Pese a que la corrupción desplazó hace tiempo a la inseguridad ciudadana en las encuestas como el principal problema en el país, el balance de las acciones para prevenirla y combatirla, por parte de nuestras autoridades, no es muy alentador.

Y es que de las 100 recomendaciones que en diciembre del 2016 presentó la Comisión Presidencial de Integridad con esta finalidad, 70 no se han implementado aún, ya sea por el Ejecutivo, el Congreso o el sector empresarial. En tanto, 30 sí fueron consideradas en los decretos legislativos que emitió el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, aunque 17 de ellas de manera parcial y solo 13 en forma plena.

Esto según el primer informe del denominado Observatorio de Integridad, que se formó, precisamente, para hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de la comisión, la cual en su momento creó el presidente Kuczynski tras el escándalo de corrupción que protagonizó su ex asesor Carlos Moreno.

Entre las recomendaciones adoptadas plenamente, figuran el impedimento a condenados por corrupción para trabajar en el Estado, así como la supervisión de las cooperativas de ahorro por parte de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), a fin de combatir delitos como el lavado de activos.

Otro logro fue la inclusión de cláusulas anticorrupción en los contratos de grandes obras para evitar casos como el de Odebrecht.

Entre las medidas que se adoptaron parcialmente, está la publicación de la declaración de intereses por parte de altos funcionarios. Sin embargo, el Ejecutivo no incluyó en su pedido de facultades la ley que obliga su cumplimiento.

Y si bien el Gobierno creó la Autoridad Autónoma de Transparencia, el observatorio considera que su diseño no ofrece garantías de autonomía y en la práctica las entidades seguirán actuando a discreción.

 –En la cancha del Congreso–

Asimismo, sigue pendiente de aprobación en el Congreso la prohibición para participar en elecciones a personas condenadas por delitos graves como lavado de activos, terrorismo y trata. Es decir, tal como está la norma, las excarceladas senderistas Maritza Garrido Lecca y Martha Huatay podrían participar en las elecciones del próximo año.

El secretario general de Transparencia, Gerardo Távara, dijo a este Diario que si bien hay interés de las autoridades en dar medidas anticorrupción, este es “intermitente”, por lo que las instituciones del Observatorio de Integridad (además de ellos, Proética y las universidades Pacífico y Católica) esperan una mayor constancia.

“Y no solo cuando ocurre una denuncia, una nueva delación de Jorge Barata, o cuando hay encuestas”.

Agregó que en ese esfuerzo deben confluir todos los poderes del Estado, con el respaldo de la sociedad civil.

Fuente El Comercio

Una Respuesta

  1. Jose Fernando Rivera Delgado

    Los Gerentes de la Municipalidades y los Alcaldes cobran (20%) por dar consultorias hasta 8UIT esto se ha generalizado, hasta ahora no hay ninguna norma que ayude a bajar el nivel de corrupcion es indignante que no hagan nada.