El Poder Ejecutivo emitió diversos decretos legislativos para luchar contra la corrupción basados en tres ejes: prevención, persecución y sanción, y reinserción. Conozca los alcances de normas anticorrupción del gobierno, en el marco de las facultades otorgadas por el Congreso.

Prevención

El ámbito prevención, se creó la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Se transparentará al Estado para institucionalizar la integridad de la administración pública y proteger a los ciudadanos de la arbitrariedad.

Se liberó el Sistema Peruano de Información Jurídica, que hoy es gratuito y está actualizado.

Se ha fortalecido la norma sobre nepotismo y en adelante, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informará sobre relaciones de parentesco, antes ocultas, y así prever posibles conflictos de intereses.

Se han realizado más de 40 modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado, entre ellas atacar directamente a uno de los modos de operar de Odebrecht, de contratar con el Estado y luego cambiar de nombre, armar una nueva empresa o poner un testaferro para evitar una sanción.

Las empresas sentenciadas por corrupción o las que asuman esa responsabilidad no volverán a contratar con el Estado.

La Procuraduría general del Estado queda revestida de una protección legal que permitirá que ningún gobierno interfiera en su labor: la defensa de los intereses del Estado.

Se han simplificado procesos administrativos y dado predictibilidad a la conducta de los funcionarios públicos en todos los niveles de gobierno, eliminando espacios de corrupción.

Persecución y sanción

Se ha fortalecido a la Policía Nacional, al Ministerio Público y al Poder Judicial, y se le han dado instrumentos para trabajar mejor.

Ya no se liberará a un corrupto porque un mal abogado dilató el proceso y logró su objetivo.

Los abogados que dilatan procesos serán sancionados.

El fiscal tendrá el tiempo suficiente para investigar y podrá obtener información de las personas que quieran colaborar y nos ayuden a capturar a los grandes delincuentes.

Se aprobó la responsabilidad administrativa y penal de las personas jurídicas en casos de corrupción, que ayudará a que puedan ser sancionables (podrán ser disueltas) casos como los de Odebrecht.

Y a partir de ahora, las empresas, sus accionistas o vinculadas, no volverán a contratar con el Estado cuando haya una condena o cuando exista reconocimiento de actos de corrupción.

También se aprobó la muerte civil, para que ningún funcionario corrupto vuelva a trabajar en el Estado.

Habrá un registro de sentenciados.

Se fortalece la cultura de la denuncia y se crea una mayor protección para el denunciante.

La denuncia no costará, será útil y servirá para sacar a los corruptos del Estado.

Los cabecillas de bandas delictivas podrán ahora ser  colaboradores eficaces acogiéndose a Ley de Colaboración Eficaz. Antes no podían.

Los nuevos decretos también impedirán que las mujeres vuelvan a sufrir maltrato, y garantizarán la presencia del Estado para protegerlas.

Los delitos que se cometan contra poblaciones vulnerables, tampoco quedarán impunes.

Sanción y reinserción

Se ha declarado en emergencia el Sistema Penitenciario, pues sin cárceles seguras no hay calles seguras.

Se ha creado la carrera penitenciaria.

Quien quiera ser director de un penal pasará por el polígrafo.

Se aprobó la aplicación de los grilletes electrónicos.

Cárceles productivas, donde se trabaje con seguridad y respeto a la dignidad, pero también con reglas de conducta claras y la oportunidad de obtener la libertad con supervisión del Estado, mediante la vigilancia electrónica y conversión de penas o beneficios.

Fuente Andina

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