El pasado 24 de julio, el Ministerio Público intentó, por segunda vez, conseguir que el caso que involucra a la constructora brasileña Odebrecht en Áncash pase a la etapa de juicio oral.
Sin embargo, el juez Juan Carlos Sánchez, del Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, decidió devolver nuevamente la acusación al representante del Ministerio Público, para que subsane algunas observaciones en cuanto a la forma del escrito acusatorio.
La acusación fue expuesta por el fiscal Wenceslao Apaza, quien se desempeña en el Noveno Despacho Transitorio de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Aunque la plaza de origen del magistrado es Huaraz, este fue destacado a Lima por disposición de la Fiscalía de la Nación, una vez que la pesquisa que salpica a Odebrecht en Áncash fue llevada a los juzgados especializados del Sistema Anticorrupción.
PERJUICIOS. La investigación que ha desarrollado el fiscal Apaza está referida a presuntas irregularidades que se habrían cometido en la ejecución de la Vía Chacas-San Luis, que tuvo un valor inicial de 404’826,001.009 soles y fue pagada por el Gobierno Regional de Áncash (GRA), durante la gestión de César Álvarez Aguilar, quien actualmente cumple prisión preventiva en el penal de Piedras Gordas.
La Fiscalía Anticorrupción imputa a César Álvarez el delito de colusión. Lo acompañan como acusados su exfuncionarios: Germán Alejandro Martínez Cisneros, Luis Alberto Díaz Vilca, Ivón Roxana Bayona Guio, Lorenzo De La Cruz Sánchez, Moisés David Ángeles Obregón, Ángel Roldán Ramírez, Roger Carranza Quiñones y Ricardo Paredes Reyes.
El Ministerio Público también ha formulado acusación contra los empresarios Mario Peralta Gibaja y Antenor Kjuro Beizaga, representantes del Consorcio Vial Carhuaz San Luis, integrado por Constructora Norberto Odebrecht y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción. María Esther Basurco Núñez de Freyre, representante del Consorcio-Huaylas, empresa encargada de supervisar la obra, también está incluida como investigada.
En el caso de los empresarios, la Fiscalía ha planteado además de la colusión, el delito alternativo de negociación incompatible. Es decir, si el caso llega a la etapa de juicio, el juzgador puede encontrar elementos para sentenciarlos por cualquiera de los delitos.
Aunque ya se conocía que Álvarez, sus funcionarios y el grupo de empresarios eran investigados por una presunta defraudación al Estado en esta obra, aun no se había calculado el perjuicio económico que esto le originó al GRA.
En la última diligencia, durante su oralización, el fiscal Apaza afirmó que se ha cuantificado el perjuicio económico por esta obra en 27’100,922.50 soles, durante los ejercicios presupuestales de 2011 a 2013.
“Hay concertación, y por otro lado, defraudación patrimonial”, expuso el fiscal ante el juzgado.
En otro momento, afirmó que “César Álvarez pactó ilícitamente para la ejecución del gasto público indebido en la obra pública por contrata, a fin de operar a través de sus intermediarios, con la intervención de funcionarios en los que participación en la ejecución de la obra y en la supervisión”.
El fiscal ha empleado la resolución judicial 1527-2016 del Santa, emitida el 5 de diciembre de 2016, a modo de casación, para señalar que Álvarez, como titular del pliego, sí tenía conocimiento de los supuestos actos irregulares que se habrían cometido.
Aseveró también el fiscal Apaza que existieron 44 ampliaciones de plazo, se aprobaron 17 presupuestos adicionales y se autorizaron 14 presupuestos deductivos vinculantes, que “incrementaban la liquidez” de la empresa contratada en desmedro de los intereses del GRA.
El magistrado denunció que al final, la obra tuvo un valor de 559 millones de soles, que supone un incremento del 38,16% del monto inicial que fue fijado en el contrato que celebró la Región con Odebrecht.
Apaza trajo a mención también el reciente hallazgo de su colega del Tercer Despacho Anticorrupción Elmer Chirre, sobre un presunto soborno a favor de César Álvarez para la ejecución de esta obra.
“Ha habido una contraprestación indebida del 2,5% para beneficiar a la empresa y para beneficiar al titular del pliego presupuestal. Con este hecho evidentemente se vulnera el principio de imparcialidad y transparencia y agregamos la eficiencia del manejo de los recursos escasos del Estado, en este caso del Gobierno Regional de Áncash”, subrayó.
CUATRO HECHOS. La acusación de la Fiscalía gira en torno a “cuatro hechos” que habrían sido cometidos en agravio del GRA y a favor de la empresa brasileña. El primero es un supuesto adelanto de materiales que, según la Contraloría General de la República, tuvo un valor de 155 millones de soles, remarcando que se trata de un pago “en exceso”.
“Se han incluido materiales no contemplados en el expediente técnico y han activado el dinero antes de la fecha de la ejecución física de la obra”, cuestionó el fiscal.
Narró además que para darle conformidad a la solicitud de adelanto por materiales, se designó a un ingeniero electricista que, a criterio del fiscal, no tenía la preparación adecuada para emitir este tipo de informes. Además, hizo hincapié en que este profesional evacuó el informe a las tres horas de haber sido designado.
El segundo hecho irregular que advierte la Fiscalía son las ampliaciones de plazo, las cuales, sostiene, se hicieron vulnerando la normatividad vigente.
“La norma establece que la empresa contratante puede solicitar ampliaciones de plazo, pero en el marco normativo. Pero, estas ampliaciones no tenían justificación técnica y en segundo lugar, conllevó al mayor reconocimiento y mayor pago de gastos generales al contratista por la suma de 5’252,940.09 soles”, sentenció el magistrado.
El tercer hecho tiene que ver con “prestaciones adicionales” que, a criterio del Ministerio Público, tampoco tenían el sustento debido. Indica, por ejemplo, que se realizaron movimientos de tierra sin contar con el debido sustento ocasionando costos en exceso por 11 millones de soles.
“Han hecho movimiento de tierra cuando no correspondía y no estaba justificado técnicamente ni era parte para el cumplimiento de la finalidad de la obra”, manifestó el fiscal.
Finalmente, el cuarto hecho, se refiere a la instalación de un falso piso de policarbonato que, a decir del Ministerio Público, en la práctica no fue construido, y se pagó al contratista por trabajos no ejecutados 1 millón 222 mil soles.
PENAS. La acusación que trajo a la audiencia el fiscal Apaza también señala nuevos tiempos de pena de cárcel que fueron solicitados para los investigados. Así, para el caso de Álvarez y su exgerente de Infraestructura Germán Martínez pide 9 años de prisión.
La misma sanción se plantea para los investigados Moisés Ángeles, Luis Díaz, Ivón Bayona, Lorenzo De La Cruz , Roger Carranza, Ángel Roldán y Ricardo Paredes.
Para María Esther Basurco Núñez de Freyre, Mario Peralta Gibaja y Antenor Kjuro Beizaga, solicita la pena de 7 años de cárcel.
Fuente Diario Correo
