Por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado doloso por apropiación, cinco funcionarios y exejecutivos de la gestión municipal de Trujillo, que encabeza el alcalde Elidio Espinoza Quispe, son investigados.
IMPUTADOS. Las pesquisas son contra Luis Enrique Mendoza Urcia (subgerente de Defensa Civil), Carlos Enrique Paz Ocampo (exgerente de Administración y Finanzas), Odar Iván Florián Plasencia (exsubgerente de Abastecimiento), Yesica Maribel Bobadilla Alfaro (exjefa del Almacén General) y Juan Rivera Espinola (encargado del Almacén Periférico), por quienes, según el Ministerio Público, en el ámbito de sus funciones tuvieron relación funcional con aquellos bienes que adquirió la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), durante la emergencia tras “El Niño Costero”.
Como es sabido, a los referidos exfuncionarios se les atribuye la participación en la presunta adquisición irregular de bienes para ayuda humanitaria por situación de emergencia.
Ante las publicaciones periodísticas, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de La Libertad, a cargo del magistrado Víctor Bazán Alagón, determinó que existía una posible comisión de un hecho con relevancia penal.
ANTECEDENTE. Como se recuerda, el 27 de marzo del año en curso, la Fiscalía y la Contraloría intervinieron el municipio de Trujillo con la finalidad de recabar toda la documentación referente a las compras hechas por la MPT.
Durante dicha diligencia se procedió a incautar una serie de documentos.
Asimismo, de la revisión de la documentación incautada, según indican, se ha podido a constatar que el costo total de los bienes que se adquirió asciende a S/ 267,444.
Respecto a la adquisición de los referidos bienes existen serios cuestionamientos al precio que se pagó por ellos, a tal punto que, según se tiene conocimiento, aquellos cuestionamientos generaron el cese en sus cargos de los funcionarios Carlos Paz Ocampo y Odar Florián Plasencia.
Es más, al haberse realizado la constatación por parte de la Fiscalía, no solo no se encontró gran parte de la documentación que sustenta la adquisición de dichos bienes, sino que se ha podido verificar, además, que al parecer no habría existido un adecuado control de los referidos bienes.
Fuente Diario Correo
