El jefe del Gabinete Ministerial, Fernando Zavala, afirmó esta tarde que el Decreto de Urgencia 003-2017, que establece restricciones a la venta de los activos de la constructora brasileña Odebrecht en el Perú, busca velar por los intereses del Estado y no por el de las empresas corruptas.
De acuerdo al D.U. 003-2017, el comprador debe solicitar permiso al Ministerio de Justicia (Minjus) para adquirir los bienes de la transnacional.
Además, el dinero obtenido por estas transferencia es depositado en un fideicomiso, a fin de garantizar el pago de una futura reparación civil por parte de la firma brasileña que, ante la justicia de los Estados Unidos, confesó haber entregado sobornos por US$29 millones a funcionarios de los últimos tres gobiernos.
Tras su presentación ante la Comisión Lava Jato del Parlamento, Fernando Zavala brindó una conferencia de prensa donde informó sobre una denuncia.
“Lo que busca el decreto de urgencia, que se dio en febrero inmediatamente después de habernos enterado del Caso Lava Jato, es proteger los intereses del Estado, no el de las empresas corruptas. Tanto es así que Odebrecht ha denunciado al Estado peruano por este decreto de urgencia, porque no está de acuerdo”, dijo.
En el Ministerio de Justicia precisaron que Zavala se refería al trato directo que ha solicitado Odebrecht. En el Ejecutivo interpretan esta acción como un paso previo a una demanda.
Según informó El Comercio hace unas semanas, el equipo legal de Odebrecht remitió un exhorto al Ejecutivo para “dirimir algunas discrepancias” sobre las inversiones que tienen en el país, las cuales, dicen, están protegidas “bajo cierto Tratado Bilateral de Inversión Internacional”.
La constructora añade en el comunicado, al que tuvo acceso este Diario, que su intención es llegar a “un acuerdo amistoso” con el Estado, “antes de iniciar cualquier acción legal” en el extranjero.
Fernando Zavala también indicó que tuvo la oportunidad de explicarle al grupo investigador, que preside la fujimorista Rosa Bartra, los alcances del D.U. 003-2017.
“Este decreto se dio para asegurar de que no se rompiera la cadena de pagos, establecer la reparación por daños causados. Es importante que el Ejecutivo, el Legislativo, la fiscalía y el Poder Judicial trabajemos de la mano para asegurar investigaciones y sanciones eficaces y como lo dije al principio evitar tener casos de esta magnitud en el futuro”, subrayó.
Olmos no se ha vendido
Durante su exposición ante la Comisión Lava Jato, Fernando Zavala afirmó que no hay manera de que Odebrecht pueda vender sus activos fuera del D.U. 003-2017.
El jefe del Gabinete se refirió también a la venta de activos del proyecto Olmos, a cargo de Odebrecht. Dijo que esta «no se pudo concretar justamente por la intervención de la procuraduría, que pidió una medida de inhibición».
El primer ministro añadió que, debido a ello, la ex procuradora ad hoc del Caso Lava Jato, Katherine Ampuero, perdió la confianza de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, lo que provocó su salida.
«No hay forma de que Odebrecht esté tratando de vender activos fuera del sistema de Decreto de Urgencia 003», remarcó Fernando Zavala. Cabe anotar que dicho dispositivo legal fija los parámetros para el pago de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción.
En otro momento, el primer ministro reconoció que «no ha habido una lucha frontal contra la corrupción en los últimos años», en alusión al Caso Lava Jato. Añadió que «en este Gobierno, hemos tomado una serie de medidas para que este tipo de casos no se vuelvan a dar».
Entre estas medidas, Fernando Zavala destacó la muerte civil para funcionarios condenados por corrupción y la elaboración de una lista de estudios de abogados que no deberían ser contratados por sus vinculaciones con actos ilícitos.
Fuente El Comercio
