Esto de pagar coimas para ganar obras públicas no es de ahora, ni se acomoda solo a los bolsillos grandes. Es una vieja práctica que engloba al empresario que recién empieza a contratar con el Estado y a los dinosaurios que se llevan la tajada más gorda de la torta de la inversión. Pero, hay que diferenciar el tiempo y el espacio entre ambos, además de la oportunidad para darle una solución al problema.

Más o menos es así. Por un lado, están las empresas que antes de contratar con el sector público empiezan a invertir a sabiendas que luego multiplicarán el cobro. Digamos que es una apuesta a ganador, como Odebrecht. Por el otro, hay entidades privadas que quieren concursar y proponen sobornos; mientras terceros deciden trabajar lejos del fango y licitar sin aceitar a nadie.

Sin embargo, es difícil detectar un arreglo bajo la mesa entre dos partes, salvo algún chispazo de decencia o una justa razón del empresario que ha perdido una licitación por la artimaña de su competidor, además de la vigilancia de los órganos de control. Hay decisión, pero faltan caminos para reducir el índice de corrupción.

Es que a veces el propio Estado pone trabas para denunciar una mala licitación pública, como el Osce (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado) que exige al denunciante una caución, consistente en un porcentaje del monto total de la obra en cuestión. Si su queja es infundada, pierde dicho dinero. Una apuesta a ciegas.

Hay carencia de mecanismos para reducir los índices de corrupción en los concursos públicos. Pese a que el actual gobierno ha implementado y fomentado la denuncia ciudadana o de cualquier trabajador que detecte un acto ilícito, la población todavía siente desconfianza en la autoridad y cree que su lucha puede ser en vano o traerle problemas.

La indignación nacional contra un sector del empresariado nacional y la clase política por los pagos y los cobros de coimas, debe servir para algo. Al menos podemos confiar en que la justicia ha vuelto a ponerse la venda de la imparcialidad y está actuando contra quienes han contribuido a que la corrupción se robustezca en el país.

Fuente Diario Correo

Una Respuesta

  1. Andrés Quiroz

    ¿Quién corrompe a quién?
    ¿Quién tiene la sartén por el mango?
    Decir que el empresario corrompe al político es falso, y todos los saben. Porque el que exige un pago de “coimisión” es el funcionario público…y piden todos.
    Pide el secretario del juzgado, pide el secretario del alcalde, el regidor, el alcalde, el que tiene que tramitar un expediente, el presidente regional, el general, el comandante. ¡Todos! Todos piden. Y si no das, tu expediente no sale en meses o años. Tu licencia para uso de aguas, tu inspección para pasar un trámite u obtener una certificación, podrían demorar días si pagas, o años si no pagas; tu nota en la universidad particular; tu gestión social ante la comunidad campesina también pasa por coima a los dirigentes, y a los abogados que los asesoran; puede ser la diferencia entre tener una condena o que archiven tu caso; todos, todos.
    Las empresas honestan se ven muchas veces al borde de la quiebra por que no ganan contratos o no obtienen licencias. Ser honesto es inviable en nuestro país, pues si lo eres, no puedes hacer empresa ni crecer.
    Señores, la corrupción política a sometido a la clase empresarial. Sin embargo, ahora, los empresarios van a la cárcel y los políticos siguen libres.

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