Los responsables de la compra a Bielorrusia de 36 aeronaves de guerra MiG-29 y Sukhoi-25 por 402 millones de dólares, uno de los casos de corrupción más emblemáticos del régimen de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, finalmente deberán responder por sus actos ante la justicia.
La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema dispuso que la Corte Superior de Lima designe al tribunal para que juzgue y sancione a quienes resulten acusados por un acto que se produjo en el contexto del conflicto con Ecuador, entre 1996 y 1997.
Fujimori, Montesinos y la cúpula militar simularon una licitación para encargar directamente la adquisición de las aeronaves a un grupo de empresarios, entre los que destacaban Moshe Rothschild, Enrique Benavides y Claus Corpancho, conocidos porque pagaban millonarias coimas a cambio de contratos de venta de armamento. Estos negociantes a su vez abonaban jugosos sobornos a Montesinos, quien tenía bajo su control las compras militares.
Lo grave de la operación fue que los MiG-29 eran de segunda mano, no contaban con stock de motores ni con modernas armas y tampoco ofrecían seguridad de mantenimiento y repuestos.
Entre los que volverán al banquillo están Julio Valencia Rosas, Enrique Benavides Morales, Moshe Rothschild Chassin, Fernando Medina Luna, Gerald Krueguer Dizillo, entre otros.
Interferencias
El proceso judicial ha sido sucesivamente torpedeado por los implicados mediante recursos de dilación y en otros casos las autoridades cometieron crasos errores que perjudicaron la conclusión del caso.
En 2007 se inició el juicio oral en la Sala Penal Anticorrupción y se extendió por 6 años. En el 2013, los imputados solicitaron que el delito de colusión fuera adecuado al tipo penal de colusión simple. Sorprendentemente, el fiscal superior a cargo del caso, Adrián Cáceres Colque, acogió la solicitud que benefició a los corruptos empresarios que lucraron con los intereses de la Defensa Nacional.
El 20 de noviembre del 2013, la Sala declaró procedente la solicitud del fiscal Cáceres y adecuó el delito de colusión agravada (de 6 a 15 años de pena), al de colusión simple (de 3 a 6 años de pena), con lo que el delito imputado quedaba prescrito.
Durante el proceso, el fiscal tampoco solicitó una pericia ni vinculó las cuentas de las empresas receptoras de las coimas con la de los procesados, a pesar de contar con información desde el 2009 y tener el caso en sus manos hasta 2013.
Cáceres nunca explicó al juez cómo fue que la cuenta de los procesados estuvo vinculada al pago de sobornos, a pesar de las numerosas evidencias.
La Procuraduría Anticorrupción planteó un recurso de nulidad argumentando la vulneración del proceso al no haberse considerado la información financiera de las cuentas de Panamá. La sala acogió el pedido de la Procuraduría y elevó el expediente a la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema.
Esta vez, el fiscal supremo salvó los vacíos cometidos por el superior. Sustentó que el delito de colusión agravada se había configurado y que se debía realizar una pericia a las cuentas de la empresa offshore Treves Intora, constituida en las islas Bahamas, pero que tenía cuentas en el desaparecido banco BEX de Panamá, así como a las cuentas de cada uno de los procesados.
En julio del 2016, la Corte Suprema ordenó un nuevo juicio.
La sala pidió que las cuentas bancarias sean incorporadas al proceso y se vinculen adecuadamente a los procesados, y que se especifique cómo fue el pago de los sobornos.
La Fuerza Aérea del Perú (FAP) hizo los pagos por los MiG-29 y Sukhoi-25 a las cuentas “Vulcano” y “Escorpio”, entre 1996 y 1997, de donde luego salieron los sobornos para los implicados.
Los que manejaban las cuentas eran Enrique Benavides, Moshe Rothschild, Claus Corpancho y Luis Duthurburu.
Fuente La República
