Así se contrató y adquirió, con múltiples irregularidades, armamentos militares y elementos logísticos para las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP) que le costaron al país S/ 8 mil millones, y en el que tuvo principal responsabilidad el expresidente Ollanta Humala Tasso y sus ministros de Defensa, para quienes se solicitan las respectivas acusaciones constitucionales, además de las investigaciones fiscales correspondientes.

El informe de la Comisión de Defensa del Congreso con respecto a las contrataciones y adquisiciones militares y policiales durante el 2011 al 2016, determinó las responsabilidades de los funcionarios públicos en los irregulares procesos de adquisición del sistema satelital, de 20 aviones KT-1P, de los 24 helicópteros de ala rotatoria y de los 2 aviones de transporte Spartan.

Asimismo, del proceso de adquisición de los patrulleros inteligentes y de helicópteros multipropósito marítimo.

Satélite

La investigación del grupo congresal determinó que el expresidente 0llanta Humala conocía  las acciones de la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial – Conida, para la compra del sistema satelital ya que, al inicio de su gobierno, se modificó el objeto del Proyecto de Inversión Pública PIP N° 21918 relacionado con la implementación y desarrollo del Centro Nacional de Operaciones de Imágenes Satelitales a cargo de la referida institución, el cual consistía en un centro de recepción de imágenes satelitales ópticas y de radar, contando con un presupuesto inicial de S/ 23’467,454.00.

Entre los años 2011 y 2013 se incrementó dicho monto llegando a un total de S/ 554’468,837 sin contar con los requerimientos actualizados de Conida, ni con la normatividad necesaria para que dicha entidad se encargue de todo el proceso de compra.

Humala Tasso aseguró que se trataba de una compra de gobierno a gobierno, lo cual no era cierto dado que el gobierno francés no asume responsabilidad alguna al haber cedido sus derechos y obligaciones a la empresa francesa Airbus Defense and Space.

Según la investigación, el exministro de Defensa, Jakke Valakivi Álvarez, reconoció que el exmandatario le pedía cuentas respecto a los avances de los procesos de adquisición en dicho sector.

También se ha evidenciado que mientras el exministro de Defensa, Pedro Cateriano Bellido, hacía público el interés del Gobierno de comprar un satélite, ya se reunía con el canciller francés para especificar los detalles de una compra orientada a favor de ese país.

De los hechos indagados se desprende que el exmandatario 0llanta Humala utilizó a personas de su entorno para adquirir el satélite. Es así que el nacionalista Ronald Barrientos Deza fue “solicitado en apoyo” al Concytec por el exviceministro Jakke Valakivi para que intervenga en la revisión de la propuesta francesa en cuanto a transferencia tecnológica y luego en el diseño, pese a no tener experiencia en materia aeroespacial.

Barrientos estuvo fuera del país por 383 días, recibiendo un sueldo como funcionario.

La comisión también pone de conocimiento que el canciller, Ricardo Luna Mendoza, comunicó que Humala habría coordinado una vista a Francia con antelación a su visita oficial a Indonesia a fin de participar en la XXI Cumbre de Líderes APEC, del 2 al 9 de octubre de 2013, con el objetivo de sostener la conocida reunión con su homólogo francés Francois Hollande, a solicitud de este último.

Con ello se desvirtúa lo señalado por Ollanta Humala ante esta comisión el 9 de abril de 2017, en la que manifestó que no cambió su itinerario ya que se enteró de la visita camino a Indonesia y no pidió extensión de su viaje, por lo que fue una solicitud del gobierno francés a la Cancillería peruana, ya que efectuaba escala en París.

Se determinó que tanto Humala Tasso como Pedro Cateriano habrían cometido el delito contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible e infracción constitucional. En el caso del exviceministro de Defensa, Jakke Valakivi estaría inmerso en la presunta comisión del delito contra la administración pública.

IMPLICADOS LOZADA CASAPÍA, PEDRAZA, URRESTI…

800 patrulleros inteligentes

Cumpliendo las disposiciones del expresidente Ollanta Humala, el exministro del Interior Daniel Lozada le comunicó al excanciller Rafael Roncagliolo el interés del Ministerio del Interior en adquirir vehículos inteligentes para la Policía Nacional en una negociación de gobierno a gobierno.

El 6 de mayo de 2012, el exmandatario 0llanta Humala realizó una gira oficial a Corea del Sur aprovechando para visitar la planta automotriz donde se exhibía un prototipo de patrullero inteligente.

Finalmente, con fecha 19 de diciembre de 2012, en la ciudad de Lima se suscribió el contrato de compraventa de patrulleros inteligentes celebrado entre el Ministerio del Interior – Gobierno del Perú, representado por el exministro del Interior Wilfredo Pedraza Sierra, la Agencia de Inversión y Comercio de Corea (Kotra) y Daewoo International, con la finalidad de adquirir 800 patrulleros inteligentes marca Hyundai, modelo Santa Fe, por el monto de US$ 28’702,458.33 bajo la modalidad de gobierno a gobierno.

Daniel Lozada Casapía cumplía las órdenes directas de Humala Tasso, por lo que agilizó el proceso de adquisición de los patrulleros.

Con respecto a la participación del exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, durante su presentación en la Comisión de Defensa no supo esclarecer el concepto de honorarios de administración y gestión de proyectos que figura en la tabla de precios del referido contrato y en la adenda correspondiente. Cabe indicar que Pedraza pertenece al entorno del exmandatario.

Sobre el extitular del Interior, Daniel Urresti, habría tratado de direccionar la compra que se esperaba realizar con Corea a través de la misma empresa.

Como es público, el paquete completo de los llamados “patrulleros inteligentes” es mucho más complejo en cuanto a incumplimientos en el equipamiento. Y el número total era de 2,118 coches por un monto de S/ 81’965,364.00 entre el Ministerio del Interior, representado por José Luis Pérez Guadalupe, exministro Del Interior, y de la otra parte la Agencia Kotra y Daewoo.

Es importante precisar que en el contrato suscrito por Pérez Guadalupe figura un pago por gastos de administración y gestión de proyectos por un monto de US$ 2’489,548.00.

ADQUISICIÓN DE LOS AVIONES SPARTAN

Humala y Cateriano la gestionaron en persona

El expresidente Ollanta Humala, junto con el exministro de Defensa, Pedro Cateriano Bellido, participaron en la “operación” de compra de los aviones Spartan, desde mucho antes de que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) presentaran su requerimiento.

Estos hechos son corroborados por la manifestación de Cateriano ante la Comisión de Defensa, en la cual reconoce que le daba cuenta a Humala de los avances de los procesos de adquisición del sector Defensa.

En este caso se observa que Cateriano intervino con autoridades de la Embajada de Italia, así como mantuvo comunicación con los representantes de la empresa italiana Alenia Aermacchi.

En cuanto al entonces viceministro Jakke Valakivi, este participó en el comité de negociación para el proceso de contratación en el mercado extranjero, siendo nombrado como presidente del mismo, además de haber sido quien nombró a los asesores del comité ad hoc para la evaluación y contratación de compra de aviones.

24 HELICÓPTEROS DE ALA ROTATORIA

El papel del general Gonzales Doimi

En el año 2011, 0llanta Humala nombró como jefe de la Casa Militar al general de división EP Germán Gonzales Doimi, a quien luego nombró comandante de la Aviación del Ejército, en el 2012, periodo en el que se encargó de la adquisición de los 24 helicópteros de ala rotatoria, bajo la modalidad de gobierno a gobierno entre Perú y Rusia.

Asimismo, el expresidente nombra al coronel EP Gerardo Gonzales Doimi, hermano del general de División EP German Gonzales Doimi y miembro de la promoción 1984 del Ejército Peruano “Héroes de Pucará y Marcavalle”, como agregado de defensa adjunto y militar a la Embajada del Perú en la Federación Rusa.

La adquisición de aeronaves de ala rotatoria se efectuó mediante el proceso de compra bajo la modalidad de gobierno a gobierno al mercado extranjero INTER N° 0006-2013-EP/U0 0734 de 24 helicópteros modelo MI-171-SH-P por US$ 528’551,067.26, el mismo que fue adjudicado a la empresa rusa Rosoboronexport suscrito en el año 2013.

Se ha podido evidenciar que el expresidente presionaba para que se efectuara este proceso de adquisición. En cuanto a la participación del exministro, Pedro Cateriano, este sostuvo una serie de reuniones con el embajador de Rusia en el Perú, Nicolay Vsevolodovich Sofinskiy, antes de que se elabore el requerimiento del área usuaria del EP.

Fuente Diario Expreso

Ordenan detención del exgobernador de Apurímac

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Abancay ordenó la captura y prisión preventiva por nueve meses del ex gobernador regional de Apurímac Elías Segovia Ruiz y de cuatro ex funcionarios.

El Poder Judicial envió el viernes un oficio a la Policía Nacional, con carácter de urgencia, pidiendo la “ubicación, captura e internamiento” de Segovia en el establecimiento penitenciario de Abancay.

De acuerdo con las investigaciones, el ex gobernador se habría apoderado de más de 650 mil soles del gobierno regional de Apurímac, para financiar la campaña para la reelección en el año 2014.

Junto con Segovia Ruiz están procesados los ex funcionarios del gobierno regional Guillermo Ligarda Casis, Edison Zegarra Vivanco, Jhon Toalino Riveros y Robinson Salazar Moreano.

Para sustentar el gasto, según el Ministerio Público, los investigados presentaron boletas falsas de viáticos y recibos por honorarios de personas que nunca prestaron servicios al gobierno regional.

Entre estos documentos existiría una boleta firmada por Segovia Ruiz, por un monto de 48 mil soles, dinero que se habría utilizado para pagar el alquiler de una camioneta utilizada en su campaña.

Este no es el único caso de irregularidad que involucra a Segovia. El actual gobernador Wilbert Venegas informó que Segovia suscribió contratos que favorecieron a empresas. Por esos contratos la actual gestión del gobierno regional afronta 20 procesos de arbitraje que, en caso de perder, lo obligaría a pagar millonarias reparaciones.

Fuente La República