¿Cómo se explican las diferencias en los niveles de corrupción política entre los países? ¿Por qué es la clase política latinoamericana más corrupta que, por ejemplo, la de Europa occidental? Estas son, ciertamente, preguntas complejas cuyas respuestas incluyen, entre otros, factores socioeconómicos e institucionales. Sin embargo, una de las explicaciones más utilizadas para entender la corrupción pone énfasis en la cultura cívica de las naciones. Los políticos son un reflejo de su sociedad, es decir, de sus votantes. Donde los ciudadanos toleran, y hasta alimentan la corrupción en la vida cotidiana, los políticos actúan de la misma manera.
A primera vista, América Latina –el Perú incluido– parece ser el caso paradigmático de una cultura cívica que tolera la corrupción. Nuestros países están plagados de políticos y partidos que renacen como el ave Fénix tras haber sido acusados, y en muchos casos, condenados por prácticas corruptas. Si en Alemania, por citar solo un ejemplo, el ministro que plagia parte de su tesis doctoral pierde el cargo –y ve su carrera política finalizada–, en nuestra región los políticos se aferran al puesto por cosas mucho peores y en la siguiente elección son a menudo reelegidos. “Que robe mientras haga obra”.
Pero ¿es la historia así de simple? No del todo. Los latinoamericanos, como los ciudadanos de cualquier parte del mundo, queremos buen gobierno y, más aún, queremos presidentes comprometidos con la lucha anticorrupción. Así parecen sugerirlo las encuestas. Según data del Latinobarómetro, cuando los ciudadanos perciben progresos en materia de corrupción premian a sus presidentes con mayores índices de aprobación. El progreso en la lucha contra la corrupción parece ser uno de los predictores más claros de la aprobación presidencial en América Latina.
Vayamos concretamente a la data. Desde el año 2004, Latinobarómetro hace la siguiente pregunta: “¿Cuánto cree usted que se ha progresado en reducir la corrupción en las instituciones del Estado en los últimos dos años?”. A su vez, la encuesta pregunta por la aprobación presidencial. Con estas dos variables se puede hacer un modelo estadístico para entender si el progreso en la lucha contra la corrupción y la aprobación presidencial están relacionadas. Los resultados indican que en el promedio de la región, la aprobación presidencial es como mínimo 19 puntos porcentuales más alta entre los encuestados que perciben progresos en la lucha contra la corrupción –en la encuesta del año 2005– y como máximo 27 puntos –en la del 2009–. En el caso peruano el mínimo es seis puntos en el 2004 –durante la presidencia de Toledo– y el máximo 22 puntos en el 2013 –en el gobierno de Humala–.
¿Cómo se entienden estos resultados? La interpretación optimista sugiere que, efectivamente, quienes perciben progresos en el combate a la corrupción aprueban más la gestión gubernamental. Sin embargo, cuando se analiza el comportamiento individual –es decir, la data de encuestas– existe la posibilidad de que la relación causal vaya en la dirección opuesta. En este caso concreto significaría que quienes aprueban al presidente serían más propensos a pensar que ha habido avances en la lucha contra la corrupción, mientras quienes rechazan la gestión presidencial tenderían a opinar que no hay avances reales. Sin duda una interpretación poco alentadora.
Entender estos resultados en profundidad es sumamente importante para dilucidar hasta dónde puede llegar la lucha anticorrupción. Si la interpretación optimista tuviera base real, significaría, por ejemplo, que un presidente elegido en un contexto de corrupción generalizada podría fortalecer su base de apoyo haciendo de la lucha contra ese flagelo su principal bandera. En cambio, si la interpretación pesimista estuviera en la dirección correcta significaría que, independientemente de si los avances en la lucha contra la corrupción son reales, sus partidarios igual considerarían que ha habido progresos, mientras que sus detractores opinarían lo contrario.
¿Qué significa todo esto en la coyuntura de esta hora? El debate sobre la corrupción de las megaobras públicas va a estar en el centro de la agenda mediática y política durante buena parte de la presidencia de Kuczynski. Si como sugiere la interpretación negativa los ciudadanos no son permeables a la realidad, no hay mucho que pueda hacer el presidente. Pero en su situación actual –29% de aprobación en caída, según GFK– el presidente no tiene mucho que perder. En el contexto actual es clave demostrar competencia en la lucha contra la corrupción. El acuerdo nacional anticorrupción que se le viene exigiendo al mandatario parece ser un excelente punto de partida. Kuczynski tiene, potencialmente, mucho que ganar.
Fuente El Comercio
