Los mil millones de soles de inversión que se había propuesto el Gobierno para el 2017 –vía obras por impuestos (OxI)– ya eran una cifra ambiciosa. Sin embargo, los S/1.600 millones que ahora se han fijado como meta para este mismo año hacen ver que el Ejecutivo apuesta con entusiasmo por el refuerzo de este mecanismo, a partir de las modificaciones publicadas ayer.

Después de todo, el año pasado la cifra cerró en S/715 millones. Si bien se trata del mayor monto que se ha registrado desde el 2009, cuando se lanzó este mecanismo, la inversión vía OxI está muy por debajo de su potencial: al 2016, solo se ha utilizado el 1,58% de la capacidad que tienen los gobiernos regionales y locales para la explotación de OxI.

Cambios

Ayer el Gobierno publicó el reglamento de la ley de obras por impuestos, que tuvo modificaciones en noviembre del año pasado.

Entre los principales cambios figuran la inclusión de nuevos sectores en los que se puede invertir vía OxI: electrificación rural, pesca, habilitación urbana, protección social, desarrollo social, justicia y transportes y comunicaciones.

También se elimina el límite de 15.000 UIT para las inversiones y se abre la posibilidad de que gobiernos regionales y municipales se asocien para llevar a cabo los proyectos, dado que así pueden contar con más recursos para realizar las obras.

Jorge Danós, socio del Estudio Echecopar, considera que hay dos modificaciones significativas. Primero, se ha hecho un “inventario” de los problemas más comunes que surgían en la práctica y se ha dado solución a ellos. Segundo, se ha suprimido el uso supletorio de la ley de Contrataciones del Estado. Para Danós, esta ley podía llegar a inhibir a los funcionarios públicos, por los controles que tiene para evitar la corrupción.

“La lógica de OxI es permitir a las entidades [públicas] tener otro medio, en el que el privado invierte con cargo a recuperar su inversión vía Impuesto a la Renta. A la entidad le permite obtener de manera más rápida lo que requiere para la colectividad: colegios, comisarías, puentes, electrificación rural, etc.”, detalla Danós.

El BCP es la empresa que más ha invertido vía OxI desde el 2009: S/739,1 millones, al 23 de enero de este año. Jorge Silva, su gerente de Relaciones Institucionales, opina que el reglamento publicado dará mayor celeridad a las adjudicaciones de inversión pública. “Un ejemplo de ello es que en caso se presente un solo postor al concurso, el consentimiento de la buena pro se dará el mismo día”, dice.

Agrega que se otorgan mayores garantías para que las empresas privadas puedan financiar proyectos de OxI.

“Un cambio importante es la implementación de la emisión electrónica del Certificado de Inversión Pública Regional y Local-Tesoro Público (CIPRL) y del Certificado de Inversión Pública Gobierno Nacional-Tesoro Público (CIPGN) por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), lo que conllevará a que la empresa privada pueda agilizar el proceso”, añade.

Por mejorar

Pese a los cambios producidos, Karen Ángeles, asociada del estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, advierte que aún hay algunos aspectos que requieren ser afinados.

“Con el objetivo de no paralizar las obras se debe crear una comisión de prevención de conflictos en Pro Inversión, que tenga la capacidad de decidir frente a controversias en la ejecución de los proyectos o implantar la Junta de Disputas como mecanismo de solución de conflictos”, comenta la especialista.

Agrega que falta también definir el plazo con que contaría la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada (DGPPIP) del MEF para emitir su pronunciamiento a las consultas e interpretaciones de la norma requerida.

Por último, opina que es necesaria una capacitación continua de los funcionarios y servidores que están involucrados en los proyectos de inversión bajo este régimen.

Plan de acción

En esa línea, el Gobierno tiene previstas acciones adicionales a los cambios normativos para impulsar el uso de OxI. Por ejemplo, entre enero y marzo de este año se han programado 15 talleres descentralizados sobre el nuevo marco normativo.

También acreditará a funcionarios y consultores desde ahora hasta junio y elaborará guías didácticas de procedimientos de OxI. Asimismo, se implementará un sistema de seguimiento de proyectos.

En paralelo, el Ejecutivo hará mesas de trabajo para priorizar proyectos a nivel sectorial y habrá coordinación intragubernamental para la ejecución conjunta de proyectos entre los diferentes niveles de gobierno.

Fuente El Comercio