Chimbote en Línea.- La perito contable del Ministerio Público, Judith Arroyo Castañeda, continuó con su interrogatorio en el proceso judicial que se sigue contra la alcaldesa provincial, Victoria Espinoza García y Julio Cortez Rojas, ambos acusados de la presunta comisión del delito de colusión por el caso de los “semáforos inteligentes”.

La profesional respondió las preguntas del abogado que patrocina a Espinoza y Cortez, Augusto Cruz Rossel sobre pagos de recibos de devolución por compra de bases respecto al proceso de semaforización.

Indicó que para este proceso de licitación se vio impedido el ingreso de más postores por cuanto se anuló una licitación pública para ejecutarla mediante una adjudicación de menor cuantía. Dijo además que para pasar de un proceso a otro se declaró desierto y a la brevedad posible se convoca a un nuevo proceso. Es más señaló que si bien- hubo un informe del comité de licitación- que declara desierto el proceso; sin embargo no existió una resolución de alcaldía que aprueba la ejecución de menor cuantía.

Judith Arroyo aseveró que a pesar que compraron sus bases, pero no se les convocó a todos los postores y que finalmente de los tres que sí fueron avisados  solo dos de ellos se apersonaron, teniendo como representante al mismo gerente Rivas Gay.

El titular del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia del Santa, Efer Díaz Uriarte suspendió la audiencia para el 30 de mayo a las 10 de la mañana, fecha en que la perito deberá responder a las interrogantes de Carlos García, abogado que patrocina al empresario y ganador de la buena pro, Emilio Rivas Gay.

Vale precisar que este proceso judicial involucra además a la gerenta de Obras de la MPS, Micaela Flores Gómez, al subgerente Javier Menacho Méndez, al exfuncionario edilicio Aquior Mendoza; asimismo al citado representante del Consorcio ITS Santa.

Terminada la exposición de Arroyo Castañeda harán lo mismo los profesionales u órganos de prueba del MP, quienes evaluaron y emitieron su informe de la ampliación pericial valorativa de ingeniería civil, mecánica y electrónica.

La Fiscalía Anticorrupción, mantiene su tesis de que en el año 2009 los funcionarios de la comuna provincial se habrían coludido para favorecer al citado consorcio en la adjudicación y licitación de dicha obra y con el cual se produjo una presunta sobrevaluación de más de 3 millones de soles, la cual no estaba considerada en el Plan Anual de Inversión del Municipio del Santa.

En ese sentido ha solicitado 4 años y 10 meses de cárcel para Espinoza y Cortez. En el caso del empresario chileno Emilio Rivas solicitó 4 años y 8 meses de prisión, mientras que para Aquior Mendoza la pena a considerar fue de 3 años, pero efectiva.

La Procuraduría Anticorrupción pide más de 4 millones de soles como pago de reparación civil de forma solidaria.

Fuente Chimbote en Línea

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