El Gobierno estima que la brecha en infraestructura en los sectores estratégicos es de 69,000 millones de dólares, lo que equivale al 35% del valor del PBI. Esto solo considerando obras en agua e hidráulica, electricidad y energía, transporte, salud, educación y telecomunicaciones. Si este monto estuviera afecto a solo un costo de 5% por corrupción, estaríamos hablando de cerca de 3,500 millones de dólares que se perderían en actos ilícitos, monto superior a cualquier programa social básico.

La inversión en infraestructura en el Perú es una de las piezas claves para incrementar la productividad e impulsar el desarrollo de nuestra economía. Además, ofrece réditos visibles en generacion de empleo, ampliación de cobertura y mejora de los servicios en el corto y mediano plazo. Por tanto, es importante que se hagan todos los esfuerzos para llevarlo adelante.

Si bien se han creado sistema de incentivos como obras por impuestos y las asociaciones público privadas (APP) que aún están en proceso de evaluación y posibles mejoras, el escándalo de corrupción protagonizado por la multinacional brasileña Odebrecht nos muestra una debilidad que no debemos descuidar y por el contrario debemos combatir frontalmente.

La corrupción es uno de los peores lastres para el desarrollo de un país y solo lleva a la degradación de la sociedad. El escándalo Obebrecht, una de las más grandes compañías constructoras de obras en infraestructura del país, nos muestra claramente que las cosas no andaban por buen camino en la industria de la construcción y los Gobiernos se desentendieron.

Primero la actividad de la construcción está siendo atacada desde hace varios años por bandas delincuenciales que fungen de sindicatos de construcción civil para extorsionar a las empresas, pidiendo el pago de cupos. Esto ocurre luego del repliegue del sindicato de trabajadores de construcción civil de la CGTP. Vemos cómo las bandas se reparten territorios y se declaran la guerra, dando batallas campales en plena calle. Lamentablemente, al parecer muchos empresarios aceptan el chantaje, y este es un problema que debería enfrentar seriamente el Ministerio del Interior y la Administración de Justicia. No es razonable para el empresario trabajar en un ambiente de inseguridad.

Segundo, se requiere mayor fiscalización en los procesos de concurso, licitación y contratación de empresas para obras públicas, puesto que no tienen los candados necesarios para evitar la corrupción y colusión con malos empleados públicos y autoridades que exigen sus comisiones a los empresarios para darlos como ganadores. Y esto se ve en las numerosas denuncias que tienen los alcaldes y presidentes regionales. Un claro ejemplo es el caso de la corrupción en la región Áncash. Esta es la tarea de la Contraloría General de la República y otra vez el Poder Judicial.

Tercero, la falta de ética de parte de algunos empresarios que aceptan pagar estas coimas e ingresan al círculo nefasto de la corrupción. Además estos pagos finalmente son cargados al costo de la inversión en infraestructura que finalmente se paga con el dinero de todos los peruanos. Aquí es tarea de los gremios empresariales como la Confiep y Capeco dar la batalla.

Odebrecht ha demostrado que esta corrupción no solo se da a pequeña escala, sino que llega incluso a una empresa líder como esta. Donde por la magnitud y envergadura de las obras, contratan servicios profesionales para dar apariencia legal a sus fines nada honestos. Además, busca vincularse y financiar campañas electorales de los candidatos favoritos a la presidencia a fin de asegurar futuros negocios cuando estos lleguen al Palacio de Gobierno. Ya tenemos dos ex presidentes bajo investigación.

La tarea para cortar de raíz con esta corruptela es ardua y amerita acciones inmediatas del Gobierno, Congreso, Contraloría, Ministerio Público, Poder Judicial , UIF y Sector Privado, todos para asegurar que la construcción de las obras de infraestructura que necesita el país, para su desarrollo, no alimente la corrupción, y por el contrario se dé adecuadamente a su costo real, para asegurar un desarrollo sano y un bienestar general para todos los peruanos. Ante esto no podemos estar indiferentes y dejarlo pasar.

Fuente La República

Una Respuesta

  1. Diomedez Escobar

    Esta entendido perfectamente que la nueva ley de contrataciones permite a la corrupción tomar mas poder, debido que esta ley le otorga amplios poderes a los gobernantes, se pensó que mejoraría con este gobierno, pero nos equivocamos sobremanera, cada día las entidades a fin de proteger a sus empresas, por que a ese nivel se ha llegado, que los gobernantes una ves que toman el poder en los gobiernos locales como regionales, manejan mediante testaferros las obras y compras que requiere el estado, testaferros que pasan a ser protegidos y son ganadores de todas las obras, y que por citar un ejemplo, elaboran las bases de tal forma que cada día exigen requisitos fuera de todo contexto y que los postores que se dedican a industria se ven limitados de participar en razón que aun observando las bases el ente superior OSCE avala las posiciones de las exigencias solo por el mero hecho que la ley le da amplio poder a las entidades de establecer requisitos que a su criterio disque consideran, y que cuando son observados asumen respuestas tal como que las obras de mucha complejidad, situación que es muy bien aprovechada por la entidades, y que muchos profesionales se prestan a estos menesteres a fin de conservar su trabajo, de esta manera protegen y direccionan las obras a las empresas que de su elección y por que no decir la de sus testaferros, tal como se aprecia en determinadas regiones que han surgido de la noche a la mañana empresarios que fueron funcionarios públicos y hoy son empresarios en la construcción con obras que superan los 10 millones de soles, y para esto utilizan profesiones que se prestan al juego, quienes reciben dádivas por su participación en los concursos y que pasan a formar parte del pool de profesionales de la obra cuando esta en ejecución pero que brillan por su ausencia y solo lo hicieron para poder eliminar al resto de postores en el momento del concurso.
    Tal es así que por citar un ejemplo en uno de los concursos de un gobierno local del departamento de Pucallpa exigían las bases un INGENIERO TOPOGRAFO Y AGRIMENSOR y la obra era una pista en el casco Urbano, esto permitió que solo se presente el postor ganador por que ese tipo de profesionales no ofrece el mercado local, pero sin embargo al observarse las bases el ente superior avalo esa exigencia dejando al resto de profesionales que también tienen dentro de su formación ese curso así como también técnicos de en construcción civil que vienen desarrollando en esa área y todo por que el postor ganador contaba con el profesional que las bases indicaban.
    Si hacemos un analices mas profundo se aprecia que esa carrera de INGENIERÍA TOPOGRÁFICA Y AGRIMENSURA solo se imparte en la Universidad del Altiplano en lo que es todo el Perú, por lo tanto la entidad solo lo hizo para direccionar la obra ya que en el colegio de Ingenieros de la región Ucayali no existe ningún Ingeniero en INGENIERIA TOPOGRAFICA Y AGRIMENSURA a fin de poder manifestar que el mercado local ofrece ese tipo de profesionales tal como estima la ley que se debe hacer un estudio de mercado a fin de poder exigir en las bases los profesionales a participar
    Para concluir, precisamos que al profesional que cuenta con esta carrera ya esta conminado a que solo participe en la propuesta ganadora, y así garantizan el otorgamiento de la buena pro al postor elegido por la entidad.
    Por otro lado la ley otorga pleno poder a que la entidades indiquen el numero de consorciados a participar en una obra, algo que es inconstitucional y que coacciona la participación al trabajo, y tal como se aprecia esta ley solo por citar estos puntos analizados afianza a la corrupción.
    Por Lo que se debería hacer, es una ley donde los postores participen sin restricciones y la evaluación sea mediante un procedimiento matemático tal como era años atrás, y de esta manera las entidades del estado no podrían tener manejo con exigencias que son elaboradas de acuerdo a los intereses de la empresas protegidas o en todo caso direccionar las obras tan abiertamente como lo vienen haciendo, dándose el lujo de conocerse quien el postor ganador antes de llevarse el concurso.