La Procuraduría Pública Municipal, realizó una denuncia formal contra un proveedor y los funcionarios de la comuna de Tumbes que resulten implicados en el caso de la demolición de una estructura de la ex base de serenazgo, sin el permiso correspondiente.
La denuncia está dirigida contra el ciudadano Ronald Ramírez Vilela, proveedor frecuente de la Municipalidad Provincial de Tumbes (MPT) y los gerentes de las áreas de administración y abastecimiento, quienes presuntamente también están comprometidos.
La Fiscalía Penal Corporativa de Tumbes, es la entidad encargada de llevar el proceso, por lo que deberá iniciar las investigaciones preliminares.
DELITOS. Los delitos por los que se les acusa son daños y omisión de actos funcionales.
El procurador público municipal, Giancarlo Herrera Arévaló, especificó que los funcionarios de la entidad edil, han omitido lo que establece la ley N°30225 de contrataciones del Estado, además del artículo 21° del decreto legislativo N°276, perteneciente a la ley de bases de la carrera administrativa.
Herrera Arévalo recordó que entre las obligaciones de los servidores municipales está el cumplimiento personal y diligentemente de los deberes que impone el servicio público, salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos; además, de conocer exhaustivamente las labores del cargo y capacitarse para un mejor desempeño; así como informar a la superioridad de los actos delictivos o de inmoralidad cometidos en el ejercicio de la función pública.
Con respecto al ciudadano Ronald Ramírez, en la denuncia es sindicado como el presunto proveedor, quien dio la orden a los obreros sin contar con la autorización de la Alta Dirección. En ese sentido, el procurador Giancarlo Herrera detalló que habría incurrido en el tipo penal de daños, por haber destruido las instalaciones de la ex base de serenazgo, cuyo titular es la municipalidad de Tumbes
PERJUICIO. Giancarlo Herrera, mencionó que tras la demolición del ambiente de la MPT se ha producido un perjuicio económico, por lo que precisó que a medida que avance el proceso judicial se solicitará un monto de reparación.
“Teniendo la cualidad de actor civil ya se podría iniciar con esos trámites”, expresó Herrera Arévalo.
Reiteró que solo es cuestión de tiempo para que se avancen con las investigaciones y formalizar el pedido de reparación económica.
¿QUÉ PASÓ? El primero de junio un grupo de funcionarios de la MPT se apersonó hasta la ex base de serenazgo, ubicada en el malecón Benavides.
Entre las autoridades estaban los regidores, Javier Moquillaza Herrera, Robert Dolmos Peña y Katherine Valdez; así como el jefe del Órgano de Control Institucional (OCI), Dany Ortiz Luna; el subgerente de serenazgo, Santos Cruz Medina; el subgerente de abastecimiento, César Noblecilla Jiménez y el subgerente de la policía municipal, Walter Ruíz Morán.
Los referidos constataron que ya se estaba ejecutando el servicio denominado “Acondicionamiento de las oficinas de la sugerencia de registro civil de la MPT en la ex base de serenazgo – Parque El Beso – malecón Tercer Milenio”.
Al revisar el interior de la estructura, se dieron con la sorpresa que, incluso, se había procedido con la demolición de uno de los ambientes.
INFORMES. Advertido de los hechos, el jefe del OCI, Dany Ortiz Luna, procedió a levantar tres actas de verificación.
En la primera acta elaborada el mismo primero de junio en la oficina de Obras Públicas, se especifica que mediante la resolución de gerencia municipal N° 547-2017- GM- MPT, emitida el 26 de mayo del presente año, se aprobó el expediente técnico del servicio antes mencionado, cuyo monto de referencia asciende a S/32,217.00. Además, al reverso de la página de la resolución, la gerencia de desarrollo rural y urbano, a cargo del ingeniero Yack Leiva Bringas, dispuso a la gerencia de obras, designar un inspector para supervisar los trabajos.
Horas más tarde, el jefe de OCI, levantó la segunda acta en la ex base de serenazgo.
El mencionado informe da cuenta que se habían ejecutado “trabajos de demolición de una parte de las mesas de concreto armado y muros de albañilería”.
Además, hace mención que el material, producto de la demolición, se encontraba disperso en el mismo lugar.
En su momento, el subgerente de serenazgo, Santos Cruz Medina, mencionó que “el trabajo estaba a cargo de un operario” y las labores fueron iniciadas desde el pasado 25 de mayo, fecha en la cual el proceso final de adjudicación del servicio no había iniciado.
En la última acta se entrevistó al subgerente de abastecimiento, César Augusto Noblecilla Jiménez, quien aseguró que en su despacho no existía ni siquiera un requerimiento de servicio en los ambientes de la exbase de serenazgo.
“Este hecho evidenciaría que no se llevó acabo un procedimiento administrativo”, afirmó el procurador municipal, Giancarlo Herrera Arévalo.
CUESTIONAMIENTO. Los regidores de oposición, Robert Dolmos, Javier Moquillaza y Katherine Valdez, arremetieron contra el alcalde Manuel De Lama, por continuar protegiendo a los funcionarios de confianza que vienen “desempeñando una labor deficiente”.
Vale recordar, que hace unas semanas el burgomestre de Tumbes dejó entrever que los regidores también estaban comprometidos en el caso de la demolición, ya que según refirió, fueron ellos los primeros en alertar los hechos.
Por su parte, uno de los cuestionamientos que efectuó el regidor Moquillaza, fue que a pesar de que cerca del lugar está instalada una cámara de vigilancia, no se ha podido acceder al vídeo, porque aparentemente la cámara no habría registrado los hechos.
A su turno la fiscalizadora Valdez Zapata manifestó que el alcalde Manuel De Lama pretende “defender lo indefendible”, en alusión a sus funcionarios de confianza, agregó que solo espera que el Ministerio Público realice un buen trabajo.
Fuente Diario Correo
