La Contraloría General de la República ha advertido al gobernador regional de Áncash, Luis Gamarra Alor, la existencia de cuatro “riesgos” en el proceso de la licitación pública 004-2017 de “mejoramiento y ampliación del centro temático cultural Recuay para la educación y capacitación en los servicios ecológicos, deportivos, culturales y artesanales en el distrito y provincia de Recuay”, cuyo valor de inversión ha sido presupuestado en un poco más de 7 millones y medio de soles.

EN DOCUMENTOS. El mencionado proceso de licitación forma parte de aquellos que los funcionarios del Gobierno Regional de Áncash (GRA), sacaron a concurso luego de la condena de 5 años de cárcel que se dictó en contra del entonces gobernador regional, Enrique Vargas Barrenechea.

Si bien es cierto la obra no fue licitada cuando Gamarra era gobernador, la entidad de control emitió su informe el pasado 30 de mayo, cuando el exconsejero de la provincia del Santa, ya se encontraba despachando en el sillón de gobernador regional.

Las conclusiones de la acción de control de la Contraloría están contenidas en el oficio 535-2017 que fue enviado al GRA y al cual ha tenido acceso Correo. En este documento piden al gobernador Gamarra “valorar los riesgos” expuestos y disponer las acciones preventivas pertinentes, “las cuales deben ser comunicadas en un plazo no mayor de diez días hábiles, al Órgano de Control Institucional (OCI) del GRA”.

La Contraloría realizó la acción de control desde el 4 de mayo hasta el 31 de mayo de este año. El documento lleva la rúbrica del contralor regional de Huaraz, Hubert Salazar Velásquez y de los auditores Cindia Infante Rojas y Herbert León Rojas, quienes participaron como jefe e integrante del equipo, respectivamente.

Se indica que las unidades orgánicas de la Región que estuvieron a cargo de las actividades que evaluó la entidad auditora fueron la Gerencia Regional de Administración, Subgerencia de Abastecimiento y Servicios Auxiliares y la Gerencia Regional de Infraestructura.

RIESGOS. Antes de empezar a describir los riesgos hallados, la Contraloría remarca que la condena al exgobernador regional Enrique Vargas, dictada el 10 de abril de este año, conllevó al cambio de funcionarios y por consiguiente que se modifique también a los miembros del comité de licitaciones, lo cual dio pié a una prórroga en el cronograma del proceso de selección. Todo esto hizo que durante la acción de control, hayan limitaciones en la revisión de la documentación relacionada a las etapas de registro de participantes, formulación de consultas y observaciones, absolución de consultas y observaciones, integración de las bases, presentación de ofertas, evaluación y calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro.

De acuerdo al cronograma modificado, la obra debió adjudicarse el pasado 13 de junio. Sin embargo, al revisar la página del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (Seace), se observa que no se ha colgado el acta de buena pro, lo que haría indicar que el proceso pudo haber sido cancelado.

El primer riesgo advertido por la Contraloría indica que existen “deficiencias del expediente técnico del proyecto” lo cual no asegura una adecuada calidad técnica de la ejecución de la obra. Se debe mencionar que el expediente técnico del proyecto fue presentado por la Municipalidad Provincial de Recuay al GRA para que este sea la unidad ejecutora y pueda financiarlo. La entidad regional aprobó el documento que alcanzó esta comuna el 14 de diciembre de 2016, mediante Resolución de Gerencia Regional 0364-2016.

La Contraloría indica que de su revisión se advierten inconsistencias de metrados que han sido considerados en el presupuesto de la obra con la planilla de metrados. También ha detectado, por ejemplo, que se habían proyectado los inodoros y urinarios con fluxómetro, pero en los planos de corte y detalle se muestra a los inodoros con tanque y urinarios estándares. Indican asimismo, que se proyectó la construcción de una losa de concreto simple y un campo de grass sintético con un área de 693 metros cuadrados; no obstante, en la memoria descriptiva se muestra la construcción de dos losas de concreto simple y un campo de gran sintético de una dimensión de 880 metros cuadrados.

“Los hechos revelados, pueden ocasionar deficiencias técnicas en la ejecución del proyecto que pueden repercutir en la calidad del mismo”, se subraya en el informe.

El segundo riesgo que adelanta la Contraloría es que “se han presupuestado partidas por 447 mil 578,78 soles sin embargo, estas partidas no se han considerado en los planos del expediente técnico, pudiendo generar atrasos o paralizaciones durante la ejecución”.

Entre las partidas que no estaban consideradas en los planos se encuentran, por ejemplo, un módulo administrativo, aula de capacitación sanitaria, módulo de servicios en deporte, módulo de servicios en ecología y turismo; entre otros.

Como tercer riesgo, se señala que el proyecto no contaría con la autorización de la faja marginal del río Santa y licencia de uso de agua, lo cual podría hacer que al momento de la ejecución de los trabajos, estos se paralicen e incluso aumenten el plazo contractual y generen mayores desembolsos de recursos. Sobre este punto, se debe señalar que en la memoria descriptiva del expediente técnico, se indica que el proyecto se ubicará en el margen izquierdo del río Santa, en una zona denominada “faja marginal de servidumbre del río Santa”; por lo cual antes de iniciar los trabajos se debió contar con el visto bueno de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

Sin embargo, de la revisión del expediente de contratación, la Contraloría advierte que no ha hallado ningún documento en el que el GRA solicita a la ANA la autorización correspondiente.

“(…) es necesario que la entidad inicie los trámites para la autorización de la faja marginal del río Santa, a fin de evitar que se inicien trabajos no autorizados por la entidad competente (ANA), quien en su ejercicio de su facultad fiscalizadora y sancionadora, puede disponer la paralización de la obra y la imposición de sanciones pecuniarias que conllevarían a que la obra no se culmine conforme a los programado”, remarca el informe.

Finalmente, la Contraloría dice que hay un cuarto riesgo porque “los precios unitarios y tarifas de las partidas y subpartidas de los equipos, maquinarias, subcontratos y gastos generales del presupuesto del expediente técnico, no están sustentados adecuadamente, pudiendo conllevar a una sobre estimación del presupuesto del proyecto”.

Indican que de la revisión del expediente de contratación, el gobierno regional no ha sustentado con cotizaciones estas partidas, “desconociendo cómo es que se han determinado los precios referidos en el presupuesto” del expediente técnico.

Fuente Diario Correo

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