Con la publicación del Decreto Legislativo N° 1341 se introducen nuevos cambios a la Ley de Contrataciones del Estado. Estas buscan mejorar los procesos de contratación para la adquisición de bienes, servicios, ejecución de obras y contratación de consultorías. Entérate aquí de las principales modificaciones.

Los procesos de contratación convocados por las diferentes entidades públicas tendrán significativos cambios que deberán ser aplicados tanto por titulares como proveedores en los diferentes procesos de contratación que se lleven a cabo.

Así lo dispone el Decreto Legislativo N° 1341, que modifica diversos artículos de la Ley de Contrataciones del Estado, y que ha sido publicado en el diario oficial El Peruano del sábado 7 de enero.

A continuación detallamos los principales cambios:

  1. Incorporación del principio de Integridad

Se establece que la conducta de los partícipes en cualquier etapa del proceso de contratación debe estar guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier práctica indebida, la misma que, en caso de producirse, deberá ser comunicada a las autoridades competentes de manera directa y oportuna (art. 2, inc. j).

  1. Nuevo supuesto excluido del ámbito de aplicación de la ley

A los supuestos ya señalados, se agrega la contratación de seguros patrimoniales con proveedores no domiciliados, siempre que las entidades sustenten que la contratación resulta más ventajosa para la satisfacción de sus necesidades y se realice en concordancia con los compromisos internacionales vigentes. Estos sujetos estarán bajo supervisión del OSCE (art. 5, inc. g).

  1. Supervisión de la entidad

Cuando la supervisión sea contratada con terceros, el plazo inicial del contrato deberá estar vinculado al del contrato de la prestación a supervisar y comprender hasta la liquidación de la obra o la conclusión del servicio (art. 10).

  1. Nuevos impedimentos para contratar con el Estado:

Tenemos cuatro nuevos impedimentos (art. 11, incs. m, n, o, p):

  1. Personas naturales condenadas, en el país o el extranjero, mediante sentencia consentida o ejecutoriada, por delitos de concusión, peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, delitos cometidos en remates o procedimientos de selección, o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros países.
  2. Personas jurídicas cuyos representantes legales opersonas vinculadas hayan sido condenados por los delitos mencionados en el párrafo anterior, o, que directamente o a través de sus representantes, hubiesen admitido y/o reconocido la comisión de cualquiera de los delitos antes descritos ante alguna autoridad nacional o extranjera.
  3. Las personas naturales o jurídicas a través de las cuales, por razón de las personas que las representan, las constituyen o participan en su accionariado o cualquier otra circunstancia comprobable, se determine que son continuación, derivación, sucesión, o testaferro, de otra persona impedida o inhabilitada, o que de alguna manera esta posee su control efectivo, independientemente de la forma jurídica empleada para eludir dicha restricción, tales como fusión, escisión, reorganización, transformación o similares.
  4. Las personas que, en un mismo procedimiento de selección, pertenezcan a un mismo grupo económico.
  1. Inclusión de cláusulas anticorrupción en los contratos públicos.

En los contratos de obra deberán identificarse y asignarse los riesgos previsibles de ocurrir durante su ejecución, según el análisis realizado en la planificación. Asimismo, todos los contratos incluirán una cláusula de no participación en prácticas corruptas (cláusula anticorrupción), bajo sanción de nulidad (arts. 32, num. 2; y 40, num. 5.)

  1. No se pagará daños y perjuicios en la resolución de contratos

No corresponderá el pago de daños y perjuicios cuando se resuelva el contrato en los casos de corrupción de funcionarios o servidores propiciados por parte del contratista (art. 36, num. 2).

  1. Cambios en los recursos administrativos

Anteriormente se les denominaba como recursos impugnativos. Se dispone que el recurso de apelación será conocido y resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado, cuando se trate de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a 50 UIT (a la fecha solo conocía los recursos en procedimientos superiores a 65 UIT). Cuando competa al titular de la entidad resolver una apelación, lo hará previa opinión de las áreas técnica y legal cautelando que no participen quienes hayan intervenido en el mismo proceso (ar.t 41, nums. 3 y 4).

  1. Declaratoria de nulidad en caso de sobornos

Además de los casos ya tipificados, la entidad podrá declarar la nulidad de oficio cuando se acredite que el contratista, sus accionistas, socios o empresas vinculadas, o cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes legales o agentes, ha pagado, recibido, ofrecido, intentado pagar o recibir u ofrecer en el futuro algún pago, beneficio indebido, dádiva o comisión en relación con ese contrato o su procedimiento de selección (art. 44, num. 2, inc. f).

  1. Vigencia indeterminada del Registro Nacional de Proveedores (RNP).

De ahora en adelante, la inscripción en el Registro Nacional de Proveedores tendrá vigencia indeterminada sujeta a la actualización de información de conformidad con lo que señala el reglamento. Del mismo modo, se establece que la información del mencionado registro será de acceso público, salvo aquella información confidencial de índole tributaria, bancaria o comercial de las personas inscritas (art. 46, nums. 1 y 7).

  1. Cambios en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).

Además de la información que ya contenía, en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) ahora deberán registrarse todos los documentos vinculados al proceso, incluyendo modificaciones contractuales, laudos, conciliaciones, entre otros. El funcionario o servidor que incumpla esta disposición será sancionado por la comisión de falta grave (art. 47, nums. 2 y 3).

  1. Nuevas infracciones administrativas.

Se han adicionado las siguientes infracciones (art. 50, num. 1, incs. e, m, n y o):

  1. Incumplir la prohibición expresa de que el residente o supervisor de obra, a tiempo completo, preste servicios en más de una obra a la vez.
  2. Formular estudios de pre inversión, expedientes técnicos o estudios definitivos con omisiones, deficiencias o información equivocada, que ocasionen perjuicio económico a las Entidades.
  3. Presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de absolución de consultas y/u observaciones.
  4. Presentar recursos maliciosos o manifiestamente infundados.

Bonus: Estas nuevas modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado entrarán en vigencia 15 días después de que se hayan publicado las modificaciones al Reglamento de la ley, el cual deberá ser adecuado a los recientes cambios. Para dicho propósito, el Ejecutivo cuenta con un plazo máximo de 60 días hábiles, contados a partir del 07 de enero de 2017.

Fuente La Ley

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