No deja de ser curioso que, en medio de todas las acusaciones de corrupción contra casi todos los ex presidentes de la historia reciente del Perú, haya tan poco interés en la comunidad política por emprender una lucha anticorrupción de fondo que vaya más allá de solo fuegos artificiales para la tribuna.

Eso ha sido confirmado por las acciones y omisiones que contrastan con la manera como la corrupción ha recuperado el primer puesto en la lista de problemas nacionales, superando a la inseguridad y a la pobreza.

Esto ocurre cuando las acusaciones del caso Lava Jato impactan con fuerza en el Perú, implicando de distintas maneras a casi todos los gobiernos del último cuarto de siglo, desde contribuciones indebidas para el financiamiento de campañas electorales, hasta sobornos para la adjudicación de obras públicas.

Nadie espera que un problema tan antiguo y profundo como la corrupción se resuelva en el corto plazo, pero en algún momento hay que empezar a dar la pelea, lo cual no ha pasado en el último año en el Perú.

Empezando por el Ejecutivo, cuyo primer año ha sido, en materia de anticorrupción, frustrante, debido a que no llegó a ser prioritario.

“El balance no es positivo, y es que el presidente nunca tuvo este tema en su agenda”, señala el presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, quien agrega que la Comisión Presidencial de Integridad, formada como consecuencia del escándalo Moreno, hizo un buen trabajo al presentar cien propuestas, pero que, sin embargo, “ha tenido, hasta la fecha, una implementación muy pobre”.

Del otro lado, en el Congreso las cosas han ido peor. Por ejemplo, el debate sobre una nueva normatividad en materia electoral, especialmente el financiamiento de campañas –tema crucial por ser la fuente más importante de corrupción–, es decepcionante y, por lo visto, se puede concluir que el fujimorismo no está realmente interesado en avanzar.

Asimismo, la comisión Lava Jato del congreso no deja de confirmar su inoperancia y uso como herramienta de acción política del aprofujimorismo, y para el blindaje a sus allegados.

Por último, están los devaneos en el congreso que revelan la preferencia por un contralor político en vez de alguien serio, capaz y distante de esos intereses, como Nelson Shack.

Todo lo cual confirma que, en realidad, la lucha anticorrupción en el Perú solo la usan los políticos como arma para dispararle al rival, pero no para, realmente, mellar en serio a la corrupción.

Fuente La República

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