El último sábado, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dictó 18 meses de prisión preventiva contra el gobernador regional del Callao, Félix Moreno, por presuntamente haber solicitado el pago de US$4 millones a la empresa Odebrecht a cambio de encargarle la construcción de la vía Costa Verde-tramo Callao.
Con ello, Moreno se une a una larga lista de (ex) gobernadores regionales acusados (como César Álvarez de Áncash, Kléver Meléndez de Pasco y Gregorio Santos de Cajamarca) o condenados (como Álex Kouri del Callao, Yván Vásquez de Loreto, Gerardo Viñas de Tumbes, Jorge Velásquez de Ucayali, Wilfredo Oscorima de Ayacucho, Waldo Ríos de Áncash) por cometer delitos en su paso por la administración pública.
Si a esa relación le sumamos las cabezas de los gobiernos locales investigadas o sentenciadas por aprovecharse de un cargo público, lo ocurrido en el Callao parece apenas una raya más al tigre. Como recordábamos hace unos días, según un informe de la Procuraduría Anticorrupción del 2014, el 92% de los alcaldes que en ese momento estaban en funciones en todo el país era investigado por delitos como peculado, malversación de fondos, negociación incompatible o colusión.
No se tiene que ir muy lejos para encontrar a la madre del cordero. Desde la aprobación de las normas que guiaron el proceso de descentralización en el 2002, los recursos y potestades de las regiones se multiplicaron. Entre el 2007 y el 2017, por ejemplo, el presupuesto de los gobiernos regionales y locales pasó de S/17 mil millones a S/36,9 mil millones. Pero esta transferencia de partidas y funciones no estuvo acompañada de la debida capacitación y fortalecimiento de las instituciones que debían fiscalizar y controlar el uso del dinero público. Como resultado, las ocasiones para promover el desarrollo regional han sido tantas como las oportunidades que han tenido el crimen y la corrupción.
En efecto, según un informe de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, el promedio anual de sentencias condenatorias a funcionarios por corrupción entre el 2010 y el 2016 fue de 974, excluyendo a Lima. Y si contamos a la capital, el número asciende a 1.484. El número total de investigados es mucho mayor. Un informe de la Unidad de Análisis de Información de la Procuraduría Anticorrupción publicado en el 2016 indicaba que esa entidad tiene 30.913 casos de corrupción en trámite.
Visto en detalle, el mismo informe nos muestra la gravedad del asunto. Y es que las entidades que persiguen los delitos contra la administración pública no cuentan con los recursos suficientes para lidiar con la carga procesal que enfrentan. En Áncash, por ejemplo, donde sus tres últimos gobernadores regionales (César Álvarez, Waldo Ríos y Enrique Vargas) se encuentran en prisión, condenados o acusados penalmente, ocho procuradores anticorrupción (cinco en Chimbote y tres en la ciudad de Huaraz) deben repartirse 2.689 casos por investigar. El Callao, donde los líderes políticos máximos –Álex Kouri y Félix Moreno– que estuvieron al mando del gobierno regional y la alcaldía provincial durante los últimos 20 años también se encuentran en la cárcel, tiene a solo dos procuradores para este tipo de investigaciones. El panorama no mejora si se revisan las capacidades de los órganos locales y regionales de inversión pública y privada, y los órganos de control interno.
En un país de instituciones débiles y en el que no existen partidos consolidados que respondan por sus candidatos distritales, provinciales y regionales, los gobiernos subnacionales se han convertido en un botín para malos funcionarios. La solución, desde luego, no pasa por regresar al modelo de control centralista, sino empoderar y dotar de recursos a las entidades encargadas de vigilar el manejo del presupuesto público para poder instaurar un control real en las regiones. Mientras esto no ocurra, como dice el refrán: abierto el cajón, convidado está el ladrón.
Fuente El Comercio
