El alejamiento de Pablo de la Flor de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) podría ratificar las limitaciones del enfoque tecnocrático. Con su partida, además, habrá quienes digan que se ha cedido al capricho o las presiones de las autoridades subnacionales, particularmente sensibles a las críticas que De la Flor expresara hace unos días. Pero centrarse en estos dos factores sería claramente limitado.

Aunque carente del perfil político que se reclamaba, De la Flor llegó a causar una expectativa unánime, aun fuera del círculo gobiernista o de la clase política tradicional. Ante su nombramiento, Javier Velásquez Quesquén, por ejemplo, dijo: “Tengo buenas referencias y esperanzas de que pueda cumplir con eficiencia el cargo que le da el Gobierno en el marco de la reconstrucción” (RPP, 5/5/2017).

Ya posicionado en el cargo, sin embargo, De la Flor tuvo varios roces con las autoridades elegidas, en el ámbito parlamentario y subnacional. “El principal obstáculo son las capacidades instaladas en los gobiernos regionales y locales que supuestamente iban a ser los socios en la reconstrucción”, le dijo De la Flor a la periodista Lourdes Fernández en una entrevista publicada en El Comercio el 21 de octubre.

Más importante, el entrampamiento que se viene observando evidencia que cualquier aspiración por plasmar cambios sustantivos se chocará con una dura realidad. Aunque se creyó que dotar a la ARCC de una estructura y una regulación versátiles era suficiente, la maraña de procedimientos se ha mostrado, prontamente, como un gran problema. A ello se han unido las serias limitaciones que ha mostrado el Estado en su conjunto.

Hace algunos días, Roberto Abusada alertaba: “Trabajar de forma atomizada con 306 unidades ejecutoras es a todas luces una mala idea”. Ante este problema, Abusada sugería que el conjunto de obras sea “empaquetado en conjuntos más grandes”, con el concurso de “empresas importantes de prestigio que trabajen subcontratando a empresas locales”, en un proceso centralizado en el MEF, “donde existe la familiaridad con los procesos presupuestales. Y el ministerio, a su vez, debe contar con una empresa de ingeniería de talla mundial que asesore en todo el proceso”. Concluye Abusada también en El Comercio: “Los peligros son evidentes, como es también evidente la necesidad de evaluar todo el proceso antes de que sea tarde”.

Es urgente, pues, mirar más allá de las personas y pensar en la necesidad de optimizar procesos al interior del complejo Estado. De no haber modificaciones sustantivas, los únicos cambios que se verán en el futuro serán los correspondientes a los nombres de los directivos ejecutivos: uno tras otro, fracasando en el intento. Sería una reconstrucción con cambios… recurrentes, ninguno de ellos particularmente relevante.

Fuente El Comercio

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