La Contraloría General de la República determinó presunta responsabilidad civil y penal de 18 funcionarios del gobierno regional del Callao que participaron en la licitación y en la suscripción de adendas del contrato que beneficiaron a la compañía brasileña Odebrecht.
La actuación de los funcionarios fue después de que el ex representante en el Perú de la constructora brasileña, Ricardo Boleira, aceptó pagarle una coima de 2 millones de dólares al detenido gobernador Félix Moreno a cambio de la entrega del proyecto y de su ejecución, según denuncia el Ministerio Público.
Odebrecht obtuvo la buena pro en 2014 con un presupuesto inicial de 302 millones de soles, que se elevó a 470 millones de soles gracias a la ampliación de plazos de ejecución y la aprobación de trabajos adicionales no contemplados en el proyecto original.
El informe de la Contraloría, al que tuvo acceso La República, desnuda a los funcionarios chalacos involucrados, entre ellos, los miembros del Comité Especial que creó las bases de la licitación y otorgó la buena pro a Odebrecht: Antero Milian Díaz, Nancy Suito Meza y Jorge Avilés Astudillo, además de la gerente regional de Infraestructura, Nancy Vilela Alvarado, quienes se encuentran incluidos en las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción contra Félix Moreno.
Milian fue el presidente del Comité Especial del proyecto Costa Verde Callao, designado por el Gobierno Regional del Callao, en julio del 2013. Dependía y despachaba directamente con Félix Moreno.
La Contraloría detectó que convocó a licitación pública sin considerar que el expediente de contratación no cumplía con los requisitos establecidos por la Ley de Contrataciones del Estado. La misma responsabilidad recayó sobre Suito y Avilés. Fue un “error” que favorecía a Odebrecht.
Todos los nombres
Los tres integrantes del Comité Especial aparecen en la planilla del gobierno regional del Callao actualizada hasta diciembre pasado. Milian ocupa el puesto de Ingeniero II de la Oficina de Construcción y Vialidad; Suito, Arquitecta II en el mismo despacho; y Avilés, técnico en la Oficina de Contabilidad.
Por su parte, Vilela ocupa el cargo de gerente regional de Infraestructura.
En enero pasado, antes que se conocieran las delaciones del ex representante de Odebrecht en el Perú, Ricardo Boleira, la Procuraduría Anticorrupción del Callao pidió que se investigue a los cuatro citados por los presuntos delitos de peculado de uso, colusión desleal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo. Según la Contraloría, solamente las acciones de estos funcionarios generaron un perjuicio económico al Estado de 16 millones 890 mil soles.
Pero el perjuicio económico total que la obra de Odebrecht generó al Estado asciende a 46 millones 423 mil soles.
«Ya le alcanzamos el informe a la Fiscalía, que ha abierto proceso y está prestando especial atención al asunto. Está en la Fiscalía Anticorrupción del Callao», detalló el contralor Edgar Alarcón Tejada a La República.
Respuesta
Villela, por su parte, aseguró que responderá ante la Fiscalía por los cuestionamientos de la Contraloría: “Tengo la plena seguridad de que la ejecución de la obra está establecida en el debido proceso y la hemos ejecutado de acuerdo a las normas. Le pediré al fiscal, cuando nos llame a declarar, que pase todas las grabaciones de mis intervenciones en la Contraloría”.
Trabajo en equipo
Además de los cuatro funcionarios mencionados, otros 14 tomaron decisiones que permitieron a Odebrecht incrementar el precio de la obra.
Ubicados en despachos claves en el gobierno regional del Callao, los funcionarios chalacos aprobaron sin sustento técnico al menos tres adicionales de obra, con lo que generaron gastos por 24 millones 627 mil soles. Las autoridades investigan qué tipo de beneficios obtuvieron los funcionarios chalacos como prestación para adecuarse al esquema de corrupción de Félix Moreno.
La Contraloría detectó que el coordinador del proyecto Costa Verde Callao, Helberth Barrera Bardales; el jefe de Construcción y Viabilidad, Dante Rodríguez Mogrovejo; y la gerente regional de Infraestructura, Nancy Villla Alvarado, no cautelaron el cumplimiento del plazo de obra estipulado en el contrato. Además, del 22 de enero al 18 de marzo del 2015 permitieron a Odebrecht incumplir con el expediente técnico establecido previamente.
Entre enero y julio del 2015, Barrera, Rodríguez y Vilela tramitaron pagos a Odebrecht pese a que conocían de irregularidades en la construcción de la obra, determinó la Contraloría luego de realizar una auditoría al proyecto. Todo esto, antes de que se hicieran públicas las declaraciones de Ricardo Boleira, que motivaron su detención y la de su socio, el empresario Gil Shavit.
Y entre agosto y noviembre del 2015, los tres funcionarios tramitaron la aprobación de una quinta adenda al contrato de la obra que generó un desembolso de 126 millones de soles, pese a que no contaba con verificación técnica.
Otros funcionarios señalados por la Contraloría son el jefe de la Oficina de Construcción y Vialidad entre enero del 2013 y enero del 2015, Roberto Sandoval Guzmán; y el gerente general regional del Callao desde mayo del 2015 hasta la fecha, Jorge Linares Muñoz.
Jugando con la muerte
Las irregularidades cometidas en las obras del tramo chalaco de la vía Costa Verde no solo causaron millonarias pérdidas económicas al Estado, sino que también incrementaron el riesgo de accidentes vehiculares, según determinó la Contraloría.
El órgano de control detalló que el gobierno regional del Callao autorizó cambios en los viaductos Santa Rosa, Haya de la Torre y de la Vía Costa Verde, «que afectó la velocidad directriz de la vía Costa Verde con riesgo de accidentes y pérdidas de vidas de los usuarios».
Los cambios a los que se hace referencia no estaban estipulados en el contrato, pero Félix Moreno, ahora en prisión preventiva, los aprobó en noviembre del 2014, solo seis meses después de la firma del contrato original.
Los otros funcionarios implicados en esta irregularidad son el ex jefe de Logística y ex gerente de la Gerencia de Infraestructura, Víctor Suelpres Jérez; y el gerente regional Jorge Villarreal Ruíz.
Los funcionarios Roberto Sandoval Guzmán y Carmen Leyva Balcázar también se encuentran implicados en esas irregularidades.
En cifras
– 46 millones de soles es el perjuicio económico que la vía Costa Verde Callao causó al Estado.
– 6 ampliaciones de plazo fueron aprobadas a favor de Odebrecht desde que se firmó el contrato en 2014.
– 737 días más de lo pactado en el contrato original demorará Odebrecht en culminar la obra.
Gerencia de Infraestructura en manos de afiliados a Chim Pum Callao
La Gerencia de Infraestructura del gobierno regional del Callao, área que decide el destino de millones de soles en el primer puerto, permanece liderada por afiliados al movimiento político Chim Pum Callao, fundado por Alex Kouri, recluido en el penal Piedras Gordas II desde julio del 2016 por el delito de colusión agravada.
La actual gerenta de Infraestructura es Nancy Villela Alvarado, quien aparece en el informe de la Contraloría sobre las irregularidades detectadas en la obra vía Costa Verde Callao. Ella postuló al cargo de regidora del Callao en el 2006 por el movimiento Chim Pum Callao.
Villela asumió el cargo de gerente de Infraestructura en enero del 2015 y fue ratificada en enero del 2016.
También se encuentran señalados por la Contraloría los ex gerentes de Infraestructura y afiliados a Chim Pum Callao Víctor Suelpres Jérez (2014 – 2015) y Andrés Villarreyes Dávila (2013).
Otro puesto clave en el gobierno regional del Callao, el de gerente de la Gerencia de Asesoría Jurídica, recayó en manos de Marco Palomino Peña, también afiliado al grupo político de Kouri y Moreno.
Fuente La República
