En una entrevista a Estadao, Sergio Moro ( el juez federal a cargo del famoso caso Lava Jato), mencionó que lo que más le había impactado de todas las revelaciones que había escuchado, era la dimensión de la corrupción. Y el hecho de que esta había cambiado. Ya no era la excepción sino que había pasado a ser la regla. Y si bien sabía de los crímenes de cuello blanco, de los desvíos de los fondos públicos, de las ganancias del sector privado y del enriquecimiento de los funcionarios públicos; lo que lo sorprendió fueron las magnitudes; lo extendida y sin límites que era la corrupción en su país.
En el caso peruano, cuando se detectan casos de corrupción dentro de una determinada institución, la respuesta más socorrida es asegurar que se tratan de casos aislados, que no tienen por qué afectar a la institución en su conjunto. Sin embargo esto cada vez más está dejando de ser la excepción para acercarse a ser la regla.
Lamentablemente si uno revisa las condenas y acusaciones de corrupción; de arriba a abajo, la situación es descorazonadora. Es así que la situación a nivel de los presidentes de la República; presidentes regionales y de gobiernos locales, se encuentra en la línea de la tendencia anteriormente descrita. Empezando por los 5 presidentes vivos (1 en ejercicio y 4 en retiro) , uno está preso, otro acusado por el presunto delito de lavado de activos por el caso Ecoteva; otro salvado por la campana, por el momento ; y el último ha sido acusado, conjuntamente con su esposa, de liderar una presunta organización criminal que habría lavado dinero a través del Partido Nacionalista Peruano . En lo referente al Presidente en ejercicio, recién tiene poco más de 3 meses en el cargo, por lo que todavía no existen suficientes elementos de juicio para opinar.
Sobre los Gobiernos regionales, 22 de los 25 presidentes regionales afrontan denuncias por corrupción. A nivel de los gobiernos Locales la situación no mejora. Tenemos al Alcalde de Lima que está siendo investigado por corrupción en la Línea Amarilla, obra realizada por OAS, cuyo Presidente Ejecutivo ha sido condenado por corrupción y lavado de activos en Brasil. El ex Alcalde del Callao (Kouri) ya se encuentra preso por corrupción. En el caso del ex alcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, se ha solicitado ampliar su prisión por 18 meses porque según el fiscal provincial existen indicios razonables que lo implicarían a él y su grupo en graves delitos, como asociación ilícita para delinquir, lavado de activos, corrupción de funcionarios y peculado. Y podemos seguir con una serie de condenas e investigaciones a ex alcaldes de ciudades de menor nivel económico.
Es por ello que según la última Encuesta Anticorrupción que lleva a cabo Proética, la ciudadanía considera que el principal problema del Estado es la corrupción. Y el 78% piensa que la misma se ha agravado en los últimos 5 años. Y para mayor preocupación, el mayor nivel de corrupción se encuentra precisamente en las instituciones encargadas de combatirlo (El Congreso, el Poder Judicial y la Policía Nacional).
Sin embargo, todo parece indicar que la situación podría complicarse aún más a corto plazo, antes de (esperamos) mejorar. Nos estamos refiriendo a la noticia difundida por los medios en el sentido que Jorge Barata, el máximo representante de Odebrecht en el Perú en los últimos 25 años, se ha acogido en Brasil a la Delación Premiada. Por lo que sus declaraciones, que fundamentalmente serían sobre su labor en el Perú, podrían comprometer a un amplio espectro de instituciones y personas; ya que dicha empresa habría extendido sus redes no solo nivel del Estado (Presidentes; gobernadores Regionales y Locales; Parlamento; poder Judicial, ministros, empresas públicas, organismos reguladores y fiscalizadores, etc) sino a nivel del sector privado (socios, contratistas; gremios empresariales, universidades, periodistas, etc). Y como la corrupción no distingue colores políticos, el espectro sería ancho y ajeno. Por lo que se espera que el Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, etc se preparen con anticipación y con personal debidamente calificado para estar a la altura del desafío que se nos viene.
Asimismo resulta imprescindible que la ciudadanía esté plenamente consciente que la lucha contra la corrupción es una tarea de todos. Sin embargo se debe de considerar que la población ya está cansada de las salidas de corto plazo, como la formación de una comisión para tapar el caso Moreno. El tema de la corrupción está sobrediagnosticado pero subejecutado. Por lo que la población demanda hechos y no palabras.
Fuente Diario Gestión – Manuel Romero Caro
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