Quedan menos de 20 meses para elegir nuevas autoridades municipales y regionales. En esta oportunidad existen marcadas diferencias con relación a otros procesos electorales. Una de ellas es, por ejemplo, que los actuales gobernantes no irán a la reelección, salvo que quieran moverse de un cargo a otro, es decir, de alcalde a gobernador o al contrario.
En anteriores oportunidades, quienes gobernaban esperaban el tercer año para inaugurar obras y así llegar al cuarto año con otro paquete de proyectos. Ello con el objetivo de conseguir el respaldo del electorado para poder cumplir con el sueño de la reelección, figura que está suspendida, pese al sentir de un buen sector que propone dar oportunidad para un segundo periodo de gestión continuo.
Las propuestas están, empero no hay nada definido, como también la de ampliar el mandato de gestión de 4 años a 5 o 6.
Al margen de estas limitaciones, hay otras exigencias que deberían someterse a un debate que moldee las condiciones y requisitos para los candidatos que aspiren a ser regidores, consejeros, alcaldes y gobernadores.
El secretario de Transparencia, Gerardo Távara, acaba de plantear elevar los requisitos para ser candidatos de elección popular debido a la veintena de casos de autoridades regionales y locales involucradas en delitos de corrupción.
El país no se sacude, aun al ver a tantas exautoridades, como también alcaldes y gobernadores, desfilando por los pasillos de los juzgados y, en otros casos, traspasando celdas de penales por estar inmersos en malas gestiones.
El Congreso está a tiempo para debatir estos considerandos. Esperemos que hagan las modificaciones del caso en la legislación electoral.
Fuente Diario Correo
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