Preste atención a este nombre: Carlos Fernández Aliaga. Se trata de un nuevo protagonista de las licitaciones con el tono de los colores del partido y el seno del poder de César Acuña, el renunciante alcalde de Trujillo que se alista para ser candidato al gobierno regional.
Pero en este caso, las licitaciones por una obra pública con vínculos con Alianza Para el Progreso (APP) y hasta la Universidad César Vallejo (UCV) también se acercan a otra municipalidad distrital, y que justamente es apepista.
LICITACIONES ARREGLADAS. El 26 de julio del año 2012 el Tercer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Trujillo emitió una sentencia condenatoria de cuatro años y cuatro meses contra Carlos Fernández Aliaga, por negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, en su papel de miembro del Comité de Licitaciones de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco. Como cómplice, fue también sentenciada Adriana Polo Rosario.
Esta sentencia fue emitida por el caso de la empresa Constructora e Inversiones Jade S.A.C., que había sido favorecida, según determinó la justicia, con varias obras otorgadas por la Municipalidad Distrital de Víctor Larco, cuyo alcalde -dicho sea de paso- es el también apepista Carlos Vásquez Llamo.
Incluso, por este caso el mismo Vásquez Llamo ha sido acusado por la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad, la que ha pedido hasta cinco años de pena privativa de la libertad para el burgomaestre de APP, tal como lo informó el diario La Industria en diciembre del año pasado.
EL CASO. Según ha quedado demostrado con las investigaciones judiciales, el 10 de junio y 6 de agosto del 2010, a través de los procesos de adjudicación de menor cuantía, los miembros del Comité de Licitaciones de la Municipalidad de Víctor Larco acordaron favorecer con el otorgamiento de la buena pro a la empresa Constructora e Inversiones Jade S.A.C., para la realización de las obras «Reconstrucción del Parque Las Artes de la urbanización San Andrés» y «Ampliación de redes de agua potable y alcantarillado», por montos de S/. 116, 975 y S/. 147, 565, respectivamente.
Fernández Aliaga actuó como presidente del Comité de Adjudicaciones en ambos casos. Y resultó que Adriana Polo Rosario, representante legal de la empresa beneficiada, es madre de dos de sus hijos.
Los dos terminaron acogiéndose a la terminación anticipada del proceso, por lo que recibieron una pena aún más blanda: un año.
A LA ESPERANZA. El mismo año en que Carlos Fernández Aliaga recibió la condena del Poder Judicial, en el 2012, apenas dos meses antes de ser notificado, volvió a estar familiarizado con una licitación. Pero esta vez ya no como miembro de un comité licitador, sino como un empresario beneficiado, un empresario ganador. Y en otra jurisdicción.
Nos explicamos. El 29 de mayo del año 2012, el Comité Especial de la Municipalidad Distrital de la Esperanza adjudicó la obra «Mejoramiento de la infraestructura vial de las calles del A.A.H.H. Nuevo Jerusalén, Sector I» al Consorcio Jerusalén.
Sunat nos da mayores evidencias de quién o quiénes están detrás de este consorcio que ganó esta obra valorizada en 2 millones 862 mil soles.
El representante legal del Consorcio Jerusalén es, según Sunat, Carlos Fernández Aliaga, el mismo de las licitaciones irregulares en Víctor Larco. Y esta empresa tiene, como domicilio fiscal, la ya conocida dirección de Guillermo Charum N° 209, en la urbanización San Andrés, la misma de la empresa Alpamo S.A.C. y del Consorcio Seoane, vinculadas a APP y la UCV y también beneficiadas con obras en el distrito de La Esperanza, donde el alcalde es el apepista Daniel Marcelo Jacinto. Aún más, Alpamo S.A.C. es una de las empresas que forman parte del Consorcio Jerusalén.
Cada vez que más claro qué nexo que enlaza a estas empresas y las licitaciones sorprendentes en el distrito de La Esperanza.
Fuente Diario Correo
