La Fiscalía Anticorrupción del Santa pidió el archivo de la investigación contra el expresidente regional de Áncash, César Álvarez Aguilar por el delito de colusión por el que se le acusaba por la obra de reconstrucción de la institución educativa Augusto Salazar Bondy, en el distrito de Nuevo Chimbote.

De acuerdo al requerimiento de sobreseimiento que lleva la firma del fiscal anticorrupción Laureano Añanca Chumbe, “no se han recabado elementos de convicción que evidencien, con un grado de certeza” que Álvarez haya intervenido indirectamente para beneficiar al consorcio Buenos Aires con la adjudicación de la obra, valorizada en un poco más de 7 millones de soles.

Álvarez era acusado de haber designado primero, a Pamela Bermúdez Rodríguez y luego a Juan Gallo Zegarra en el cargo de gerente de la Subregión Pacífico y que a través de ellos “habría intervenido indirectamente” para beneficiar a la constructora que se adjudicó la obra.

Sobre esto, la Fiscalía sostiene que no fue Álvarez quien designó a Bermúdez en el cargo de gerente de la Subregión Pacífico, sino lo hizo Roy Ipanaqué cuando se desempeñó como presidente regional encargado. En el caso de la designación de Gallo, el Ministerio Público sostiene que es una función inherente a su cargo designar este tipo de funcionarios.

El escrito indica también que existió un comité de selección para la adjudicación de la obra que era dirigido por los gerentes en mención, “no existiendo evidencia certera de la intervención de Álvarez Aguilar en el proceso de selección” y tampoco se ha podido evidenciar que “se haya coludido con los postores que resultaron ganadores”

ACUSADOS. Aunque la Fiscalía afirma no haber hallado indicios de una colusión en esta obra – que hasta el día de hoy no ha sido culminada – sí ha presentado acusación por el delito de negociación incompatible.

Correo tuvo acceso al requerimiento acusatorio que ya ha sido notificado a las partes procesales así como al Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria que despacha el juez Eudosio Arroyo Escalante.

En este documento, el fiscal Añanca acusa a los exgerentes de la Subregión Pacífico, Pamela Bermúdez y Juan Gallo Zegarra, así como a los exfuncionarios de la entidad regional William Teddy Bejarano Rivera, Enrique Godoy Palacios y Cecilia Alfaro García, de ser autores del delito de negociación incompatible y pide que se le imponga una pena de cinco años de cárcel.

Asimismo, la acusación establece que también sean inhabilitados, por espacio de 3 años, para ejercer cualquier cargo dentro de la función pública, ya sea por mandato o como empleado.

“CADENA DE ILICITITUDES”. Para el Ministerio Público, las presuntas irregularidades se presentaron durante la etapa previa o de preparación al proceso de licitación. Señalan que “la cadena de ilicititudes”, se puede advertir desde la elaboración de las bases, cuya acta fue suscrita por el comité de licitaciones (integrado por Bejarano Rivera, Godoy Palacios y Alfaro García) el día 19 de diciembre de 2011, en un espacio de apenas 15 minutos.

“ (…) el comité especial para una obra de más de 7 millones de soles, elaboró las bases en un tiempo sumamente apresurado”, indica el documento fiscal.

Además, las indagaciones del fiscal Añanca, señalan que en el expediente de contratación “no obra documento que de cuenta de la existencia de certificación presupuestal” , ni tampoco algún documento del área de Administración de la entidad subregional “que garantice la existencia de fondos para el siguiente año fiscal”. Hay que señalar que la obra fue convocada en el 2011, pero su plazo de ejecución abarcaba hasta el 2012.

El haber lanzado el proceso sin la existencia de presupuesto constituye una vulneración al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, subraya la Fiscalía.

Otra presunta irregularidad hallada por el fiscal Añanca está referida a que el área encargada de la entidad subregional, no realizó el estudio del mercado correspondiente para determinar el monto referencial de la obra y solo se tuvo en cuenta el monto establecido en el expediente técnico. Sin embargo en el resumen ejecutivo se señala que sí se realizó este estudio, “lo cual no corresponde a la realidad, ya que en el expediente de contratación no obran dichos estudios”, señala.

Pese a todo ello, la Subregión Pacífico, continuó adelante con el proceso y el 20 de febrero de 2012, se firmó el contrato para la ejecución de la obra. Todas estas irregularidades habrían sido las razones para las constantes paralizaciones y ampliaciones de plazo que existieron en la ejecución de la obra. La Fiscalía indica que esto “no fue objetado” por el nuevo gerente de la subregión, Juan Gallo Zegarra, “quien como a dé lugar quiso continuar la obra, siendo que finalmente ante la imposibilidad de continuar tuvo que emitir una resolución de intervención económica de la obra”.

Indican, que luego se tuvieron que realizar modificaciones presupuestarias a fin de asignarle presupuesto a la obra, pero solo le otorgaron montos parciales, por lo cual no se llegó a completar el monto total de inversión. Todo esto habría ocurrido cuando Gallo Zegarra estaba al frente de la subregión, anota la Fiscalía.

Fuente Diario Correo

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