El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se pronunció esta noche en torno al informe de auditoría realizado por la Contraloría General de la República sobre el contrato y la adenda del Aeropuerto Internacional de Chinchero, en Cusco.
La cartera de Alfredo Thorne, a través de un comunicado, negó que la adenda del proyecto produzca un perjuicio económico de US$40 millones al Estado peruano. Por el contrario, señaló que con el nuevo acuerdo se generan ahorros.
En ese sentido, el MEF precisó que, para determinar si existe o no un perjuicio, “lo técnica y legalmente correcto es comparar la adenda con el texto del contrato de concesión”.
“De la lectura del informe de auditoría se evidencia que el cálculo del perjuicio económico realizado por la contraloría se basa en una comparación entre la adenda con un documento interno de Pro Inversión (Modelo Económico), que no fue recogido por el contrato de concesión y que no fue de conocimiento de los postores”, se lee en el comunicado.
El MEF enfatizó que se debe tener en cuenta que el Modelo Económico tiene un carácter “referencial y teórico”, por lo que “solamente es relevante en las etapas previas a la versión final del contrato”.
“Por lo tanto, no hay justificación técnica ni legal para comparar la adenda con los supuestos del Modelo Económico. Utilizando la comparación correcta, la adenda genera un ahorro estimado para el Estado de entre US$245 millones y US$340 millones”, se especificó.
“Incluso, si tomamos como válida la comparación realizada por la contraloría, la tasa de descuento aplicada no refleja el costo de oportunidad para el Estado. Corrigiendo la tasa de descuento, la adenda generaría un ahorro al Estado de US$56 millones y no un perjuicio de US$40 millones”, acotó el comunicado.
Ante la observación de la contraloría de que la adenda altera el equilibrio económico financiero del contrato, con base en que se traslada al Estado el riesgo financiero, el MEF apuntó que el contrato de concesión, desde su origen, asignó el riesgo de financiamiento al Estado, “ya que en todo momento era el MTC quien estaba obligado a asumir el repago al concesionario del costo de la obra más sus intereses”.
“El contrato de concesión no fijó una tasa máxima de endeudamiento, lo cual incluso fue advertido por la propia contraloría en el año 2014, en su Informe 00027-2014-CG/CPRE, resultando un vacío estructural en dicho contrato. Para mitigar dicho problema, la adenda cambió el esquema de pagos, respetando la propuesta económica original, manteniendo el equilibrio económico financiero y suprimiendo los pagos excesivos por los intereses”, recalcó el MEF.
Más cuestionamientos
En otro momento, el MEF criticó que la contraloría concluya en que se debe retornar al contrato original. Por ello, advirtió contradicciones en el informe, “específicamente en la ausencia de un tope en la tasa de endeudamiento”.
«La contraloría cuestiona la discrecionalidad de las decisiones de los funcionarios. El informe cuestiona las decisiones técnicas de los funcionarios sin otros elementos más que el uso de criterios diferentes por parte de la contraloría. Utilizan elementos subjetivos para determinar responsabilidades penales, y para ello se requiere que el informe de control no solo observe las decisiones técnicas sino que acredite al menos indicios de actos dolosos de los funcionarios”, cuestionó la cartera de Alfredo Thorne.
Finalmente, el MEF ratificó su compromiso con la promoción de la inversión privada y de la inversión en infraestructura y servicios públicos a través de Asociaciones Público Privadas.
Vale anotar que el último domingo, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, anunció en el programa dominical “Cuarto poder” la cancelación del contrato y la adenda suscrita con el consorcio Kuntur Wasi. La contraloría, por su lado, ha confirmado irregularidades en la mencionada adenda y ha detallado que hay 10 funcionarios públicos con responsabilidad penal.
Fuente El Comercio
