La Contraloría General de la República detectó presuntas irregularidades en la construcción del intercambio vial del óvalo Grau de la ciudad de Trujillo, que habrían ocasionado un perjuicio económico contra la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) por 1 millón 827,353.66 soles.

Así lo revela el informe N° 23 que resume la auditoría de cumplimiento, proceso de selección, ejecución y supervisión que ejecutó la Contraloría en dicha obra.

Detalla que se trata de las valorizaciones N° 9 y 11, que tienen que ver con la instalación de 2,400 unidades cintas Led Video Tube Al 16 Pixes, que el consorcio Libertad tenía que instalar en los muros ubicados en los exteriores laterales del puente, a pesar de que estaba contemplado en el expediente técnico contractual. Pero nunca lo hicieron.

Lo que sí halló el comité auditor de la Contraloría fueron seis luminarias tipo Led Wall Washer instaladas en la zona inferior del perímetro de la estela marina, dispositivos que no forman parte del expediente técnico aprobado por la MPT ni están contenidos en los planos posconstrucción.

Pese a estos incumplimientos en la obra, la actual gerente de Obras Públicas de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Liz Arroyo Rubio, declaró como conforme la liquidación de la obra, razón por la cual la Contraloría recomendó que se inicie acciones legales contra ella. El Concejo Provincial de Trujillo decidió el último miércoles autorizar al área legal iniciar las acciones correspondientes contra la funcionaria.

Más involucrados

Pero esta funcionaria no es la única que tendrá que responder por estas irregularidades, la Contraloría recomendó además que se inicie acciones legales contra otras 19 personas, entre ellas destaca el actual gobernador regional de La Libertad, Luis Valdez Farías, quien en ese entonces se desempeñaba como gerente general de la MPT. Cabe precisar que dicha obra fue ejecutada durante la gestión del exalcalde de Trujillo, César Acuña Peralta.

Para la Contraloría, Luis Valdez Farías, en ese entonces gerente general de la MPT, solicitó a Pedro Chalén Costa, ex gerente de Planeamiento y Presupuesto, otorgue la disponibilidad y la certificación presupuestal para la ejecución de la obra con un valor referencial de 48 millones 998,777.58 soles, sin antes tener la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Asimismo, de la revisión documentaria, se determinó que se aprobó el expediente de contratación de la obra y se convocó a proceso sin contar con la disponibilidad presupuestal.

También detectó la no vigencia de fiel cumplimiento y presentación de garantías -cartas fianza- no fidedignas para el otorgamiento de adelantos de los pagos.

Además de cambios de profesionales, así como cambios de partidas e incluso el ya detallado pago por una partida no ejecutada. De acuerdo a la Contraloría, todo esto afectó los principios que rigen las contrataciones y ha ocasionado perjuicio económico a la MPT.

Más observaciones

Otra observación está relacionada a la propuesta técnica del postor consorcio La Libertad, a quien se le otorgó un puntaje que no correspondía (4 puntos), ya que no cumplió con el factor “experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto”, establecido en las bases integradas. Así accedió a la evaluación de su propuesta económica y luego se le adjudicó la buena pro, a pesar de que en esa instancia ya existía una solicitud de nulidad presentada por otro postor, pero que no fue tramitada.

Asimismo, según Contraloría, los funcionarios no exigieron al consorcio La Libertad la renovación de una de las dos cartas fianza presentadas como garantía de fiel cumplimiento, por lo que el contrato no estuvo garantizado hasta su liquidación final por el monto de 4 millones 801,842.50 soles, que representa el 10 por ciento del monto ofertado.

De esta manera se evidencia que durante el periodo 30 de diciembre de 2014 hasta el 6 de mayo de 2015, la MPT solo contó con una garantía por 2 millones 481,801.00 soles.

Luego de todo ello, la MPT otorgó al contratista el adelanto directo y de materiales, sin siquiera verificar la veracidad de las garantías presentadas.

Cambios irregulares

El órgano de control indica también en su informe que durante la ejecución contractual se autorizó y permitió el cambio de profesionales conformantes de la propuesta técnica del contratista para el desempeño de las funciones de residente de obra, asistente de residente, administrador de obra y especialista en instalaciones electromecánicas.

Esto, sin considerar que los profesionales que los sustituyeron no acreditaban calificaciones profesionales iguales o superiores al personal que reemplazaban.

Además, se consintieron cambios en partidas contractuales relacionadas con el sistema de iluminación sin aprobar modificaciones de la propuesta técnica ni los respectivos adicionales y deductivos vinculantes que correspondían.

Por último, se suscribió el contrato con el consorcio La Libertad, a pesar de que su propuesta económica fue la más onerosa (S/48 millones 018,410.03), pues excedió en 1 millón 959,935.66 soles a la propuesta económica del postor Constructores Taboada Ramos, que ocupó el segundo lugar. Su propuesta fue de 46 millones 058, 474.37 soles.

Comprometidos

Según el informe de la Contraloría, los otros exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de Trujillo involucrados en estas supuestas irregularidades son: Daniel Valdivieso Saavedra, personal de gerencia de Obras Públicas; Alexis Larriera Castro, gerente de Obras Públicas, Edilberto Ñique Alarcón, Orlando Urtecho Vera, presidente del comité especial a cargo del proceso.

Guiliana Tirado García, integrante del Comité Especial; Roberto Salazar Alcalde, integrante del comité especial; Marco Pino Arnas, gerente de Supervisión y Liquidación de Obras; y Luigui Moya Avalos, integrante del comité de recepción de obras.

Asimismo, Richard Saucedo Paredes, integrante del comité de recepción de obras; Eduardo Espino Quintanilla, del comité de recepción de obras; y Jorge Delgado Peña, personal de la subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras.

Francisco Huyra Aguilar, jefe de Supervisión, y Rolando Rojas Álvarez, de la subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras; Nelson Loza Chávez, gerente de Asesoría Jurídica; y Guillermo Solar Ugaz, subgerente de Tesorería.

Fuente Andina