Más de medio millón de soles perdidos y en menos de un mes. Este es el triste “logro” que se podría atribuir a la obra ejecutada por la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz en la avenida Sáenz Peña, de acuerdo a un nuevo informe emitido por el Órgano de Control Institucional (OCI) de dicha comuna.

Con un sinfín de observaciones, tanto al proceso de selección como a la ejecución misma de los trabajos, el informe del ente de control advierte que la empresa contratista habría sido favorecida por funcionarios ediles para conseguir la buena pro. Por tal motivo, solicita que se tomen las respectivas acciones legales contra los servidores públicos involucrados.

PRECARIA. Gracias a fuentes cercanas a la administración municipal, Correo pudo tener acceso al informe emitido por el OCI, resultado de la auditoría realizada al proceso de contratación y ejecución de la obra “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular de la Av. Sáenz Peña, entre la Av. Augusto B. Leguía-Av. México y el Jr. San Martín entre la Av. México-Av. Venezuela”, en José Leonardo Ortiz.

En una observación única, la instancia perteneciente a la Contraloría General de la República resume una larga lista de deficiencias detectadas en el proyecto valorizado en 577,514.97 soles. Algunas de estas, según se menciona en el informe, fueron advertidas en su momento al titular del pliego, el alcalde Epifanio Cubas Coronado.

Se expresa, por ejemplo, que tanto la declaratoria de viabilidad como la elaboración del expediente técnico fueron pedidas pese a “contemplar una estructura de pavimento flexible precaria en las especificaciones técnicas, lo cual era incompatible con lo considerado en el estudio de mecánica de suelos”.

También, el OCI indica que en los requerimientos técnicos mínimos (RTM) se establecieron requisitos no exigidos por la normativa de contrataciones, mientras que la oferta presentada por el Consorcio Perú, ganador de la buena pro, estaba incompleta y presentaba inconsistencias. Asimismo, se menciona que no se cumplió con alcanzar la documentación solicitada por el OCI durante el control simultáneo, “situación que fue comunicada a la autoridad municipal (el alcalde), pero no adoptó acción efectiva alguna”.

DE MAL EN PEOR. Quien también hizo referencia al informe del OCI fue el regidor Isael Bustamante Medina. Él señaló que, junto a algunos de sus colegas, exigieron al burgomaestre que tome acciones al respecto, sin tener respuesta. “Nos hemos cansado de decirle que haga obras que duren, pero él hace caso omiso”, afirmó.

Además, Bustamente mencionó otra de las observaciones hechas por la Contraloría: en junio del 2016, durante la firma del contrato, no se le exigió al contratista la presentación de una carta fianza como garantía de fiel cumplimiento.

Por el contrario, según el informe de OCI, “se le permitió (al contratista) otorgar como garantía el 10% del monto del contrato para ser retenido por la municipalidad, beneficio que no le correspondía”.

La ejecución de la obra tampoco estaría libre de tropiezos, de hecho, el concejal también refirió que la empresa llegó a solicitar un adicional de obra por mayores metrados, el cual fue aprobado y se ejecutó hasta el final. Esto, señala el OCI, “a pesar que ya se había advertido de la precaria estructura de pavimento que venía ejecutando (el contratista)”.

Para colmo, más adelante en el documento, se sostiene que tampoco respetaron el expediente técnico en cuanto a la colocación de carpeta asfáltica en caliente sobre 20 metros cuadrados faltantes en la intersección de la Av. Sáenz Peña y la calle Collique, “siendo que dicha área fue asfaltada con una preparación manual, en desmedro de la calidad de la mezcla asfáltica”.

CONCLUSIÓN. Para el OCI, todo esto trajo como consecuencia que la obra tuviera “un deterioro prematuro a menos de un mes de culminada y luego colapsó, sin que exista pronunciamiento alguno de parte de la supervisión, (…) deficiencias de la obra que fueron comunicadas a la autoridad municipal, quien no adoptó ni dispuso el inicio o ejecución de medidas correctivas, (…) por el contrario dejó que se culmine su ejecución y la inauguró”.

Por todo esto, el ente de control dispone, entre otros puntos, que se informe a la procuraduría pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría para que inicie las acciones legales correspondientes contra los funcionarios y servidores que fueran responsables.

Asimismo, recomienda poner de conocimiento al pleno del concejo municipal del distrito para que “teniendo en cuenta las deficiencias detectadas y las responsabilidades administrativas funcionales identificadas a funcionario público elegido por votación popular, dicho órgano (el concejo) adopte los acuerdos y/o acciones que correspondan”.

ALCALDE. Correo buscó la versión del alcalde Epifanio Cubas Coronado sobre lo descrito en este informe del OCI, sin embargo, no respondió a las llamadas telefónicas.

En otro momento, sobre la misma obra, afirmó que quienes tendrán que responder por las deficiencias presentadas será la empresa constructora. Además, en varias ocasiones, ha señalado que los trabajos se vieron principalmente afectados por las lluvias de El Niño Costero que se registraron en febrero de este año.

Fuente Diario Correo

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