Hay una corrupción permanente, pero distintas épocas exacerban distintos tipos de corrupción. En los 70 y 80 tuvimos una derivada del modelo económico intervencionista y estatista, donde había que coimear para ser favorecido con el dólar MUC, o con una licencia de importación, o con un arancel más alto, o con un subsidio, o para obtener cada uno de los mil permisos necesarios, o para tener negocios con la gran cantidad de empresas públicas existentes.

En los 90 cambió el modelo económico, se abrió la economía, empresas públicas fueron privatizadas y se eliminaron protecciones diferenciadas y autorizaciones, de modo que la corrupción administrativa derivada del poder discrecional del funcionario desapareció y el Perú llegó a ser catalogado en los ránkings mundiales como uno de los países menos corruptos en América Latina. Poco a poco, sin embargo, esa corrupción fue sustituida por otra derivada no del modelo económico sino del modelo político, de la concentración del poder: una corrupción más focalizada pero más perversa, que usaba el Poder Judicial para extorsionar a empresas o comprar dueños de canales de TV para controlar la opinión pública.

De los 2000 en adelante desapareció naturalmente este último tipo de corrupción, pero poco a poco, y en mayor medida durante el gobierno anterior, se fue restaurando un intervencionismo de baja intensidad expresado en un incremento creciente de las regulaciones, trámites y permisos con exigencias absurdas u orientadas a favorecer a los pocos que podían cumplirlas, en perjuicio de los pequeños. Por supuesto, había que coimear para estar en regla.

Por eso, parte importante del esfuerzo legislativo del Ejecutivo ha sido orientado a erradicar la tramitopatía y dificultar su recurrencia, incluso a nivel municipal, aunque falta eliminar regulaciones sectoriales. Si se cumple, esto alcanzará la magnitud de una gran reforma.

Pero el gran volumen de corrupción en los últimos 15 años –fuera de la malévola y planificada estrategia corruptora de las empresas brasileñas, a la que muy pocos pudieron resistirse–, estuvo en los gobiernos regionales y locales, y en los servicios de educación y salud que ellos manejan. Fue una corrupción masiva y omnipresente, consecuencia de la feudalización del país ocasionada por la descentralización descontrolada de muchas facultades y recursos a los gobiernos subnacionales y en el contexto de una desintegración del sistema de partidos políticos. Aventureros sin partido se lanzaron al asalto de los botines presupuestales y alrededor de ellos se organizaron mafias de proveedores, de extorsión de las obras, usurpación y robo, mafias que incorporaron a fiscales, jueces y policías.

Por eso, atacar este tipo de corrupción supone reformas profundas para recuperar la autoridad central del Estado, reconstruir el sistema de partidos, reformar la descentralización, introducir la meritocracia a fondo a todo nivel (la reforma del servicio civil) para eliminar el patrimonialismo, y reformar la justicia y la policía. Para todo esto, sin embargo, se necesita un acuerdo político, que no se ve venir.

Fuente El Comercio

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