El principal problema de la mayoría de los proyectos de infraestructura es acceder a los terrenos donde se ejecutarán las obras, señaló el presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), Gonzalo Prialé.

“Es una buena noticia que nuevamente el Ejecutivo insista en agilizar la expropiación de terrenos, porque muchos proyectos de infraestructura podrán ejecutarse en un menor tiempo”, comentó a Correo al referirse al proyecto de ley (PL) del Ejecutivo que propone facilitar el acceso a inmuebles para ejecución de obras de infraestructura.

Señaló que si ese PL se convierte en ley, de manos del Congreso, se destrabarán unos $10 mil millones en el corto plazo. “Me refiero a los proyectos que están trabados por no poder acceder a los terrenos; aquellos que no están contaminados por la corrupción”, precisó.

PROPUESTA. El PL, que dejó el presidente Kuczynski en el Congreso, señala que se aplicará a las obras de infraestructura priorizadas, a cargo de cualquier entidad del Estado, de todos los niveles de gobierno, que sean ejecutadas a través de una asociación público-privada (APP) y Obras por Impuestos (OxI).

Propone además la creación del Proyecto Especial de Acceso a Predios para Obras de Infraestructura Priorizadas (APIP), que tendrá una vigencia de tres años y será dirigida por un director ejecutivo designado por ProInversión.

El APIP formulará, aprobará y ejecutará, de forma progresiva, un programa de diagnóstico, saneamiento físico-legal y acceso a los predios comprendidos dentro del ámbito geográfico en ejecución. Las contrataciones que requiera efectuar estarán fuera de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y se rigen por el procedimiento especial aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Pero el Tribunal de Contrataciones del Estado mantiene las competencias asignadas mediante esta ley, en lo referido a la aplicación de sanciones y resolución de apelaciones.

Para la intervención de la APIP se requiere que la obra de infraestructura esté priorizada con un decreto supremo refrendado por el MEF y el titular del sector competente.

Fuente Diario Correo