El presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) y titular del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo saludó la promulgación por parte del Poder Ejecutivo de la política nacional de integridad y lucha contra la corrupción, instrumento que fue propuesto por la CAN, que establece los objetivos, lineamientos y estándares que deben cumplir las instituciones del Estado para promover la integridad, prevenir y sancionar la corrupción.
“Los peruanos le hemos dicho ¡no más! al pernicioso patrón de sólo responder a la corrupción cuando hay un escándalo y luego dejar en abandono las reformas planteadas. Desde ahora la lucha de corrupción es un tema permanente de agenda pública, sobre el cual todas las entidades públicas y privadas tienen el deber de trabajar y sobre todo comunicar a la ciudadanía de las acciones y resultados alcanzados”, destacó Rodríguez.
PREVENCIÓN, SANCIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
La Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción traza tres objetivos específicos: mejorar la capacidad preventiva del Estado; la identificación y gestión de riesgos; y fortalecer la capacidad sancionadora del Estado frente a los actos de corrupción. En esa línea, la política establece estándares nacionales de cumplimiento obligatorio para las entidades públicas de los diferentes niveles de gobierno en materia de transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas; reforma del sistema electoral y de organizaciones políticas; cultura de integridad y ética pública; gestión de intereses y conflicto de intereses; de denuncias por corrupción; carrera pública; contrataciones de obras, bienes y servicios; sistema gestión nacional de control; sistema de justicia penal; sistema disciplinario sancionador y de recuperación de activos y perdida de dominio.
La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción elaborará, en un plazo máximo de 50 días hábiles, la propuesta del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2017-2021, el cual se actualizará cada cuatro años y precisará las acciones, metas, indicadores, plazos y entidades responsables para la implementación de los objetivos y lineamientos contenidos en la política. Dicha propuesta será presentada al Poder Ejecutivo para su aprobación mediante Decreto Supremo.
Además, en cumplimiento de sus funciones, la CAN se encargará de realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación de la Política Nacional y del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Todas las entidades de los diferentes poderes del Estado, organismos constitucionales autónomos y de los diferentes niveles de gobierno deberán adecuar su marco normativo a esta norma. En tanto, las organizaciones del sector privado y de la sociedad civil deberán implementar esta política pública en cuanto le sea aplicable y como un instrumento guía u orientador.
Con la aprobación de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, se consolidan los esfuerzos y el compromiso del Estado por erradicar la corrupción en todas sus instancias y, además, se ordena e integra
Fuente Diario Correo
