Para el contralor de la República Nelson Shack, la reforma institucional, que incluye el sistema de control, es una prioridad. Para realizarla, será necesaria la participación de los gremios, la sociedad civil, la academia y el empresariado local, asegura el funcionario.

“Hacia medianos o fines del mes mayo del 2018 estaremos presentando una nueva ley orgánica de control al Congreso de la República”, anunció durante el III Congreso de Infraestructura organizado por El Comercio, AFIN y El Dorado Investments.

Para Shack, esta reforma requiere, además, de una perspectiva ágil de gente especializada en cada proyecto. Siendo así, apuntó que el sistema nacional de control en el país está más enfocado, pues a pesar de que requiere de mucho trabajo y es costoso, logra muy pocos de sus objetivos.

Siendo así, afirmó que lo que se necesita no sólo es luchar contra la corrupción, sino también promover las obras y la ejecución de servicios que beneficien a la sociedad.

“La cosa es cómo idear un mecanismo con un nuevo enfoque sin obstruir o evitar un flujo eficiente de procesos de trabajo y decisiones que permitan generar los servicios públicos que nuestro proceso de desarrollo demanda”, indicó.

ESTRUCTURA

El contralor explicó que el sistema de control nacional se conforma por la Controlaría, las Oficinas de Control Institucional (OCI) –que existen en algunas instituciones locales y regionales-, y las auditoras.

En lo que respecto a la institución que lidera, aseguró que la lógica perversa que encontró al asumir el cargo hace dos meses ya está cambiando.

Por ejemplo, explicó que existe un bono para los trabajadores que cumplan ciertas metas de producción, lo que implica la existencia de informes.

“No hay informes de control si no hay desviaciones, entonces tengo a todo el mundo haciendo eso, aunque se traten de desviaciones absurdas”, explicó Shack.

Por ello, aseguró que trabajará para implementar la gestión por resultados en la que sólo se considerará un bono si el informe presentado logra generar una sanción real.

Además, indicó que en nuestro país el foco está puesto en las grandes obras, dejando de lado la conformación adecuada del sistema de control.

“El 91% de los municipios no tienen una oficina de control. […] Se supone que este sistema detecta un hecho irregular, pero en nuestro país ese tipo de cosas se han dado a conocer más por denuncias o por la prensa”, insistió.

Indicó, además, que la Contraloría no puede fiscalizar un proceso, obra o sistema que no conoce.

En ese sentido, criticó que la institución que dirige no cuenta con un grupo especializado en el control de Asociación Público Privadas (APP), y que los procesos de estas obras son revisados por un grupo de especialistas en obras públicas. Tras asegurar que estos dos modelos son significativamente distintos, resaltó la necesidad de contar con otro tipo de especialistas en la Contraloría.

“Tenemos 550 abogados, 150 administradores, 140 economistas. Con este equipo humano, ¿cómo hago para controlar las obras de descolmatación del Río Piura? Necesitamos también otros profesionales […] Vamos a contratar a 200 personas con especialidad temática”, apuntó.

Por otro lado, Shack dejó claro que si bien mejorarán su intervención en toda la cadena de desarrollo de un proyecto de infraestructura, no interferirán en la decisión del proyecto en sí. Es decir, la Contraloría no emitirá juicio de valor respecto a la complejidad o necesidad de realizar la obra.

“Quien decide qué obra se hace y en dónde es el Estado y los especialistas, no la Contraloría. Cuando la decisión esté tomada, allí nosotros entraremos a fiscalizar […] Si nosotros nos metiéramos en esa decisión, tendríamos que comenzar a pensar en quién controla al contralor”, aseguró.

CONTROL INTERNO

Shack aprovechó también su intervención para criticar la falta de oficinas de control interno en todas las entidades del Estado. “Mucha gente piensa que las OCI, que dependen de Contraloría, tienen toda la responsabilidad”, apuntó. Agregó, que cada entidad debe trabajar como lo hace el sector privado, aplicando sus propios mecanismos internos para reducir la discrecionalidad, mapear riesgos, elevar la calidad de sus procesos, entre otros.

Asimismo, calificó de inverosímil que un supervisor de una oficina estatal haga bien su trabajo si su sueldo depende del controlado. “Por ello, queremos en el 2018 y el 2019 todas las OCI de las entidades estatales pasen a depender administrativamente de la Contraloría”, apuntó.

Además, adelantó que busca también que las contralorías regionales dependan enteramente de la sede central cuando trabajen proyectos valorizados entre US$80 yUS$100 millones. Cuando se trate de proyectos de US$120 millones o más, serán auditados por un área especializada que se creará y operará en la sede central.“La idea es convertirnos poco a poco en un asesor externo que mira los riesgos y los alerta a tiempo”, finalizó.

DATOS

– En los períodos de los contralores anteriores, se identificó responsabilidad penal en más de 12 mil funcionarios. De ellos, sólo 36 terminaron presos, detalló Shack.

– En el mismo lapso de tiempo, sólo 560 funcionarios, menos del 3%, recibieron una sentencia condenatoria.

– Shack hizo hincapié en la transformación de la Contraloría. “Tendremos un enfoque más preventivo que sancionador”, detalló. En ese sentido, criticó la ausencia de la auditoría por desempeño.

Fuente El Comercio

2 Respuestas

  1. Jose Fernando Rivera Delgado

    Mientras piensan, se acomodan hasta mayo del 2018 la corrupcion sigue en las Municipalidades para consultorias menores a 8 IUT ya no es 10 ahora es 20, hasta las verificaciones municipales de obras privadas se negocean al mejor postor y siguen pensando no se hasta donde vamos a llegar con esta corrupcion

  2. Orlando Sosa

    Es muy importante lo indicado por el Contralor y que bueno que reconozca lo del “bono para los trabajadores que cumplan ciertas metas de producción, lo que implica la existencia de informes.
    “No hay informes de control si no hay desviaciones, entonces tengo a todo el mundo haciendo eso, aunque se traten de desviaciones absurdas”; pues los auditores se ven obligados a determinar al funcionario una responsabilidad administrativa y penal si o si, en algunas casos infundados, y llegando a extremos de mutilar párrafos o jurisprudencias a su conveniencia, que finalmente dejan mal a la institución.
    No tienen experiencia en gestión y eso hace que no tengan discrecionalidad en algunos aspectos que consideramos no ameritan una responsabilidad.