Cuando, a fines del año pasado, la empresa brasileña Odebrecht admitió ante la justicia de Estados Unidos que había corrompido a funcionarios públicos de diferentes países, entre ellos el Perú, para ganar licitaciones, se creó esperanzas al pensar muchos que al fin habría forma de desenmascarar a los corruptos de siempre que, en la gran mayoría de casos, a lo largo de nuestra historia han permanecido ocultos gozando del dinero mal habido.
Sin embargo, han pasado casi cinco meses desde ese anuncio y hasta el momento es poco lo que ha avanzado el Ministerio Público, salvo en el caso del expresidente Alejandro Toledo y de algunos funcionarios de mando medio del gobierno de Alan García. Más allá de eso, no se ha visto caer la supuesta gran red de corruptos instalada en el aparato estatal de la que se habló.
Es evidente que hubo corrupción a gran escala para la adjudicación de obras, no solo en el gobierno central sino también en administraciones locales. No obstante, hasta la fecha los fiscales trabajan con lentitud que agobia y permiten, como en el caso del expresidente Toledo, a algunos huir del país y ponerse a buen recaudo. Llama la atención también la poca atención que se pone a las obras dadas por la Municipalidad de Lima a dudosas empresas brasileñas.
Por el accionar del Ministerio Público, que viene generando una sensación de impunidad, los peruanos tenemos derecho a exigir celeridad como aquella que se vio al final del gobierno de Alberto Fujimori, en que en pocas semanas se puso contra las cuerdas a decenas de personajes. ¿Cuál es la diferencia ahora? ¿Por qué no se puede actuar con la misma celeridad? ¿Hay muchos intocables?
Fuente Diario Correo
