El Ministerio Público tiene activas alrededor de una veintena de investigaciones seguidas a media docena de empresas brasileñas que contrataron con el Estado para la ejecución de grandes proyectos de obras públicas en Lima, Callao y provincias, y en las que se sospecha que existieron actos de corrupción, informaron fuentes de las Fiscalías Especializadas en Corrupción de Funcionarios.
Los funcionarios públicos que participaron en los procesos de adjudicación, concesión y ejecución de los proyectos, así como los directivos de las constructoras y supervisoras brasileñas y sus asociados peruanos que intervinieron, suman más de 120 personas, indicaron las fuentes.
Las investigaciones involucran obras públicas por las que el Estado peruano abonó más de 41 mil millones de soles, por el momento (aproximadamente 12 mil millones de dólares).
La mayor parte de las pesquisas fiscales no se iniciaron necesariamente con la irrupción del denominado Caso Lava Jato sino que derivaron de auditorías de la Contraloría General de la República, pedidos de investigación de las Procuradurías Anticorrupción, por denuncias de ciudadanos o por iniciativa de las propias fiscalías especializadas en corrupción de funcionarios a partir de publicaciones periodísticas.
“Los casos de Gasoducto del Sur, el Hospital Antonio Lorena, el Proyecto Olmos, la Costa Verde del Callao, la avenida Néstor Gambetta, la Interoceánica Sur, entre otras obras, no se iniciaron por el Caso Lava Jato. Las fiscalías especializadas en corrupción de funcionarios trabajan en esos temas hace algunos años. Por supuesto, al tener conocimiento la Fiscalía de la Nación que propietarios o ex directivos o ex ejecutivos brasileños se han acogido a la colaboración eficaz (delación premiada), a cambio de proporcionar información sobre las coimas que pagaron en Perú para obtener los contratos de las obras públicas, se ha solicitado y se ha conseguido la colaboración de las autoridades brasileñas. Esperamos con esta cooperación identificar a los responsables para formular la debida acusación”, dijeron las fuentes relacionadas con las investigaciones.
Los fiscales cifran sus esperanzas en que los presidentes de Andrade Gutierrez, Otávio Marques de Azevedo, y de Camargo Correa, Dalton Dos Santos Avancini –ambos acogidos a la delación de cómplices a cambio de reducción de pena–, ofrezcan datos relevantes sobre los presuntos sobornos que pagaron a funcionarios públicos en Perú para conseguir millonarias obras públicas (ver recuadro adjunto).
De casi veinte casos, no más de cuatro se encuentran en proceso de judicialización, entre ellos el presunto pago de sobornos de Odebrecht al ex presidente Alejandro Toledo por la Interoceánica Sur.
Hay otra investigación que involucra por el mismo caso a Toledo y al presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien en su condición de primer ministro de este suscribió una ley que permitió a Odebrecht y a su socio Graña y Montero ejecutar la Interoceánica Sur, a pesar de que estaban prohibidas de contratar con el Estado.
“Jorge Barata no es el único colaborador eficaz. Antes que él, dos funcionarios regionales, uno en Lambayeque y otro de Cajamarca, han mencionado el tema de las coimas. Barata es el primer brasileño, y esperamos que aparezcan otros más, pero ya tenemos colaboradores eficaces peruanos”, precisaron las fuentes de las Fiscalías Especializadas en Corrupción de Funcionarios.
Todo indica que se trata del principio de un histórico tsunami.
Brasileña Aterpa quiere pasar inadvertida
Aterpa es una de las empresas menos conocidas por el caso Lava Jato, sin embargo ha ejecutado varias obras en el Perú. De acuerdo con el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), la constructora ha suscrito 502.9 millones de soles en contrataciones por proyectos públicos.
Un colaborador eficaz ha señalado a funcionarios del Gobierno Regional de Cajamarca, de la gestión de Gregorio Santos, y a directivos de Aterpa, de haberse presuntamente coludido para beneficiar a la brasileña por el proyecto de carretera Cospán-Huayopampa-La Libertad.
La Contraloría ha emitido una auditoría en la que indica que en esta obra el perjuicio económico que ha generado la empresa brasileña Aterpa supera los 17 millones de soles.
El dato
Jorge Barata es solo uno de los 77 funcionarios de Odebrecht que se han acogido a la colaboración eficaz. La fiscalía sabe que hay otros que han trabajado en Perú y tienen más información, y esperan que Brasil colabore.
Fuente La República
