El regreso de Servicios Generales Viviana a las obras públicas es preocupante, pero no extraño: es consecuencia de la lentitud con la que actúa el Estado para cautelar sus propios intereses, es el problema de los vacíos legales, es lo que ocurre ante situaciones jurídicamente imprevistas.
Repasemos los antecedentes de esta empresa, por qué su sola mención provoca resistencias y tantas sospechas: recordemos que la Contraloría detectó irregularidades en los trabajos de prevención que se ejecutaron entre los años 2015 y 2016. Los trabajos realizados, simplemente, no sirvieron para evitar la inundación que sufrió la ciudad. A pesar de ello, no hubo sanción alguna para la empresa, y las responsabilidades políticas -es decir, administrativas- tampoco fueron determinadas.
La ley, como se sabe, no opera sobre la base de las sospechas y los pareceres, aún cuando estos sean sumamente lógicos y sus motivos harto evidentes, sino sobre los hechos demostrados. En el caso de Viviana, al no haber sanciones de ningún tipo, la ley allanó el camino para su nueva participación. La pregunta es: ¿Hasta cuándo las normas funcionarán en el Perú sin intervención política y sin el concurso del sentido elemental de la suspicacia? ¿No se aplica en el caso de Viviana un abuso de la presunción de inocencia, no hay demasiada ingenuidad disfrazada de “debido proceso” cuando los trabajos hechos en los años anteriores no pudieron evitar que el río consumara el peor de los pronósticos del verano?
Esperemos que los órganos de control se pronuncien pronto, sobre todo, en beneficio de los piuranos.
Fuente El Tiempo
