Era cuestión de tiempo nada más. El Consorcio La Libertad, que ganara la licitación de la obra del intercambio vial en el óvalo Grau -o simplemente By Pass del óvalo Grau-, le ha exigido a la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) dejar sin efecto la resolución firmada por el alcalde César Acuña que anuló todo el proceso que dio como ganador a dicho consorcio.
Como se recuerda, a través de una resolución de alcaldía N° 537-2013-MPT, del 26 de junio, Acuña determinó la nulidad del proceso de licitación de la obra, retrotrayéndolo al estado de actos preparatorios. El argumento para tal decisión estaba en la falta de disponibilidad presupuestal.
Ahora, el Consorcio La Libertad ha conminado a la MPT no solo a dejar sin efecto esa resolución que anula el proceso de licitación de la obra, sino a que además cumpla con suscribir el contrato por la ejecución de dicho proyecto hoy entrampado.
De acuerdo a información a la que este diario tuvo acceso, el consorcio advierte que, de no cumplirse sus solicitudes, entablará las respectivas acciones penales y civiles contra la MPT y los funcionarios que resulten responsables.
POR ESCRITO. Estos requerimientos ya se han hecho por escrito y a través de hasta tres cartas notariales enviadas al alcalde César Acuña, de las cuales, según Correo pudo conocer en virtud a información de fuentes de las empresas que integran el consorcio, hasta ahora la MPT no ha dado respuesta alguna.
Así, en la carta notarial del pasado 11 de julio enviada al alcalde de Trujillo, se lee: «Dejamos constancia que corresponde cumplir con la suscripción del contrato, ya que el consorcio obtuvo legítimamente la buena pro del proceso de selección. Por lo tanto es irregular e ilegal que vuestra entidad haya emitido la resolución indicada, incurriendo en diversas irregularidades e ilegalidades, que expusimos en nuestra carta de fecha 03 de julio de 2013 (…) sin haber tenido respuesta por vuestra parte hasta fecha».
PERJUICIO. El consorcio recalca en dicha carta notarial que esta nulidad del proceso «daría la apariencia de un mal uso de recursos destinados para la obra por parte de los funcionarios de la MPT», además de «una pésima conducción por parte de los funcionarios de los procesos de selección y una violación flagrante del Estado de Derecho».
Asimismo, añaden que «el accionar de la MPT contraviene las normas legales y le va a ocasionar no solo un perjuicio económico al Estado, sino que atenta contra el interés público de la comunidad de Trujillo».
