El Congreso viene evaluando la modificación al DU 003, promulgado en febrero en el marco del escándalo de corrupción Odebrecht. El objetivo del DU 003 es evitar que el dinero producto de prácticas corruptas cometidas por empresas privadas salga del país, garantizándose además la continuidad de proyectos y obras de inversión. La modificatoria busca incluir a las empresas que fueron socias de Odebrecht en los distintos proyectos, a quienes hasta el momento el DU 003 no alcanza.

A raíz de ello, distintos gremios han salido a oponerse al considerar que la modificatoria tendría efectos negativos sobre la economía, en la medida en que consideran que ello pararía los proyectos en marcha. Además, consideran que los delitos son personalísimos y no se puede hacer responsable a la empresa de prácticas cometidas por “algún” gerente. Sin embargo, queda claro que la corrupción en Odebrecht estaba absolutamente institucionalizada. Era parte de su “core” de operaciones. ¿Podemos creer que sus socias no sabían? ¿Que el costo no les fue trasladado de acuerdo a su participación en el negocio?

Otro argumento utilizado es que las ex socias de Odebrecht tendrían una menor capacidad para realizar inversiones al estar sus flujos restringidos.

Eso implica que la participación de empresas con amplia experiencia en la construcción de grandes obras se reduciría, impactando negativamente en el cierre de la brecha de infraestructura. Y no sé por qué recordé esa célebre frase del “roba pero hace obra”. ¿Acaso el mercado no podrá recolocar puestos de trabajo? ¿No podemos generar incentivos para que nuevos jugadores entren al mercado? Uno de los grandes problemas que tenemos es la lenidad con la que los ciudadanos, las organizaciones y las instituciones enfrentan la corrupción. En el Perú, la corrupción y la captura de rentas por grupos privilegiados es endémica y está institucionalizada. Pero no importa, porque todo indica que aquí el fin justifica los medios. Así, los expertos legales consideran que esta norma viola el principio de inocencia, cuando en realidad lo que hace es simplemente cautelar los intereses del Estado mientras se investiga.

Pese a que el 93% de peruanos cree que los niveles de corrupción son altos o muy altos, aceptamos justificaciones desde la óptica económica o legal. Y callamos. HOY Tenemos la posibilidad de detener la corrupción a gran escala y la impunidad. ¿Cómo hacemos?

Fuente Perú21