La constructora brasileña OAS negocia un acuerdo de colaboración eficaz con el Ministerio Público para delatar a los funcionarios peruanos a los que pagó sobornos y a los políticos a los que hizo aportes en campaña a cambio de acceder a contratos de obras públicas.
Las conversaciones entre los ejecutivos de esta compañía, entre ellos su ex máximo representante Léo Pinheiro, y los fiscales comenzaron hace aproximadamente cinco meses, bajo absoluta reserva, y se vienen realizando en Perú y Brasil.
Miembros del Equipo Especial del caso Lava Jato-Odebrecht en el Perú, a cargo del fiscal anticorrupción Hamilton Castro, son los que lideran este acercamiento, al cual se han sumado –con mucho interés– los fiscales de lavado de activos: el fiscal superior coordinador Rafael Vela Barba y Germán Juárez Atoche.
Recordemos que los mencionados magistrados sustentaron el pedido de prisión preventiva de Ollanta Humala y Nadine Heredia. Dentro de este expediente, también se estaría considerando el presunto pago de coimas de OAS a la ex primera dama por la adjudicación de la construcción del Hospital Antonio Lorena, en el Cusco.
Esta compañía, de acuerdo con información de la Contraloría General de la República, participó –desde el año 2009– en seis megaproyectos en el país, con un presupuesto inicial de alrededor de US$ 1.224 millones.
A través de una auditoría, este organismo ha identificado incrementos por la suma de US$ 89 millones en al menos cuatro obras. De las otras dos, aún se está evaluando a cuánto llegan los sobrecostos.
Retraso en acuerdo
Durante esta negociación han surgido varios obstáculos que han detenido las conversaciones en diferentes momentos. Uno de ellos es la falta de pruebas.
El equipo que comanda el fiscal Castro ha pedido a los ejecutivos de OAS que acompañen sus relatos con elementos que los respalden, como números de cuentas, empresas offshore, fechas y otros documentos que permitan una rápida verificación de los datos. Así sucedió con el caso Odebrecht.
OAS aceptó este pedido recién hace algunas semanas, precisan fuentes del Ministerio Público, y señalan que representantes de la compañía ya se encuentran buscando esa información en Brasil.
Por otro lado, lo que más preocupa a la constructora, implicada en el pago de sobornos, es que al reconocer su culpa y delatar a los funcionarios y políticos peruanos van a tener que afrontar el Decreto de Urgencia Nº 003-2017.
Esta norma impide que el dinero producto de prácticas corruptas cometidas por empresas salga del país. Para ello, el Gobierno –a través del Ministerio de Justicia– suspende la transferencia del íntegro de capitales provenientes de sus inversiones en el país (venta de activos, acciones, participaciones y otras), así como sus utilidades o dividendos.
Todo ello rige hasta que las firmas cumplan con pagar el íntegro de la reparación civil a favor del Estado.
Este escenario, para OAS, tendrá un gran impacto en sus finanzas ya que, según han indicado sus ejecutivos, no tienen tantas inversiones en el país como Odebrecht. A ello se suma que dejarán de contratar con el Estado y perderán todo ingreso de las obras públicas.
Los fiscales les han explicado que frente a ese hecho, el Ministerio Público no puede hacer nada. Es una decisión del Gobierno sobre lo que la Fiscalía no interviene.
En algún momento esta situación enfrió las conversaciones, las que se habrían activado en las últimas semanas. Muestra de ello es que altos directivos de OAS han declarado ante el fiscal Germán Juárez, por hasta 10 horas continuas, según las fuentes.
Uno de los interrogados por Juárez, el pasado mes de mayo, fue el ex representante de la constructora OAS Léo Pinheiro, por el presunto desvío de US$ 6,1 millones del proyecto Línea Amarilla-Vía Parque Rímac.
El Ministerio Público solo les ofrece lo que dice la Ley de Colaboración con la Justicia, beneficios premiales en el ámbito penal, luego de que un juez apruebe el acuerdo.
La negociación entre OAS y la Fiscalía peruana puede darse, puesto que este es uno de los compromisos que la Fuerza de Tarea del Caso Lava Jato en Brasil y el juez Sergio Moro les impusieron a Léo Pinheiro y otros 14 ejecutivos de OAS para acogerse a la delación premiada en ese país: también delatar los actos de corrupción fuera de Brasil. Léo Pinheiro cumple prisión desde el 2014.
Lo que entregarán
Según fuentes del Ministerio Público, OAS ha ofrecido entregarles información sobre los siguientes temas: 1) Aportes y contratos en las gestiones municipales en Lima de Luis Castañeda Lossio y Susana Villarán, 2) La asesoría y el pago por US$ 10 mil realizado a Rocío Calderón, amiga de Nadine Heredia, 3) La adjudicación para el contrato de construcción del Hospital Lorena del Cusco, y 4) Participación de los consorcios peruanos en los pagos de sobornos y aportes a campañas.
Sobre este último punto, La República también pudo conocer que durante las negociaciones, la compañía ha ofrecido, además, información sobre el denominado «Club de la Construcción», el grupo de empresas peruanas que supuestamente pagaba sobornos a funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para acceder a contratos de construcción de carreteras.
Las obras y los socios
Desde el año 2009, OAS se adjudicó seis megaproyectos en el Perú (ver infografía en la página 2), licitados por la Municipalidad de Lima, Gobierno Regional del Cusco, Provías Nacional (organismo adscrito al Ministerio de Transportes) y el Ministerio de Vivienda.
A inicios de este año, este diario informó que la constructora desvió US$ 6.150.000, a través de contratos ficticios en la ejecución del proyecto Línea Amarilla o Vía Parque Rímac –obra del municipio de Lima–, presuntamente para el pago de sobornos, de acuerdo con la delación premiada del contador de la compañía, Roberto Trombeta, ante la Fiscalía brasileña.
Trombeta reveló y entregó diversos documentos que describen y prueban el esquema legal utilizado entre agosto del 2012 y febrero del 2013 para el desvío de fondos. Este hecho se suscitó durante la gestión de Villarán.
No obstante, años antes, en la gestión de Castañeda, Léo Pinheiro habría sostenido conversaciones con Giselle Zegarra, ex funcionaria de la municipalidad y cercana al burgomaestre, sobre la mencionada obra. Esta información la dio a conocer IDL-Reporteros.
Por otro lado, en los últimos días, trascendió que la Fiscalía incluirá en el expediente del caso del ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, procesados por lavado de activos, el pago de presuntos pagos de OAS para la adjudicación de la construcción del Hospital Antonio Lorena en el Cusco.
La transnacional se habría comprometido a financiar la campaña de Ollanta Humala a cambio de ganar el contrato de construcción del nosocomio, según la fiscalía.
OAS podría ser la segunda constructora brasileña, después de Odebrecht, en lograr un acuerdo de colaboración con el Ministerio Público.
Fuente La República
