Antes de desearle buena suerte a la selección en su partido ante Argentina, el Congreso aprobó en primera votación el proyecto de ley 1410, que modifica el Decreto de Urgencia (D.U.) 003-2017 para ampliar sus alcances a las socias de Odebrecht.
La propuesta recibió 98 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención, tras haber pasado por las comisiones de Constitución y de Fiscalización. Será sometida a segunda votación en siete días.
El proyecto de ley plantea corregir siete artículos del D.U. 003 para cautelar el pago de reparación civil a favor del Estado en caso de corrupción, por un plazo de seis años. Para ello, establece que las empresas condenadas por este delito o que hayan admitido actos de dicha índole, así como sus socias y consorciadas, no podrán sacar dinero del país hasta que se pague el total de la reparación civil a favor del Estado, o se haya emitido una sentencia absolutoria consentida o ejecutoriada.
Además, ordena que un porcentaje de los pagos que les adeude el Estado sea retenido en el fideicomiso para asegurar la reparación civil. De no contarse con una propuesta de reparación establecida, el monto será, según la propuesta, el promedio del margen de utilidad neta después de impuestos en proyectos similares en los últimos cinco años.
Al respecto, Rafael Boisset, socio del estudio Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uría (PPU), advirtió que con ello se está “poniendo en el mismo saco de Odebrecht” e incluso en aprietos económicos a empresas a las que no se les ha comprobado responsabilidad en actos de corrupción y que podrían ser exoneradas de toda responsabilidad.
Sin embargo, el experto consideró que el proyecto también tiene precisiones positivas. “Se quiere que las empresas brasileñas se vayan. Pero para eso se tiene que dar garantías a los acreedores y nuevos inversionistas. Las demás modificaciones que ha hecho el Congreso apuntan a ello”, explicó.
En esa línea, resaltó que ahora los terceros que adquieran activos o participaciones de proyectos de Odebrecht y sus socios quedarán excluidos de responsabilidad si siguen el procedimiento de compra que establece la norma ante el Ministerio de Justicia.
También resaltó que ahora se reconocen los derechos adquiridos por la banca y terceros, excluyéndolos de la retención de pagos del Estado.
Fuente El Comercio
