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Capeco pide medidas para bloquear la extorsión en obras de reconstrucción

Capeco pide medidas para bloquear la extorsión en obras de reconstrucción

La Cámara Peruana de la Construcción – Capeco denunció que alrededor de S/600 millones se podrían destinar al pago de extorsionadores en la zona norte del país en el marco de las obras de reconstrucción tras el Fenómeno de El Niño costero.

Pedro Pendola, director de Capeco, detalló que los extorsionadores exigen pagos equivalentes a entre el 2% y 5% de la inversión total de la obra para permitir que estas se puedan realizar. El ejecutivo indicó que los extorsionadores ejercen presión a todo el sector construcción en general, pero que en la zona norte son más violentos. En ese sentido, Capeco estima que de los S/20.000 millones que se van a destinar para la reconstrucción, al menos unos S/600 serán para estas organizaciones criminales.

Añadió, por ejemplo, que en los últimos dos meses ya se han inscrito 22 nuevos sindicatos de construcción en la región de Lambayeque; y otros 12 nuevos en la región de Piura; y si bien no puede asegurar que todos ellos tengan propósitos ilegales, sí hay algunos que solo son fachadas.

En ese sentido, Capeco considera que por este motivo las obras de reconstrucción no terminarían en el plazo previsto y es de esperar que los niveles de delincuencia en estas zonas se incrementen, pues los grupos criminales habrán sido provistos de recursos.

Ante esta situación, el representante de Capeco sugirió en los presupuestos para las obras del sector público se incorpore una partida adicional para que sea destinada a la seguridad física que cada una de las obras requiera. “Estos fondos se podrían canalizar por la Policía Nacional del Perú para potenciar su acción directamente en cada una de las obras que enfrentaremos por la reconstrucción”, detalló Pendola.

Fuente EL Comercio

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1 Comment

  • Telmo Antonio Romero Fuentes , 24 mayo, 2017 @ 5:07 pm

    De la misma manera que los extorsiona-dores solicitan dinero fácil, las autoridades locales regionales, ministeriales y hasta el gobierno central, solicitarían los llamados matrículas políticas en unos caso asi como los diezmos en otros, y si es que no esta penalizado es porque tampoco esta juzgado, y si esta penalizado es porque no se cumple con la ley.
    Las entidades en coordinación con el pueblo, debemos ser cuidadosos de los actos subversivos de parte del gobierno, como de los actos secuenciales de parte de los contratistas.
    El congreso debería fomentar una ley de mediación directa al titular del pliego y el uso de ese diezmo de parte de la autoridad competente, les aseguro que no estarían paleando ni los contratos ni las obras los delincuentes, corruptos y empresarios mal nacidos.

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