Las autoridades de la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios que han tenido acceso a los archivos documentales de Samuel y Carlos Campusano Dulanto han determinado que los hermanos ofrecían su intermediación a autoridades regionales, provinciales y distritales, y también a importantes compañías constructoras que necesitaban que funcionarios del MEF, responsables del financiamiento o la realización de obras pública, dieran luz verde.
De acuerdo con fuentes del Ministerio Público, los Campusano habían conseguido infiltrar en el MEF una red de “contactos” que los ayudaban a identificar en qué eslabón de la cadena del proceso de calificación y aprobación de proyectos se encontraba el expediente de sus clientes. Las autoridades no descartan que estos funcionarios recibían pagos de sobornos a cambio de aprobar, destrabar o agilizar las obras de interés de los hermanos Campusano.
La República buscó en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas el registro de las visitas que hicieron entre el 2013 y 2017 Samuel y Carlos Campusano con la finalidad de identificar a qué funcionarios del despacho contactaban con frecuencia. Pero la plataforma web del ministerio está desactualizada, así que se recurrió directamente a la Oficina General de Gestión Documental y Atención al Usuario del MEF, puesto que la información requerida es de acceso público. Sin embargo, el MEF alegó que recién en enero del próximo año se atenderá el pedido.
Según fuentes de este diario en el MEF, el operativo en las viviendas de los hermanos Campusano, como parte de la Operación Lava Jato, en la que está implicado el ex director general de Endeudamiento y Tesoro Público de dicho despacho ministerial Pedro Cobeñas Aquino, ha causado una sensación de miedo y pánico.
Por gestión de los Campusano, en 2014 Cobeñas autorizó el desembolso de 55 millones de soles para el financiamiento de la vía de Evitamieno del Cusco, obra que había contratado el ex presidente regional Jorge Acurio Tito con Odebrecht. Las autoridades atribuyen a Acurio haber recibido un soborno de 3 millones de la constructora brasileña.
Al por mayor
Las autoridades de la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios han identificado otros megaproyectos en los que también han participado los hermanos Campusano e investigan si los involucrados pagaron sobornos.
En los archivos personales de los Campusano se encontró abundante documentación sobre el megaproyecto conocido como el Proyecto Tren de la Costa, cuya inversión se estima en aproximadamente 27 mil millones de soles. El 7 de marzo de 2014, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú (Proinversión) aprobó en proceso de trámite el mencionado megaproyecto identificado con el Código IP-033-2014. Y consiste en lo siguiente: “Diseño, financiamiento, construcción, equipamiento del sistema, provisión de material tractivo y rodante, operación y mantenimiento de una nueva vía férrea de aproximadamente 1,340 kilómetros de longitud, que se ubicará en el trazo paralelo a la costa peruana, partiendo hacia el norte desde el Callao hasta la provincia de Sullana, en Piura, y hacia el sur desde Lima, en el distrito de Lurín, hasta Ica”.
En los expedientes del Proyecto Tren de la Costa se encontraban documentos remitidos por los Campusano al MEF y también al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en cuyo ámbito está considerada la gigantesca obra pública que requiere un contrato de concesión por 60 años. En los papeles aparece el nombre de Marisol Lazarte Salazar, gerente general de la empresa Acres Sociedad Titularizadora, a quien no fue posible contactar.
El Proyecto Tren de la Costa fue anunciado durante el gobierno de Ollanta Humala, en noviembre del 2014, por el entonces ministro de Transportes y Comunicaciones José Gallardo Ku. Desde entonces los hermanos Campusano pusieron la mirada sobre la obra monumental, y se han mantenido vinculados al mismo hasta la fecha, conforme los documentos hallados entre sus pertenencias.
“Los documentos nos ofrecen una idea de la dimensión de las redes de contactos que tenían en cartera los hermanos Campusano, por lo que se ha requerido el registro de visitas que han realizado en distintos ministerios e instituciones públicas que aparecen en sus archivos. También se ha pedido el levantamiento del secreto de las comunicaciones por teléfono e internet de los investigados con la finalidad de establecer la identidad de sus allegados en el aparato estatal”, dijeron fuentes vinculadas con la investigación.
“Estamos elaborando un banco de datos de los proyectos de inversión con los que estaban relacionados los Campusano para determinar qué funcionarios del MEF o de otros ministerios o instituciones participaron de la aprobación de proyectos de obras públicas, o en la transferencia de fondos para el financiamiento de los mismos”, informaron las fuentes.
Solo millones
Las autoridades de la Fiscalía Anticorrupción también documentaron que los Campusano tuvieron participación en los proyectos de Mantenimiento de las Obras Hidráulicas Mayores de Chavimochic, el proyecto Vía Costa Verde Tramo Callao y el Proyecto Energético Tierras Nuevas Olmos.
En el primer caso, que corresponde a la Tercera Etapa del proyecto Chavimochic, la inversión asciende a 715.4 millones de dólares, en el que el Estado tiene una participación de 373.8 millones de dólares y el concesionario 341.6 millones de dólares. El 13 de abril de 2016, el Gobierno Regional de La Libertad aprobó un endeudamiento de 153.8 millones de dólares para cubrir su parte en el proyecto con la Corporación Andina de Fomento (CAF).
La concesión de la tercera etapa fue asignada al consorcio compuesto por las empresas Norberto Odebrecht, Odebrecht Participacoes Investimentos y la constructora Graña y Montero, lo que llamó la atención al fiscal Hamilton Castro, quien se encuentra a cargo del caso.
“Si los Campusano trabajaron con éxito para Odebrecht para el caso de la vía de Evitamiento del Cusco, no podemos descartar que tuvieron similar intervención en este caso en el que participó Odebrecht”, explicaron las fuentes.
Por si fuera poco, entre los expedientes que ocultaban los Campusano se encontraron numerosos folios relacionados con el proyecto de la Costa Verde Tramo Callao que se entregó a dedo a Odebrecht, caso en el que está implicado el presidente regional chalaco Félix Moreno, a quien se le acusa de haber recibido sobornos de la constructora brasileña. En un principio, la obra se contrató por 313 millones de soles y se elevó mediante adendas hasta 450 millones y no se ha completado su realización.
“Donde han puesto la mano los Campusano, es obligatorio sospechar”, concluyeron las fuentes de la fiscalía.
Fiscal Hamilton Castro también les detectó obras en provincias
Durante el recojo de evidencias documentarias, el fiscal Hamilton Castro halló un paquete de expedientes sobre proyectos de obras públicas relacionados al Programa Nacional de Infraestructura Educativa promovida por el Ministerio de Educación, y del Gobierno Regional de Pasco. Varios proyectos son del periodo del ex presidente regional Klever Meléndez, condenado a prisión por corrupción. Entre ellos se encuentra la obra de refacción del instituto educativo César Vallejo, en el distrito de Yanacancha, que sobrepasa los 10 millones de soles.
También pasó por las manos de los Campusano las obras de refacción del instituto inicial Joaquín Capelo, en Chanchamayo, Junín, valorizada en S/16 millones. La buena pro fue concedida al Consorcio Junín.
La Oficina de Gestión del MEF dice que recién en enero del 2018 dará al diario La República el reporte de visitas de los Campusano a su sede.
Fuente La República
