La responsabilidad penal de cualquier inculpado se demuestra en juicio y con garantías del debido proceso. Sin embargo, si bien prevalece la presunción de inocencia, la opinión pública saca sus conclusiones a partir de la relevancia de ciertos indicios de responsabilidad como viene ocurriendo con el ex presidente Toledo. A partir de este caso y de otros (la ex primera dama Nadine Heredia y allegados al ex presidente García) hoy es una percepción ciudadana extendida que durante los gobiernos democráticos que sucedieron al de transición de Valentín Paniagua habría habido corrupción a alto nivel. Tres conclusiones preliminares sobre esto.
Primero, lo obvio: la corrupción no es monopolio de un gobierno dictatorial o autoritario, ocurre en un gobierno democrático, de izquierda o de derecha. No puede servir de consuelo, pero es un hecho que hay corrupción de distinta envergadura en prácticamente todos los países (y no solo entre “subdesarrollados”).
Pero en algo importante sí hay una diferencia radical entre una dictadura y una democracia: en esta la corrupción sí puede ser investigada y sancionada como la experiencia lo ha demostrado y está demostrando ahora. Nadie dudaría hoy, por ejemplo, de la independencia y honorabilidad del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, o del presidente del poder judicial, Duberlí Rodríguez, para conducir sus instituciones en los actuales proceso anticorrupción. Gran punto a favor.
Segundo, la generalizada percepción de que “todos los políticos son corruptos”; en algunas encuestas del año pasado llegaba a cerca del 80% de la población. Esta es una constatación alarmante, pues afecta seriamente la legitimidad de la autoridad democrática que el pueblo soberano sienta que sus representados son corruptos. Gran punto en contra.
Tercero, hay serias responsabilidades políticas en las actuales debilidades institucionales para prevenir y enfrentar la corrupción; esa responsabilidad está en los tres gobiernos democráticos que siguieron al gobierno de transición. Lejos de seguir el impulso de la transición, en el espíritu y acción de enfrentar la corrupción pasada y prevenir la futura, se le bajó la llanta a la extraordinaria dinámica de la transición democrática.
Dos ejemplos. El gobierno de transición creó un grupo plural y representativo para diseñar una estrategia nacional anticorrupción, la Iniciativa Nacional Anticorrupción. Hicieron un trabajo estupendo que se nutrió de una amplia convocatoria a distintos sectores institucionales y sociales. Recomendaron 124 medidas clarísimas y fundamentales.
Se entregó el informe y recomendaciones a Paniagua y Toledo en ceremonia pública en julio del 2001. ¿Qué pasó luego? Los miles de ejemplares de ese esfuerzo nacional quedaron en el Ministerio de Justicia en el que me sucedió Fernando Olivera y se hicieron humo. Nunca más se supo de ellos ni de las 124 recomendaciones y de la estrategia nacional anticorrupción diseñada no por un técnico sino fruto de un esfuerzo nacional relevante. Otra hubiera sido la historia si al menos la mitad de esas recomendaciones se ponían en marcha.
Otro ejemplo: el sistema judicial y del Ministerio Público. En los escasos ocho meses del gobierno de transición se dieron pasos sin precedentes para fortalecer el sistema de justicia. Ese impulso no fue retomado. La lentitud del sistema judicial continúa, el altísimo porcentaje de presos sin condena no baja y su legitimidad es reducida. En paralelo, países como Ecuador le metieron a la justicia más de 600 millones de dólares y se cambiaron radicalmente índices de temas como esos.
Con algo de tardanza, luego de casi siete meses de gobierno –“más vale tarde que nunca”– el presidente Kuczynski anunció el domingo algunas medidas que, en líneas generales, están bien orientadas. Bueno. Pero falta aún una estrategia para una reforma de la justicia en serio que vaya más allá de la coyuntura y para que podamos concluir que, al fin, se está superando el bache de la relativa inacción de tres gobiernos sucesivos.
Fuente La República
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