Esta suma forma parte de los más de 322 millones de soles que el prófugo alcalde de Chiclayo recibió del Estado y del SATCh. Sus principales obras son investigadas por la Fiscalía y con funcionarios procesados. MPCh también gastó S/. 2 mlls. por concepto de publicidad para limpiar la alicaída imagen de la autoridadLas autoridades elegidas por voto popular son los administradores de los intereses del pueblo. El control y fiscalización de sus actos, en razón a los millones de soles que reciben del Estado o los obtenidos por gestión propia para mejorar las condiciones de desarrollo, son preponderantes.
Este enunciado, conforme a los medios probatorios y pruebas contundentes de corrupción obtenidos por el Ministerio Público, no se respetó en la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) durante la gestión del prófugo alcalde Roberto Torres Gonzales entre el 2007-2010 y 2011-2014. El titular del pliego junto a sus hombres de confianza administró 322’435,000 soles en ocho años y empleó –de ese monto– 143 millones 624,833 soles para ejecutar 109 obras, en su mayoría investigadas por la Fiscalía. Algunos casos son ventilados en el Poder Judicial.
Conforme al portal de Transparencia Económica de la comuna, Torres Gonzales inició su período edil en el 2007 administrando 11 millones 120 mil soles. Un año después la diferencia de aumento fue mínima, pues según los reportes fue de 12 millones 796 mil soles.
El presupuesto aumentó en el 2009 a 18 millones 814 soles. Empero, en el siguiente año lectivo la cifra se disparó a 39 mil 290 soles, coincidentemente al término de su primer gobierno y en la campaña electoral en el que resultó reelegido.
Los aportes del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo (SATCh) mejoraron la condición económica de la entidad.
Mientras en el 2011 se hizo uso de un presupuesto de 37 millones 906 mil soles; en el 2012 se registró un hecho de bonanza con 48 millones 915 mil soles. Son 56 millones 403 mil soles los que recibió la MPCh el año pasado, aunque el pico más alto se dio este año con 97 millones 188 mil soles.
Estos presupuestos han sido usados en la ejecución de obras de infraestructura (pistas, veredas, mejoramiento vial, colocación de mortero asfáltico) en calles y urbanizaciones, compras de productos de ferretería, maquinaria, etc., en medio de severos cuestionamientos por supuestas irregularidades en el aspecto técnico y económico, así como en la parte administrativa, específicamente en las licitaciones y adjudicaciones de obras con denuncias por direccionamiento a favor de ciertas contratistas.
Paralelamente el portal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), detalla que en los últimos ocho años se ejecutaron 109 obras por cerca de 150 millones de soles. Los principales trabajos se encuentran en la mira de la justicia.
En el 2007 se realizaron seis obras por 329 mil 185 soles; en el 2008 cinco obras por un millón 540 mil soles. Mientras al año siguiente se licitaron siete obras por 8 millones 176 mil soles. Entre ellas el mejoramiento de la transitabilidad de la calle Piura.
En el 2009 se hicieron 18 obras por 26 millones 556 mil soles. Fue época de elecciones. En el 2011 se licitaron 21 obras por 42 millones 327 mil soles, mientras en el año posterior 16 obras por 22 millones 306 mil soles. Este 2014 se hizo lo mismo y se ejecutaron 26 obras por 35 millones 392 mil soles.
Es preciso señalar que entre las principales obras figuran la del saneamiento del casco central valuada en 28 millones 562 mil soles, pavimentación y veredas del centro de Chiclayo por cerca de nueve millones de soles. También está la pavimentación en concreto del pueblo joven César Vallejo por 5 millones de soles; además de la pavimentación de las urbanizaciones Campodónico y San Martín por 11 millones de soles y el mejoramiento de la transitabilidad vial en las principales calles y urbanizaciones.
La supuesta mala ejecución de los trabajos ameritó la intervención de la Contraloría General de la República, Colegio de Ingenieros de Lambayeque, Fiscalía y del Congreso.
Las anomalías que empañaron la administración municipal con perjuicio a los caudales del Estado y a los intereses de la sociedad también se evidencian en las compras fraccionadas y aparición en escena de testaferros que habrían sido contratados por “amigos” del burgomaestre Roberto Torres y de su cúpula.
Son cinco millones 755 mil soles el monto que la MPCh desembolsó por dichas adquisiciones. En la lista negra figura como beneficiado el prófugo Guillermo Plaza Arbulú, quien obtuvo por ventas realizadas a la entidad 433 mil 957 soles.
Plaza Arbulú tiene una presunta complicidad con Víctor Cubas Llaguento, un criador de cerdos que vendió a la MPCh artículos de ferretería y jardinería por 892 mil 513 soles. El negocio que dice tener “Goyo”, como es conocido, está ubicado en la cuadra 5 de la calle Manco Cápac. Sin embargo, según los documentos el gerente del establecimiento es Plaza Arbulú.
Cubas Llaguento es buscado por la Policía Nacional al ser investigado por el delito de lavado de activos al igual que Plaza Arbulú. Ellos en agosto del 2014 continuaron cobrando facturas a la municipalidad de Chiclayo a pesar de la investigación entablada por la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo.
También está Diana Carolina Otoya Wang, investigada por ser supuestamente testaferro del proveedor Luis Barrantes Piscoya, quien huyó de la Policía por el caso legal mencionado líneas arriba. La joven obtuvo 2 millones 317 mil soles de la comuna por la colocación de sus artículos de ferretería. En tanto José Gómez Guzmán se benefició con 2 millones 112 mil soles por las adquisiciones realizadas por la entidad edil.
