Expertos en políticas anticorrupción coinciden en que el reglamento del Decreto Legislativo 1327, norma del Ejecutivo para proteger a denunciantes de corrupción en el Estado, no funcionaría.
Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL), cuestionó que la Oficina de Integridad, creada para recibir las denuncias, sea parte de la misma entidad. “Es como pedir a Moreno que nombre a un fiscalizador de su gestión. Aunque alguien ejecute eso, no servirá”, dijo.
Remarcó que una crítica al esquema actual es que los órganos de control institucional (OCI), que pertenecen a la Contraloría, no funcionan porque son pagados por las entidades que deben controlar (gobiernos regionales, municipios, ministerios, etc.). En la nueva norma, la Oficina de Integridad pertenece a la misma entidad y su jefe es nombrado por la autoridad.
“El Gobierno ha tenido temor de meterse en bronca con las entidades. En IDL se planteó que era una buena oportunidad porque PPK no tendría compromisos con nadie. Ahora plantea el sueño dorado de los corruptos”, alegó.
El ex procurador anticorrupción Ronald Gamarra resaltó que toda oficina de control requiere autonomía. “Bajo ninguna circunstancia, el jefe de esta área debe reportar a la autoridad de la entidad. Tampoco la autoridad puede estar a cargo de la protección del denunciante. Uno nunca sabe si entre denunciado y autoridad hay vínculo”, señaló.
Dijo que la Contraloría es “la entidad naturalmente llamada a ver esos temas” y que no hacer cambios necesarios “es falta de voluntad política”.
Coinciden en que se debe fortalecer a la Contraloría haciendo que el pago a los órganos de control venga del propio presupuesto. “Finalmente es dinero del Estado”, dijo Rivera.
Claves
Norma. El reglamento del DL 1327 se hizo el viernes 14. Proteger a denunciantes por corrupción fue una medida anunciada por Pedro Pablo Kuczynski en mensaje a la Nación en febrero.
Observaciones. Se cuestiona que las denuncias deban presentarse a una oficina de la misma entidad y, si esta es la denunciada, pasa a la autoridad de la institución.
Fuente La República
