El pleno de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) aprobó hoy solicitar al contralor general de la República, Edgar Alarcón, abstenerse de seguir participando en este espacio.
El presidente del Consejo Directivo de Proética, Jorge Medina, planteó esa solicitud durante la sesión ordinaria de la CAN.
Dicha solicitud fue sometida a votación y aprobada sin ningún voto en contra por los miembros del pleno. De esta manera, se acordó que la CAN comunique al Contralor esta decisión.
La propuesta de Proética fue planteada luego de que se revelara una denuncia periodística que imputa, entre otros cargos, a Alarcón, de haber realizado actividades lucrativas mientras ejercía el cargo de vicecontralor.
La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Cámara de Comercio de Lima, el Consejo de la Prensa Peruana, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y el Concilio Nacional Evangélico del Perú, también integrantes de la CAN, apoyaron esta propuesta.
Al mismo tiempo, quedó planteado también el pedido de Proética para que el Ministerio Público, en su caso, amplíe las investigaciones iniciadas respecto al citado funcionario, a fin de comprender todos los hechos que han sido materia de la denuncia.
La CAN agrupa a los titulares de las instituciones públicas que tienen competencias en la lucha contra la corrupción, así como a las entidades de la sociedad civil y gremios representantes del sector privado.
Proética, el capítulo peruano de Transparency International, participa en la CAN como miembro con voz, pero sin voto.
Los miembros plenos de la CAN que sí tienen voto son: el Congreso de la República, Poder Judicial, Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de la Magistratura, Ministerio Público.
También la asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) y el Acuerdo Nacional.
Por otro lado, los miembros que la integran en calidad de observadores (sin voto) son: la Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), Asociación de Universidades del Perú, Proética, entre otros.
Fuente Andina
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