Nelson Shack cumple hoy 21 días como contralor general de la República, cargo que en los últimos meses estuvo en medio de una tormenta política. Con un perfil técnico, Shack busca recuperar la confianza ciudadana en el ente de control.

¿En qué situación encuentra la Contraloría? Usted ha dado cuenta de un sobredimensionamiento de puestos de confianza.

– He encontrado una organización bastante desordenada y con muchos procesos manuales; si los informatizamos y modernizamos, podemos ser bastante más eficientes y céleres. En la organización, si modernizamos el proceso de trabajo en cuanto a la administración misma, podemos introducir un valor y generar un poco más de eficiencia a lo que encontramos.

¿Se ha reducido el número de cargos de confianza?

– Hay alrededor de 100 cargos de confianza. Estamos en proceso de hacer algunos cambios que se traducen en modificar procesos de trabajo y simplificarlos, pero también cambios en la reasignación de ciertas personas, tratando de ubicarlas en posiciones donde puedan tener mayor valor.

¿En este momento tiene la Contraloría el presupuesto que requiere? Estamos ad portas de la aprobación del presupuesto para 2018.

– Necesitamos un shock de recursos que permita ampliar y mejorar las capacidades del sistema de control actual, particularmente en lo que se refiere al nuevo reto que tenemos vinculado al proceso de reconstrucción. A diferencia de lo que normalmente hacía la Contraloría, que era el control posterior, ahora necesitamos hacer un control concurrente; eso significa que necesitamos desplegar, durante el proceso de reconstrucción, un capital humano que no tenemos.

Ha hablado usted de la necesidad de una profesionalización de los recursos humanos de la Contraloría.

– Así es, pero además necesitamos contratar especialistas. Ahora mismo tenemos 3,200 personas. De ellas, alrededor de 25 son CAS, 350 locadores y, de los 2,600 restantes, 728 son de planta (…), muchos han entrado durante la gestión del doctor Genaro Matute y antes. Hay mil contadores, 550 abogados, 150 economistas, 150 administradores… ¿Cómo con este capital humano vamos a poder apoyar el control concurrente de la reconstrucción?

¿No hay ingenieros ni arquitectos para el proceso?

– Solo tenemos como 200 ingenieros a nivel nacional. Si fuera yo capaz de traer a todos esos ingenieros a la zona norte para apoyar el proceso de reconstrucción, no tendría ingenieros para mirar ninguna obra en el marco del control posterior, incluso esos 200 ingenieros serían insuficientes. Por eso hemos tenido una reunión muy productiva con el director de la Autoridad para la Reconstrucción, Pablo de la Flor.

¿Ya se iniciaron las coordinaciones con De la Flor?

– Estamos a la espera de que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios tenga un preliminar de su plan porque en función de cómo ellos conciban la operacionalización de ese plan de reconstrucción, que ojalá esté disponible hacia fin de mes o un poco antes, tenemos en la Contraloría que construir un plan de control concurrente y posterior que sea eficaz a ese proceso.

¿Será necesario un presupuesto aparte para el tema de la reconstrucción?

– Va a ser necesario un presupuesto específico para el control de la reconstrucción. Ese presupuesto no lo disponemos actualmente y, por lo tanto, cuando eso suceda esperamos contar con el apoyo del Poder Ejecutivo para que nos dote de los recursos necesarios.

¿Será una ampliación del pliego presupuestal 2017?

– Sí, una parte para 2017, para 2018 y 2019 porque, entiendo, y eso lo conversamos con el señor De la Flor, que es lógico que parte del gasto de control sea parte integrante de los recursos que están disponibles para la reconstrucción.

La Contraloría desarrolla una serie de procesos sobre megaproyectos y obras puestas en marcha por el anterior gobierno, ¿cómo avanza eso?

– Hemos intervenido en la huelga de maestros y también frente a las denuncias de sobrevaloración de las viviendas temporales. El sistema de control, y eso es parte del desafío, lo estamos empezando a reestructurar pero sin detenerlo porque tenemos que seguir actuando y haciendo el control esencialmente de naturaleza posterior, que es a lo que normalmente ha estado acostumbrado el sistema de control a nivel nacional.

¿Y en qué estado han encontrado los procesos de control de obras del gobierno de Ollanta Humala?

– Esos procesos de control se van a llevar a cabo sin ninguna demora, estamos dentro de lo programado. Sin embargo, son de particular interés para mí los grandes proyectos, y por eso tratamos de reforzar el equipo de control de megaproyectos con la participación de nuevos especialistas. Eso permitirá tener una actitud mucho más proactiva respecto a acciones de control sobre la Línea 2 del Metro de Lima, el contrato de Chinchero, etc.

En el caso de la Línea 2, se firmará en los próximos días una adenda sobre la cual la Contraloría ha formulado observaciones. ¿No hay ningún problema en que el Ministerio de Transportes lleve adelante la suscripción?

– Nosotros estamos en un proceso de control concurrente, alertamos los riesgos. Se ha enviado recientemente un informe de control sobre el particular, pero es decisión del ejecutor al que se le audita – sea el ministerio u otras entidades– tomar o no en cuenta esas recomendaciones porque la lógica del control concurrente es de apoyo, asesoramiento.

¿No debería cambiarse ese aspecto? En el caso del aeropuerto de Chinchero ocurrió lo mismo, hubo observaciones que no se tomaron en cuenta y ya sabemos lo que pasó.

– En el caso de las adendas es un poco distinto, pero yo creo que sí. De hecho, en la Comisión Permanente del Congreso esa fue una de mis propuestas y es una iniciativa que vamos a plantear: que cuando la Contraloría hace un control previo, este debe ser vinculante y al ser vinculante siempre es bajo responsabilidad.

En el caso del Gasoducto del Sur también hay un proceso en marcha, ¿cuándo se conocerán los resultados?

– No tengo el dato exacto, pero el Gasoducto del Sur es objeto de un proceso de control concurrente, por lo que cada dos meses emitimos un informe sobre eso. De todas maneras no va a pasar del mes de setiembre para hacer uno nuevo.

La compra del satélite y la modernización de la refinería de Talara también están en la cartera de la Contraloría.

– Sí, y el equipo de trabajo que hemos conformado, y que queremos fortalecer porque ya existía desde antes, tiene bajo su ámbito ocho megaproyectos que son objeto de un control concurrente. Ahí están el Gasoducto del Sur, la Línea 2, el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara, Chavimochic, Juegos Panamericanos, entre otros. Todos esos proyectos han sido priorizados, pero el control es concurrente porque ninguno de ellos ha finalizado.

¿El control sobre la realización de los Juegos Panamericanos en nuestro país en qué nivel se encuentra?

– Se acaba de terminar un informe de control concurrente respecto a cómo va la evolución, el cual le hemos alcanzado al señor Carlos Neuhaus, presidente del Comité de los Juegos Panamericanos 2019.

Hubo muchos cuestionamientos respecto a si se debían o no realizar los Juegos.

– Es importante tener claro que el sistema de control no analiza ni debe analizar si una determinada política pública debe llevarse a cabo o no. Nunca nos vamos a pronunciar sobre si los Juegos Panamericanos debieron hacerse o no, pero una vez que han decidido hacerse, el sistema de control tiene que garantizar que la ejecución se haga bien; entonces, yo no podría responder si debió hacerse o no.

Pero sí podría responder si hay observaciones a la forma como se viene ejecutando.

– Tenemos una preocupación con los cronogramas. En el Perú, en general, todos los proyectos grandes a veces pecan de optimismo en sus programaciones y esa es la razón por la que, en general, nada se hace dentro de lo programado. Voy a tener una reunión con el señor Neuhaus, en las próximas semanas, para que nos informe con detalle. Lo importante es que falta todavía un buen tiempo para que se lleven a cabo los Panamericanos. Creo que si se toma una serie de medidas, se puede, sin ningún problema, llegar a tiempo.

Hablar del sistema nacional de control es hablar también de la lucha anticorrupción.

– Por supuesto, uno está ligado al otro.

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ha reclamado liderazgo del presidente Kuczynski en la lucha contra este mal, ¿usted cree que el jefe de Estado no lo está liderando?

– Yo creo que más que decir que el presidente no está liderando la lucha contra la corrupción, lo que se aprecia es que ha priorizado en su mensaje otros temas que él puede considerar también importantes. Yo espero que en las próximas semanas haya un fortalecimiento de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) y que, de esa manera, se empiece a demostrar mayor liderazgo y proactividad por parte del mandatario en esta lucha.

¿En qué se debe traducir esa proactividad? Se reclama que el jefe de Estado tenga mayor presencia, pero eso no necesariamente garantiza liderazgo.

– Un ejemplo muy concreto, para nosotros, del compromiso del gobierno en la lucha contra la corrupción, será contar con el apoyo del Ejecutivo para implementar todo el despliegue que queremos hacer, no solo en el tema de la reconstrucción con cambios, sino en la reestructuración del sistema nacional de control, y eso lo vamos a conocer el próximo mes porque vamos a tener mucho más claro cuál va a ser el plan de trabajo que presentaremos a la Comisión de Fiscalización y junto con él van a ir las demandas presupuestarias.

¿Ve voluntad del gobierno, de este y los anteriores, de luchar frontalmente contra la corrupción?

– Yo creo más bien que ha habido una voluntad tibia de luchar contra la corrupción, sobre todo de los gobiernos anteriores; este gobierno ha dado una serie de medidas. Yo albergo la expectativa de que (este gobierno) esté muy activo y muy presente con su apoyo, respetando las autonomías constitucionales de la Contraloría, pero que nos ayude a reestructurar el sistema de control.

¿Esa será su prueba de fuego?

– Esperemos que más allá de la foto o del discurso empecemos a ver acciones concretas en lo que se refiere al sistema de control y al apoyo del Ejecutivo, y también el apoyo del Poder Legislativo porque vamos a plantear una serie de iniciativas de modificaciones legales.

¿Cuándo presentarán su paquete legislativo al Congreso?

– No sé si será un paquete legislativo, eso suena a una cosa muy frondosa. Nosotros estamos identificando una serie de cambios puntuales en diversas normativas. Por ejemplo, uno de los problemas en el tema de corrupción es la colusión entre el supervisor y el ejecutor de la obra. Vamos a plantear que en la determinación del supervisor participe el sistema de control, eso es un cambio en la Ley de Contrataciones, no en la Ley de Control. Otro gran problema de corrupción se aprecia en las adendas.

Que incrementan los costos de las obras.

– Ese es un espacio muy común donde hay previsiblemente corrupción. Actualmente, cuando el gobierno –sea nacional, regional o local– toma la decisión de hacer una obra, no sabe cuánto cuesta porque el sistema de inversión pública hace estudios de preinversión, en muchos casos de baja calidad, que lo que hacen es declarar la viabilidad de ese proyecto. Con eso, el sistema presupuestario le inyecta plata, pero no sabes cuánto cuesta el proyecto. Esa es otra propuesta que haremos para que se asigne presupuesto a una obra solo cuando cuenta con el expediente técnico.

¿Cree que estas iniciativas tendrán el apoyo del Congreso, donde hay una mayoría de Fuerza Popular?

– Eso espero. Estas cosas que estamos conversando no las estoy planteando ahorita que me he vuelto contralor. Todas las fuerzas políticas saben lo que pienso y saben que voy a presentar una serie de iniciativas legislativas. Al momento de reunirme con ellas presenté estas ideas y yo he entendido que han tenido buena acogida. Entonces, espero poder contar –como muchas de las bancadas lo han expresado, y de hecho esa es la razón por la que estoy sentado aquí– con el apoyo del Poder Legislativo.

Se ha hablado de su relación con el premier Fernando Zavala y la posibilidad de que no haya una real independencia respecto al Ejecutivo.

– Es una percepción equivocada de aquellas personas que realmente no me conocen, porque es un tema subjetivo. A lo largo de toda mi vida profesional he trabajado con muchos ministros, viceministros y entonces, evidentemente, al primer ministro Fernando Zavala lo conozco. Estudiamos juntos los primeros años de Economía en la Universidad del Pacífico, pero luego él se fue a economía de la empresa y yo me especialicé en economía pública. Después de muchos años nos volvimos a encontrar en el Ministerio de Economía en el gobierno del presidente Toledo. (…) Se ha dicho equivocadamente que fue mi jefe y él nunca ha sido mi jefe.

¿Garantiza independencia?

– Aquellas personas que me conocen saben que yo, incluso cuando era funcionario público, he tenido siempre una amplia vocación de renuncia y no he sido presionable. Ahora, siendo contralor, menos aún. Es por eso que le he dicho a los miembros de la Comisión Permanente que me hicieron esa pregunta, entre muchas otras, que los hechos y mi comportamiento a corto, mediano y largo plazo les van a demostrar mi absoluta independencia frente al Poder Ejecutivo. A mí me ha propuesto el Ejecutivo, me ha elegido el Legislativo y he jurado ante el Poder Judicial. Entonces, voy a ser absolutamente independiente porque mi compromiso ha sido, es y seguirá siendo con el Estado.

¿Y si lo presionan?

– Eso depende de que uno se deje presionar y ya le estoy diciendo que yo nunca me dejo presionar.

¿Lo denunciará? ¿Renunciaría al cargo?

– Lo denunciaría, claro que sí, pero renunciar porque uno es presionado, no, menos en un cargo como este.

“Si los maestros no trabajan, no se les paga”

En el sector educación, la Contraloría está verificando que no se pague a los maestros huelguistas.

– El pagar remuneraciones a personas que no están trabajando es una falta grave que amerita la suspensión o, incluso, la inhabilitación en el sector público. Frente a la declaración de improcedencia de la huelga hemos activado una serie de mecanismos de control concurrente para ir a supervisar si se está descontando o no lo que se debe descontar. No hay nadie en el Estado que –en el marco de una huelga que se declara improcedente, y peor aún si se declara ilegal– no trabaje y se le pague, así no funciona; si no trabajan, no se les paga.

¿Y ese control se está realizando a nivel nacional?

– Empezamos con Cusco, luego extendimos a Arequipa, Puno y Moquegua; entonces, preferí disponer que haya una intervención similar a nivel nacional. Parte del trabajo concurrente que están haciendo las oficinas de control institucional en los gobiernos regionales es acercarse a las UGEL y mirar si están descontando o no y levantar un acta. Eso ameritará, en las siguientes semanas, la realización de las acciones de cumplimiento respectivas y, seguramente, en muchos de esos funcionarios que no han descontado lo que debían descontar, se identificarán las responsabilidades que correspondan.

Pero estas responsabilidades no alcanzan a las cabezas, a los gobernadores.

– Efectivamente, ahí tenemos un problema porque nosotros, en un proceso administrativo, no podemos sancionar a los funcionarios electos. Eso es bastante injusto porque la pita se rompe por el lado más débil y yo no estoy de acuerdo con eso. Entendemos que la Contraloría no puede sancionar a esos funcionarios electos, pero alguien los podrá sancionar, imagino que podrá hacerlo el Jurado Nacional de Elecciones. Esa es la razón por la que vamos a presentar una modificación legal que establezca una causal (de sanción) y las responsabilidades a ese nivel para estos casos.

¿El control de las planillas aún está en ejecución?

– Sí, porque normalmente la planilla se hace con un mes de atraso. De acuerdo con el cronograma de pagos de la administración pública, no pagan el 31 del mes sino a lo largo de la segunda quincena para calzar la demanda de recursos con el flujo de caja. Normalmente los descuentos se hacen en la planilla siguiente, entonces, estamos esperando a ver si se hacen o no los descuentos.

Autoficha

Inicié en el sector público en 1993, después de salir de la universidad. Mi primer trabajo fue en Foncodes, luego me fui a estudiar una maestría en Gestión de Políticas Públicas en la Universidad de Chile.

Regresé al MEF en 1999. En 2001 fui director general de Presupuesto Público. En enero de 2005 dejé de ser funcionario público y me dediqué a consultorías sobre proyectos de justicia.

Fuente Perú21

Hacer Comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada.