A partir del 2018 las empresas serán responsables penalmente de nuevos delitos por corrupción. Para evitar responsabilidad o atenuarla, será necesario contar con un plan de cumplimiento que evidencie que se adoptó un modelo de prevención adecuado “a su naturaleza, riesgos, necesidades y características, consistentes en medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir los delitos o para reducir significativamente el riesgo de su comisión [del delito]”, explicó José Caro John, socio del estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados.
El especialista agregó que los programas de cumplimiento deben incluir un análisis de riesgos y un plan de acción. Luego, se debe implementar un manual de prevención con códigos de conducta, donde se fija una “cultura de cumplimiento [de normas]”.
Sin embargo, aún el gobierno no publica el reglamento de la ley local sobre lucha contra la corrupción, por lo que no existe detalle del contenido exacto que se exigirá que estos planes tengan. Mientras tanto, una buena referencia para elaborar este plan es la norma internacional ISO 37001, sobre anticorrupción, emitida en diciembre del año pasado, opinó Caro John. “Este es el referente fundamental porque es el producto de las aportaciones de Transparencia Internacional, la OCDE y la comisión anticorrupción. […] Sirve de fuente normativa para las políticas de cumplimiento”. Aún el gobierno no emite el reglamento de la ley local.
DONACIONES
La práctica de donaciones también podría generar responsabilidad penal. En ese sentido, para Caro lo fundamental es que la empresa establezca como condición fundamental que la entidad que recibe la donación deba respetar la finalidad para la que va dirigida la donación, mediante informes o reportes periódicos, de cómo se va administrando lo donado.
Entre los errores más comunes que cometen las empresas al momento de hacer donaciones y que podrían derivar en delito de corrupción, está la donación hecha sobre la base de confianza que puedan tener con un funcionario de las instituciones benéficas y no establecer los niveles de información o de rendimiento de cuentas.
Fuente El Comercio
