ambos analistas consultados concuerdan en que el proceso tomará más tiempo. Los S/7 mil millones que se tiene calculado invertir en el 2018 para obras de reconstrucción en las localidades afectadas equivalen al gasto de inversión de todas las municipalidades provinciales y distritales del país.

Baca incide en que debe tomarse en cuenta que, tras las elecciones municipales del 2018, se instalarán nuevos equipos técnicos, lo cual podría retrasar las obras.

Fuente El Comercio

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