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Contraloría denunció a 154 funcionarios por presuntos delitos en agravio del Estado

Contraloría denunció a 154 funcionarios por presuntos delitos en agravio del Estado

cgr082012De un total de 344 autoridades y funcionarios identificados durante el 2011

Lima, ago. 15 (ANDINA). La Procuraduría Pública de la Contraloría formalizó denuncia penal contra 154 autoridades, funcionarios y exfuncionarios estatales que habrían incurrido en presuntos delitos contra la administración pública, informó hoy el organismo de control.

Los denunciados son parte de un total de 344 autoridades, funcionarios y servidores públicos que durante el 2011 fueron identificados por tener una supuesta responsabilidad penal o civil, al no haber cautelado los bienes o recursos del Estado, que se les había confiado para su administración.

Después de evaluar rigurosamente los informes de auditoría se formalizó la denuncia penal respectiva contra 154 de ellos.

Los presuntos delitos que se han detectado con mayor frecuencia son la negociación incompatible o el aprovechamiento indebido del cargo; la apropiación indebida de bienes o recursos, tipificada como peculado o peculado doloso, y la falsedad ideológica.

Entre los denunciados penalmente figuran los integrantes o exintegrantes del comité especial que se encargan de los procesos de selección, alcaldes y exalcaldes, así como jefes de abastecimiento.

Reparación económica

La Procuraduría Pública también demandó por la vía civil a 190 funcionarios y exfuncionarios para obtener una indemnización a favor del Estado, a fin de reparar el daño económico ocasionado por la negligencia o falta de diligencia en el manejo de los bienes o recursos públicos.

En este caso, las autoridades que han sido demandadas con mayor frecuencia son regidores y exregidores, seguidos de alcaldes y exalcaldes, así como gerentes municipales y exgerentes municipales.

La Contraloría señaló que su acción no sólo contribuye a garantizar que los recursos públicos sean utilizados de manera transparente y eficiente, sino que también defiende en los tribunales los intereses del Estado cuando se detecta un perjuicio económico o presuntos delitos penales en la administración pública, durante las auditorías realizadas.

Fuente Andina

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