La situación de las constructoras nacionales consorciadas con Odebrecht (ICCGSA, Graña y Montero y JJC) parece complicarse aún más.
En noviembre, el Congreso aprobó modificar el Decreto de Urgencia (D.U.) 003-2017, el cual se aplica a las empresas que hayan admitido delitos por corrupción en agravio del Estado o que hayan sido sentenciadas por ello —a la fecha, solo Odebrecht— y a las empresas que se hayan asociado a Odebrecht en consorcios con una participación a partir de 5% en la adjudicación de contratos vigentes con el Estado. Hoy el tema está en agenda nuevamente.
Ante la posible ampliación de la investigación en contra de los altos funcionarios de Graña y Montero de parte del Ministerio Público, El Comercio conversó con el presidente de la Cámara Peruana de Construcción (Capeco), Enrique Espinosa.
Al respecto, el presidente de Capeco señaló que «este gobierno ha eludido muchas de sus responsabilidades y no ha liderado frente a la crisis de Odebrecht. Han establecido mecanismos más políticos que empresariales y que han ocasionado rompimientos en cadenas de pago a empresas que no tienen nada que ver con la corrupción».
Además, Espinosa comentó que el poder Ejecutivo y el Legislativo no muestran señales de querer corregir esta situación. «A tal punto llega el desinterés [dentro de estos dos poderes], que fue la Sunat la primera institución que cuestionó el D.U. 003», afirmó.
«Si no salimos adelante en este conflicto, no vamos a transmitir confianza. Cada punto de PBI son 150 mil personas que no salen de la pobreza. El sector construcción está en crecimiento, pero existen mayor expectativas que no se van cumplir con el enfrentamiento político que ahuyenta a empresarios a invertir», concluyó.
De igual manera, apuntó que Capeco es uno de los gremios que más se esfuerza en la lucha contra la corrupción y expresó su preocupación por el hecho que los enfrentamientos políticos entre el Ejecutivo y el Legislativo resten la transmisión de confianza hacia próximos inversionistas.
«Hace seis meses se viene investigando a las empresas consorciadas. La junta de ética viene teniendo reuniones constantes y solicitando información constantemente para la elaboración de un informe eventual. Sin embargo, todavía no hay los argumentos necesarios para poder concluir o tomar una decisión final», confirmó Espinosa.
Fuente El Comercio
