Piura. El alcalde de Municipalidad Distrital de Frías, Manuel Elera García, y otros funcionarios de la comuna, podrían ir cinco años a prisión por el delito de colusión simple tras haber cometido presuntas irregularidades durante su periodo anterior, en los pagos por la ejecución del proyecto “Mejoramiento de obra de la carretera meseta andina tramo Frías-Pechuqui”.
El Primer Juzgado Unipersonal a cargo de la jueza Anita Prieto Preciado, ordenó el inicio del juicio oral para este 15 de agosto, donde se determinará la suerte del actual alcalde y sus funcionarios. De no presentarse a la diligencia la magistrada podría ordenar su captura.
Como se recuerda, al alcalde se le acusa de haber favorecido al contratista Consorcio REVISOL por un pago de obra de S/ 921,024.00 como adelanto de materiales, así como con la suma de S/ 230,256.00 como adelanto por 10 % de la obra antes mencionada.
Según el expediente 04924-2011, la autoridad edil habría omitido funciones al realizar el pago de manera inmediata, en solo tres días, firmando el cheque sin haber verificado la validez y confirmación de las cartas fianza, sobre las cuales, después de un mes de efectuado el pago, se corroboró su falsedad.
El Ministerio Público pide para la autoridad edil cinco años de pena privativa de la libertad y 241 días multa por el delito de colusión.
Además, pide la inhabilitación para los acusados por el delito de omisión de actos funcionales. El perjuicio al Estado superaría los dos millones de soles.
Al respecto el especialista jurídico y ex representante legal de la Comisión Anticorrupción de Piura, César Palomino Rivas, exigió al Poder Judicial no dilatar más la diligencia, ya que el caso tiene más de seis años y los imputados continúan ejerciendo el cargo.
“Los hechos sucedieron en el 2010 y recién llevan a juicio oral. Esperamos que no sea como otros casos que han sido archivados. Los responsables deben recibir la sanción correspondiente porque los funcionarios que cometen irregularidades deben estar sentenciados para evitar que vuelvan a postular y perjudicar a la población. El Estado ya no está para que las personas perjudiquen sus arcas”, refirió Palomino.
Fuente La República
