La Contraloría General denunció penalmente por el presunto delito de colusión a 26 funcionarios y tres representantes de un consorcio empresarial, quienes habrían concertado acciones para defraudar al Estado en la ejecución del tramo II de la Carretera Interoceánica Sur.
A través de una nota de prensa, informó que en una auditoría realizada al periodo Agosto 2005–Julio del 2015, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Oositrán), se detectaron presuntas irregularidades en perjuicio del Estado por US$180 millones 363 mil dólares.
La denuncia, presentada el 14 de marzo último, comprende a funcionarios y servidores públicos del MTC, su unidad ejecutora Provías Nacional, y del Ositrán
También incluye a representantes de la Concesionaria Interoceánica Sur – Tramo 2 S.A. (comprendida por Odebrecht, Graña y Montero, JJC Contratistas S.A. e ICCGSA) quienes han sido denunciados ante la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima.
La denuncia penal señala tres casos de presuntas irregularidades detectadas por la Contraloría General, a través de una auditoría de cumplimiento.
El primer caso es la presunta colusión entre los funcionarios del Estado y la empresa concesionaria para el pago injustificado y en exceso por tres obras o “soluciones técnicas” en las zonas de Hualla Hualla, Huaylloc y Ocongate, solicitadas por la concesionaria y que fueron aprobadas y pagadas por las entidades del Estado, pese a que no cumplían con los requisitos técnicos, lo que habría ocasionado un perjuicio por más de US$ 101 millones 747 mil, incluidos intereses y reajustes.
El segundo caso, agregó, es la presunta concertación entre representantes del MTC (Provías Nacional) y la concesionaria para el pago directo de 83 precios unitarios, a través de un “trato directo” por supuestas controversias.
En ese trato directo se incluyeron y aprobaron incrementos de costos de insumos y disminución de rendimientos de equipos, ajenos a la materia de la supuesta controversia, que fue aprobado por Ositrán y que habrían ocasionado un perjuicio económico por más de US$ 57 millones 389 mil.
Por último, el tercer caso denunciado es la colusión entre funcionarios y la concesionaria para la suscripción de una adenda que incrementó de 27% a 35% los gastos generales del presupuesto del proyecto referencial.
Dicho incremento, de acuerdo al organismo de control, significó un costo de inversión adicional de US$ 19 millones a favor de la concesionaria, para lo cual el Estado realizó una operación de endeudamiento externo con la Corporación Andina de Fomento-CAF que, por intereses y comisiones, sumaron US$ 2 millones más.
“En total, la presunta colusión en este caso habría ocasionado al Estado un perjuicio por más de US$ 21 millones, que incluye US$ 1 millón 822 mil, por interés del pago del saldo pendiente de deuda”, señaló la institución.
En su denuncia penal, la Contraloría solicita a la Fiscalía considerar que se incluya en la denuncia penal a otros funcionarios de las entidades mencionadas y el embargo de bienes de propiedad de los denunciados por la suma total de US$ 200 millones.
Fuente Andina
